"Existe en la Cañada Real un grave problema de exclusión social", advierte la Universidad Comillas exige "respuestas inmediatas y estables" para "solventar la inadmisible situación" en La Cañada Real
"Una situación de grave riesgo para cerca de 4.500 personas, entre ellos 1.812 niños, que viven en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana, como consecuencia de los problemas de acceso al suministro eléctrico"
Ante la grave situación que se está viviendo en la Cañada Real, la Universidad Pontificia Comillas, en su compromiso con el bienestar social y la igualdad, y a través del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones; el Instituto Universitario de la Familia; la Cátedra Santander de los Derechos del Niño, y la Clínica Jurídica ICADE, ha emitido un comunicado mostrando su preocupación por las condiciones en las que viven cientos de familias y niños, y poniendo de manifiesto lo que considera una situación de grave vulneración de derechos
Universidad Pontificia Comillas
Existe en la Cañada Real un grave problema de exclusión social. La vulneración de derechos básicos (derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, el derecho a una vivienda digna...) es un problema estructural que se ha extendido durante décadas.
Muchas organizaciones e instituciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos han denunciado la situación de vulneración de derechos, con especial preocupación por la situación de los niños y niñas, especialmente vulnerables. Han tomado esta posición el Defensor del Pueblo, el Comité de Derechos del Niño, nueve relatores especiales de Naciones Unidas en un escrito conjunto (el Relator especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto; el Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; la Relatora Especial sobre el derecho a la educación; la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación; la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; el Relator Especial sobre cuestiones de las minorías; el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; y el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento), Save the Children, UNICEF, el Instituto de Derechos Humanos “Gregorio Peces-Barba” de la Universidad Carlos III de Madrid, entre otros.
Este problema estructural se ha agudizado en los últimos meses. Una situación de grave riesgo para cerca de 4.500 personas, entre ellos 1.812 niños, que viven en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana, como consecuencia de los problemas de acceso al suministro eléctrico que vienen sufriendo en sus viviendas desde principios de octubre de 2020. Son muchas las serias consecuencias -algunas irreparables- que la falta de electricidad, principal fuente de energía en estos hogares, genera y son, por esta razón, numerosos los casos que día a día se conocen de riesgo para la vida y la salud de niños y adultos. La tormenta Filomena y el anticiclón que le está siguiendo han venido a agravar las difíciles condiciones de vida de quienes viven en La Cañada de forma añadida a las complicaciones debidas a la pandemia de COVID-19.
La Universidad Pontificia Comillas, a través del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, el Instituto Universitario de la Familia, la Cátedra Santander de los Derechos del Niño y la Clínica Jurídica ICADE, considera que una situación de grave vulneración de derechos como la que están sufriendo los habitantes de la Cañada Real debe recibir respuestas inmediatas y estables.
La situación de emergencia exige una reacción inmediata, estable y eficaz, que tenga en su horizonte los ODS con el propósito de no dejar a nadie atrás.
Y estas respuestas atañen a todos: las Administraciones Públicas a todos los niveles, estatal, autonómico y local, deben alinearse en la construcción de soluciones que pongan a las personas y su dignidad en el centro; las empresas más directamente involucradas, previa ordenación y coordinación de las administraciones públicas, superando las importantes limitaciones técnicas que se dan, y garantizando la seguridad de todos, debe contribuir también a solventar esta inadmisible situación; y la sociedad civil con sus diversas y plurales organizaciones e instituciones tampoco puede permanecer ajena a la atención a este grave problema.
La situación de emergencia exige una reacción inmediata, estable y eficaz, que tenga en su horizonte los ODS con el propósito de no dejar a nadie atrás.
