Nueve de cada diez españoles apoya responsabilizar a las empresas de sus acciones La sociedad civil pide impulsar una norma europea contra los abusos corporativos
En un desayuno para periodistas, la Plataforma por Empresas Responsables (PER) ha presentado una petición para que durante la Presidencia española del Consejo de la UE se apruebe la Directiva Europea sobre Diligencia Debida en materia de sostenibilidad
En España, menos de la mitad de las empresas del IBEX 35 (un 42 %) hace una identificación de riesgos de impacto en materia de derechos humanos
| Manos Unidas
Esta directiva obligaría a las empresas a prevenir, mitigar y reparar los abusos en derechos humanos y medioambientales que generen en el ejercicio de sus actividades. Además, garantizaría el acceso a la justicia de las víctimas de esos abusos.La petición se ha hecho pública en un momento clave, puesto que coincide con el inicio de la Presidencia española del Consejo de la UE y con el trílogo político que está negociando interinstitucionalmente la aprobación definitiva de la directiva.
La puesta en práctica de esta medida implicaría ampliar la lista de sectores considerados de alto riesgo en materia de diligencia debida (como las instituciones financieras y bancarias), impulsar la eliminación de las barreras legales para el acceso de las víctimas a la justicia y aplicar la directiva en toda la cadena de valor siguiendo los estándares internacionales.
Extracción minera. Foto de Max Philips.
Solo en España, según la encuesta de YouGov, nueve de cada diez ciudadanos está de acuerdo en que se obligue legalmente a las empresas a prevenir vulneraciones de los derechos humanos y a reducir sus emisiones contaminantes en el ejercicio de su actividad. En Europa, por otro lado, ocho de cada diez votantes pide una legislación europea fuerte sobre debida diligencia.Asimismo, más de cien organizaciones latinoamericanas y del Caribe se han unido para pedir a la nueva Presidencia española de la UE, a través de una carta conjunta, una ley contra los abusos de las multinacionales.
En España, menos de la mitad de las empresas del IBEX 35 (un 42 %) hace una identificación de riesgos de impacto en materia de derechos humanos. Esta falta de implicación por la mayoría de las empresas facilita que se produzcan desastres como el de la presa de Brumadinho en 2019 que dejó más de 250 víctimas mortales.
«No se trata de un problema local. Las víctimas de los abusos corporativos debemos tener igualdad de acceso a la reparación de los daños causados y a una justicia efectiva», señala Marina Paula Oliveira, defensora de derechos humanos y testigo del caso Brumadinho. «Es urgente establecer soluciones estructurales con el compromiso de todos los actores y todos los países», concluye.
La PER es una alianza de 20 organizaciones y plataformas que representa a más de 530 entidades sociales y una base social de tres millones de socios. Una de esas organizaciones es Enlázate por la Justicia, de la que Manos Unidas forma parte, participando de manera activa en la Plataforma.
