Antonio Aradillas Disquisiciones sobre "la otra desamortización"

(Antonio Aradillas).- De la "primera," "segunda" o "tercera" desamortización -"liberación mediante disposiciones legales de un bien que se podía vender, para que pueda ser vendido o traspasado"-, y además "encubierta" (oculta o tapada), en conformidad con la apreciación "oficial" por parte del portavoz de la Conferencia Episcopal Española, nada de nada. Que se apliquen las leyes, con las excepciones o pactos convenidos -siempre en beneficio del pueblo-pueblo-, y ya está.

A propósito de las llamadas inmatriculaciones de los bienes eclesiásticos, huelga reseñar que este es, y será, uno de los temas de mayor relevancia actual en las relaciones Iglesia-Estado, por lo que son muchas, y de interés, las disquisiciones que desde ambas partes, y sus aledaños, se efectúen. Es de esperar que, por encima de todo, sea el bien integral de la comunidad- su principal -único, destinatario.

Las leyes son las leyes, por lo que de la igualdad de su aplicación dependen la estabilidad y fiabilidad de los regímenes que ordenan toda convivencia. Antes, mucho antes, que las leyes eclesiásticas, las que rigen, regulan y gobiernan a los ciudadanos como tales, prevalecerán sobre las de cualquier tipo y condición, por "religiosa" que sea, lógicamente siempre y cuando sean justas, como se da por supuesto.

Los privilegios -"ventaja, beneficio o derecho especial que no goza todo el mundo"-, son otra cosa, aunque pactos y concordatos los justifiquen con todas sus consecuencias, legitimidad, necesidad y urgencia de ser fielmente cumplidos, hasta "nueva orden" y con el consentimiento de las partes contratantes.

Da la impresión de que la Iglesia en general, y más con referencias concretas a la española, los privilegios, y no las leyes y normas comunes, fueron y siguen siendo, en parte notable, las que entrenzan el tejido de la convivencia ciudadana. Son muchos los convencidos de que la condición de cristiano - y de religioso- supera con creces a la de ciudadano, y aún a la de la misma persona, por persona, en contra de postulados filosóficos, teológicos y evangélicos...

Respecto a las penúltimas inmatriculaciones, dudar sistemáticamente de su licitud, legitimidad y oportunidad, no parece sensato, ni en consonancia con lo que piensa todo el pueblo de Dios, aunque este no tenga que coincidir solo con los clérigos y sus jerarcas. Identificar la Iglesia con sus jerarquías, y más en este apartado eclesiástico, es un atrevimiento y, a veces, una falta de consideración y respeto.

Los Gobiernos, y en grado indefectible si lo son y ejercen de demócratas, cuentan con el carisma de la administración de los bienes al servicio de la colectividad, aunque en ocasiones actúen así pensando en la rentabilidad de los votos que, su día, favorecerán la permanencia en los "cargos".

El carisma de la administración -"organización de los bienes económicos y disposición de cómo estos deben usarse"-, no es carisma, fruto y consecuencia de los estudios teológicos, ni gracia especial -"de estado", anexa a consagraciones, vocaciones o votos de la casta sacerdotal. Hay ejemplos para casi todo, pero sobreabundan los de quienes, por curas o frailes, se tornaron profesores y "profesos", también en economía...Las corrupciones son desdichadamente también patrimonio eclesiástico, monástico y curial en sus más altas instancias.

En la historia de la Iglesia se registran desamortizaciones mal pensadas y peor realizadas. Las hubo también positivas y en beneficio del pueblo y en sus apartados de economía, familiar y social, cultura y desarrollo integral, que precisamente no había sido aspiración primordial de los anteriores administradores canónico- religiosos, más preocupados y ocupados por el culto y las ceremonias, que por la formación de feligreses y feligresas.

Hubo desamortizaciones que contribuyeron a hacer más Iglesia a la Iglesia, substrayéndoles a sus representantes poderes temporales, y aún "espirituales", y haciéndoles vivir más cercanos y encarnados en los pobres. La desamortización, por ejemplo, de los palacios episcopales, sería una obra de caridad que favorecería a la Iglesia.

Con tanto poderío, argumentos sociológicos, diplomáticos, concordatarios y legales, nulas citas y referencias al santo evangelio y al papa Francisco, no es convincente, y menos en una rueda de prensa y gordura intelectual, reivindicar a perpetuidad, y con amenazas canónicas, los beneficios que aporta la continuidad de la situación actual respecto a los bienes de la Iglesia.

No resulta fácilmente inteligible que la Iglesia y sus administradores "oficiales", sean, y se manifiesten, tan "ricos", y ni siquiera por razones turísticas y culturales, sea preciso abonar cantidad alguna de dinero por acceder a sus recintos, cuando tantas veces aún su misma conservación depende en exclusiva del erario público...

Templos, catedrales, ermitas, santuarios, museos, fincas en producción o de recreo..., son y pertenecen al pueblo-pueblo. Si hasta el presente, y algunos subsidiariamente, eran bienes eclesiásticos, sus administradores no han de ser otros que quienes representan de verdad al pueblo, que además lo son democráticamente y "por la gracia de Dios".

Y, para ponerle, por ahora, el punto y aparte a estas disquisiciones, ¿Qué opinión les merece a los españoles en general, el hecho de que el Ministerio de Justicia esté investigando ya el listado de los bienes de dominio público inmatriculados - unos 40,000-, por la Iglesia?¿Quien se beneficia, con IVA o sin IVA, en calidad de depositario, del dinero percibido por contemplar y admirar el maravilloso "Pórtico de la Gloria", de la catedral de Santiago de Compostela, recientemente restaurado?