"Debemos unir nuestra sabiduría para elegir a un nuevo Presidente que sepa guiar nuestra nación" Los obispos surcoreanos, tras la destitución del presidente del país: "Ahora empieza el tiempo de la política"

Tras 111 días desde la moción de censura del 14 de diciembre de 2024, el presidente número 20 de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha sido oficialmente destituido por el Tribunal Constitucional. La decisión se ha hecho pública hoy, 4 de abril, a las 11:22 horas, con el voto favorable de los ocho jueces que componen el tribunal.

«En primer lugar, pedimos a los poderes del Estado que hagan todo lo posible por recuperar la confianza del pueblo y alcanzar la armonía. Instamos especialmente a los políticos a no olvidar que están llamados a servir al pueblo, promoviendo una política basada en el respeto mutuo y en la escucha, orientada a la convivencia»: así se han expresado los obispos católicos del país en un comunicado difundido inmediatamente después del fallo del Tribunal Constitucional.

«El proceso de elección de un líder dotado de responsabilidad y moralidad, con vistas a la reconciliación social y al bien común, debe llevarse a cabo de manera democrática y madura», subrayan los obispos, en referencia a las elecciones presidenciales anticipadas, que deberán celebrarse en un plazo de 60 días.

El presidente Yoon fue acusado de haber ordenado la instauración de la ley marcial en la noche del 3 de diciembre, con el propósito declarado de «erradicar las fuerzas pro-norcoreanas y proteger el orden constitucional democrático».

A diferencia de los procesos anteriores, como el de la expresidenta Park Geun-hye en 2017 (resuelto en 11 días) y el del expresidente Roh Moo-hyun en 2004 (restituido 14 días después del fin del juicio), la sentencia contra Yoon ha llegado tras seis semanas de intensas movilizaciones sociales. Multitudes han llenado las plazas, manifestándose tanto en contra como a favor del presidente. Las protestas se intensificaron en las tres últimas semanas frente al edificio del Tribunal Constitucional, en la plaza Songhyeon, donde el 31 de marzo se reunieron más de 2.000 representantes de diversas confesiones religiosas, entre ellos 200 sacerdotes católicos.

Ese día se desplegaron 14.000 agentes de seguridad. La distancia de seguridad respecto al tribunal, inicialmente fijada en 100 metros, se amplió a 300 metros, y se utilizaron autobuses policiales como barricadas móviles.

La decisión de Yoon de declarar la ley marcial a altas horas de la noche fue interpretada por numerosos analistas como un último intento de mantener el control del proceso político, luego de que su Partido del Poder Popular no lograra que el Parlamento -controlado por el opositor Partido Democrático- aprobara una ley clave. Su acción provocó una fuerte respuesta ciudadana, con manifestaciones masivas frente a la Asamblea Nacional. A pesar de los esfuerzos de algunos sectores del ejército por impedir la votación parlamentaria, la ley marcial fue anulada tan solo seis horas después de su proclamación, antes del amanecer del 4 de diciembre. El presidente fue detenido en virtud de una orden emitida en la víspera de Año Nuevo. La Oficina de Investigación de la Corrupción (CIO) ejecutó su detención el 15 de enero. Sin embargo, el 7 de marzo el Tribunal del Distrito Central de Seúl anuló la detención, alegando defectos de procedimiento en la acusación.

«Se dice que la historia se repite, pero hoy nuestra nación y nuestro pueblo se ven forzados a escribir, con dolor, una página infeliz de nuestra historia que nadie deseaba revivir. Por segunda vez, se ha destituido a un presidente elegido por el pueblo»: así comienza la carta pastoral que los obispos dirigen a los fieles coreanos. «Ahora se abre el tiempo de la política: debemos unir nuestra sabiduría para elegir a un nuevo Presidente que sepa guiar nuestra nación. Un líder que reconozca, con profunda convicción, que el poder presidencial es un poder delegado por el pueblo, un poder al servicio del pueblo, y que tenga la disposición y la voluntad de sacrificarse en todo momento para proteger la vida y los bienes de sus conciudadanos».

Durante estas seis semanas, no han faltado los llamamientos a la calma dirigidos tanto a la ciudadanía como a los responsables políticos, instándolos a comprometerse con la superación de la actual fase de crisis. «Respetar y aceptar la decisión del Tribunal Constitucional para que esta crisis nacional pueda resolverse sin sobresaltos» ha sido el llamamiento lanzado el 5 de marzo por la Asociación de las Principales Confesiones Religiosas de Corea del Sur -de la que forma parte la Iglesia católica, representada por el obispo Matthias Ri Long-hoon, presidente de la Conferencia Episcopal de Corea y obispo de Suwon-. En su «Declaración al pueblo ante el proceso de destitución», los líderes religiosos recuerdan que «la democracia se basa en el respeto a las normas, y en el momento en que las rechazamos, nuestro camino queda bloqueado».

Uno de los últimos llamamientos al Tribunal Constitucional llegó por parte del cardenal Lazzaro You Heung-sik, Prefecto del Dicasterio para el Clero. En una grabación de vídeo difundida el 21 de marzo, el cardenal pedía «con el corazón desesperado por la República de Corea en crisis» y «escuchando la voz de la justicia y de la conciencia que vive en lo más profundo de nosotros» que no se postergara más «el juicio de conciencia».

Por su parte, la Conferencia Episcopal Coreana se pronunció poco después, el 1 de abril, tras la notificación oficial del Tribunal. En ese momento, los obispos hicieron un llamamiento a todos los ciudadanos a mantener una actitud abierta ante la inminente sentencia del Tribunal Constitucional, fuera cual fuera su resultado. «La Iglesia en Corea, con ferviente esperanza», decía el mensaje, «rezará para que todos los ciudadanos respeten y acepten la sentencia. De este modo, nuestro país dará un paso más en el camino de convertirse en una nación democrática más madura».

En los últimos meses, Corea del Sur ha estado más polarizada que nunca. Desde la noche del 3 de diciembre, ni siquiera el intenso frío ha impedido a los ciudadanos salir a las calles para protestar contra la primera declaración de ley marcial desde el fin del régimen militar (1961–1987). También hubo movilizaciones a favor del depuesto presidente Yoon. Aunque su controvertida decisión puso de manifiesto la grave fractura política que atraviesa el país, e incluso hizo temer posibles enfrentamientos civiles, se ha mantenido firme la convicción de que la voluntad del pueblo es el fundamento de toda institución democrática.

Ahora, todas las miradas están puestas en el horizonte de esperanza que puede abrirse tras la sentencia. La ciudadanía espera que este fallo ayude a superar la agitación política que sacude al país, ya afectado además por recientes tragedias: entre ellas, las catástrofes naturales de las últimas semanas y el accidente aéreo del pasado 29 de diciembre de 2024, en el que murieron 179 personas.