Declaración varios días antes del asalto y quema del Congreso Los obispos de Guatemala denuncian la "vergonzosa" aprobación de los presupuestos del país

Ayer domingo, 22 de noviembre, un grupo conformado por más de cien personas —la mayoría jóvenes universitarios— asaltó el Congreso de Guatemala y prendió fuego al edificio. Las imágenes del órgano de la soberanía popular en llamas han dado la vuelta al mundo. El acto —calificado de «terrorista» por el ministro de Gobernación— acaeció en el marco de las protestas que están teniendo lugar en la nación tras la aprobación por parte de la Cámara, el día 17, en una sesión vergonzosa, de los Presupuestos Generales del Estado. Decenas de miles de personas se han manifestado desde ese momento en la capital y otras ciudades del país de manera pacífica.

Las cuentas públicas de 2021, que fueron aprobadas de madrugada y con un diputado leyendo cada partida de manera ininteligible, contemplan una reducción de 200 millones de quetzales (unos 23 millones de euros) en los fondos destinados a la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, a la par que incrementa la partida destinada a la propia clase política. Ello, lógicamente, ha causado gran escándalo e indignación en una población que se les ve y se las desea para poder salir adelante a causa de la crisis galopante derivada de la pandemia. Al menos 16 niños han muerto de hambre en lo que va de año, según datos oficiales.

Por regla general, no es frecuente que un episcopado se pronuncie tras la aprobación de unos presupuestos, cuya composición corresponde a los legítimos representantes elegidos por el pueblo en el marco del juego democrático. El de Guatemala, sin embargo, lo hizo el día 19 —es decir, tres jornadas antes de la quema del Congreso— mediante un comunicado en el que expresaba su «consternación» por la «precipitada» e «irresponsable» manera de proceder de la Cámara. «El modo de aprobarla —advertían ya ese día los obispos— ha generado indignación en muy diferentes sectores del país por el modo opaco y seguramente turbio en que se pactó para alcanzar mayoría cualificada de votos».

«Llevamos diez años consecutivos —se constataba también— de aprobación de presupuestos desfinanciados pero nunca antes en los montos tan desproporcionados como el correspondiente a este año. El endeudamiento del país está llegando a niveles francamente preocupantes y las deudas de hoy son hambre para el mañana. La eliminación o disminución de partidas importantes parecen expresar rencor pero también miopía ética».

El comunicado episcopal, que llevaba la firma del presidente y el secretario general de la institución, arzobispo Gonzalo de Villa SJ y obispo Antonio Calderón Cruz, respectivamente, concluía: «La imagen del Congreso ante la población en general, a causa de este acto irresponsable, queda sujeta a graves dudas y a condenas seguras. No favorece la gobernabilidad del país y, por el contrario, daña la paz social, tan precaria en Guatemala. Solicitamos al presidente de la República que vete este presupuesto y que lo haga en aras del bien del país. Que Dios nos proteja y guíe en estos tiempos de calamidad y adversidad y que nos ayude a discernir siempre en la búsqueda del bien común».

Giammattei: Ni veto, ni dimisión

El presidente de la República, sin embargo, Alejandro Giammattei, ha rechazado hasta ahora vetar las cuentas públicas. E igualmente se niega a dimitir, como le piden los manifestantes. Hasta su vicepresidente, Guillermo Castillo, le ha instado a renunciar «por el bien del país». Pero en los últimos días el mandatario se ha limitado solamente a advertir de los riesgos que entrañan las manifestaciones y concentraciones a causa de la covid, y a pedir que se respete la institucionalidad, para lo cual ha amenazado con hacer recaer todo el peso de la ley sobre quienes comentan actos vandálicos.

Las protestas acaecen en un momento muy delicado en Guatemala. Además de la crisis derivada del coronavirus, el paso en las últimas semanas de las depresiones tropicales Eta e Iota ha dejado más de cien muertos y a miles de damnificados esperando una ayuda humanitaria que no llega.

Como en tantos otros países latinoamericanos —Perú está siendo también un buen ejemplo de ello en los últimos días—, el de la corrupción es un cáncer que ningún gobierno logra extirpar. En Guatemala, además, en este tema llueve sobre mojado. En 2015 las multitudinarias protestas de los ciudadanos condujeron a prisión al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti, implicados en un escándalo de corrupción. Las fuerzas de seguridad han detenido a 37 personas y a dos menores por la quema del Congreso.