Con la expansión de proyectos extractivos y agroindustriales en regiones indígenas y campesina Manos Unidas alerta: aumentan los ataques contra comunidades y defensores de derechos humanos durante la pandemia

Con motivo del Día de los Derechos Humanos, Manos Unidas denuncia el incremento durante la pandemia de la vulneración de los derechos de algunos de los colectivos con los que trabaja, como es el caso de los pueblos indígenas y los defensores de derechos humanos.

Ejemplo de ello son los ataques que vienen sufriendo durante los últimos meses los líderes y comunidades indígenas en América Latina. El incumplimiento de derechos y la violencia que sufren las poblaciones están relacionados, según socios locales de la ONG, con la expansión de proyectos extractivos y agroindustriales en regiones indígenas y campesinas. Así se desprende también de la reciente Carta de Mocoa, declaración institucional del IX Foro Social Panamazónico celebrado en noviembre y en el que participaron media docena de contrapartes de Manos Unidas. En dicho texto se denuncia que «el confinamiento ha servido para intensificar los megaproyectos mineros y energéticos, de infraestructura y de expansión de la agroindustria y la ganadería extensiva», lo cual supone un «despojo extremo» de los recursos «vitales para la sostenibilidad física y cultural de todos los pueblos de la Amazonía».

Más violencia e impunidad; menos capacidad para defenderse

«En estos momentos –asegura Raquel Carballo, responsable de proyectos de Manos Unidas en Centroamérica–, en los países en los que trabajamos existe una limitación de libertades y derechos que reduce el margen de acción de organizaciones y defensores de derechos humanos. Se ha incrementado, además, la violencia contra líderes y comunidades que han denunciado invasiones, desalojos y apropiaciones de territorio para la explotación de recursos naturales».

Como informó recientemente Mary Lawlor, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, la pandemia podría provocar la pérdida en solo unos meses del «terreno ganado por los defensores durante décadas» y señaló el especial riesgo que corren algunos defensores, como los que trabajan en zonas remotas o aisladas, las mujeres y quienes trabajan en el ámbito de las empresas, el medioambiente y los derechos humanos.

Los ataques a los defensores o sus familias adoptan diversas formas, desde amenazas, campañas de difamación, intimidación policial y limitaciones administrativas, pasando por agresiones y detenciones arbitrarias, hasta llegar a torturas, secuestros y asesinatos. Solo entre 2017 y 2018 hubo cerca de 500 asesinatos de defensores, periodistas y sindicalistas en todo el mundo: ocho asesinatos a la semana, según datos de Naciones Unidas.

A esta violencia se añade la criminalización que, según Carballo, «se ha agudizado en los últimos meses con encarcelaciones y judicializaciones en condiciones injustas y poco seguras en medio de la pandemia, e impidiendo a los abogados desplazarse para defender a las personas encausadas». «Además –continúa Carballo–, sigue siendo sistemático el incumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como la vulneración del Convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho de los pueblos sobre las tierras que habitan y el derecho a decidir sobre sus prioridades de desarrollo y a ser consultados antes de iniciar cualquier proyecto extractivo en su territorio».

"Para los defensores es muy duro no saber si la motocicleta que viene detrás es la que dijeron que iban a mandar para matarles"

Donald Hernández es defensor de derechos humanos y no deja de sentir temor por su trabajo en el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), socio local de Manos Unidas en el país.

«Informamos a las comunidades –explica Hernández– de las concesiones ilegales que el Estado otorga a proyectos extractivos en territorios indígenas y también les damos formación sobre sus derechos. Cuando las comunidades reaccionan y se movilizan, empiezan las amenazas, los ataques y, posteriormente, la criminalización y persecución de los líderes comunitarios. Actualmente hay más de un centenar de personas represaliadas en el país por cuestiones relacionadas con la defensa del territorio».

Donald Hernández defiende jurídicamente a decenas de líderes y a distintas comunidades que ven peligrar los ríos, bosques y montañas de los que dependen para vivir. «Se acusa a los pobladores de usurpadores y, en ocasiones, de terrorismo o sedición, con lo que se les manda a la cárcel durante tres o cuatro años hasta el juicio, tiempo suficiente para que las empresas instalen el proyecto extractivo en el territorio».

A causa de su labor de defensa de los pobladores, Donald Hernández lleva años siendo sometido a fuertes presiones de distinta naturaleza. «Me siento solo un número; alguien a quien se podría eliminar fácilmente si no contáramos con el acompañamiento de brigadas de paz internacionales. Para los defensores es muy duro no saber si la motocicleta que viene detrás es la que dijeron que iban a mandar para matarles... Pero esto no nos detiene. Si nosotros tenemos ciertas medidas de seguridad, imaginemos la desprotección que siente un líder indígena lenca –como Berta Cáceres, asesinada en 2016–, que vive en zonas rurales remotas y que se opone a un gran proyecto que pretende trasladar el cauce del río que ha sido cuidado por las comunidades indígenas desde tiempos inmemoriales y que es esencial para su supervivencia».

El acompañamiento de Manos Unidas a comunidades y defensores de derechos humanos

Tanto en Honduras como en otros países de América Latina, Manos Unidas pone especial énfasis en el derecho a la alimentación, principalmente a través del impulso de fincas agroecológicas y la formación de las comunidades, pero cada vez es mayor el número de proyectos destinados a acompañar tanto a defensores de derechos humanos como a poblaciones que ven amenazados sus territorios, ya que estas situaciones son «cada vez más frecuentes y violentas», recalca Raquel Carballo.

«Como ejemplo de las iniciativas que apoyamos, formamos jurídicamente a líderes indígenas lencas para que reclamen sus derechos ante las autoridades hondureñas; fortalecemos redes en Guatemala que denuncian el acaparamiento de tierras con fines extractivos; fomentamos una agenda nacional en Perú orientada a la protección del territorio, el agua y los modos de vida de comunidades amenazadas por grandes proyectos, o ayudamos a la sistematización de la información sobre vulneraciones de derechos en la Amazonía brasileña».

La ONG de desarrollo de la Iglesia católica en España aprueba cada año más de 500 proyectos de desarrollo dirigidos a paliar las necesidades de las poblaciones más empobrecidas en ámbitos como el de la alimentación, la salud, la educación y el agua. Uno de estos sectores de actuación es el dedicado a «Derechos humanos y sociedad civil», en el que Manos Unidas ha aprobado en los últimos cinco años casi 350 proyectos por importe de 23.462.795 €, con los que ha apoyado directamente a un millón y medio de personas.