Cumbre panamericana de jueces sobre derechos sociales y doctrina franciscana Por un Poder Judicial que reivindique los derechos sociales de los más desprotegidos

Los días 3 y 4 de junio se llevó a cabo en la Pontificia Academia de las Ciencias la Cumbre Panamericana de Jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana. Entre los prestigiosos hombres y mujeres del Derecho, participó el Dr. Gustavo Moreno*, argentino, Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, quien expuso el primer día en el primer panel que abrió monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, obispo argentino que encabeza este espacio pontificio.

Moreno en su intervención sorprendió con temas que encontraron oídos muy atentos: los derechos sociales como prioridad ante pago de los servicios de la deuda externa, a la par que la referencia al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial.

Él en Argentina viene batallando “guerritas” cotidianas junto a los curas villeros, entre ellos el padre José María “Pepe” Di Paola --tan caros en el corazón del Papa Francisco-- para defender en sus barrios y ante los estrados judiciales a los jóvenes y niños vulnerados en sus derechos más elementales, simplemente por el hecho de ser pobres y vivir marginados del acceso a la salud y la educación, por nombrar solo algunos.

Consultado por Religión Digital, el padre Di Paola se refirió al Dr. Moreno: “Como asesor tutelar ayudó muchísimo en las causas del Paco [droga que consumen las poblaciones jóvenes más pobres en Argentina] que dio origen primero a la detección y luego a la atención de los pibes consumidores; trabajó siempre articuladamente con los curas de las villas, fue y es un activo participante del Hogar de Cristo. También en casos concretos nos ha dado una mano grande en las solución de problemas muy puntuales ante causas extremas ya que su ámbito también es la discapacidad”.

RECUADRO

En la Argentina y organizada entre otros por el mismo Moreno, en el 2018 se realizó la “Primera Jornada sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana”, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Allí la inspiración la dio Francisco a través de una carta en la que invitaba a poner la mirada en el otro, esa otra persona desplazada, la que llevará nuestros pensamientos y decisiones hacia actos “profundamente cristianos y esencialmente humanos”.

El Dr. Moreno llevó estas argumentaciones a la Casina Pío IV y al calificado auditorio corporizadas en las 20 recomendaciones que surgieron de aquella reunión:

1) la visibilización de los excluidos para que sus derechos sociales puedan ser reconocidos y exigidos;

2) el objetivo centrado en clases sociales ascendentes y no sociedades de castas y excluidos;

3) concebir la misión del sistema judicial como garantía del acceso a la justicia para las poblaciones vulnerables;

4) dejar de lado la visión burocrática identificada con la ideología del “trámite” y construir una justicia realmente humana;

5) entender que los pobres son parte de la solución, y no del problema, para fomentar su participación real;

6) establecer el acceso general e irrestricto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, para obtener un orden y desarrollo sostenible e integral;

7) implementar mecanismos que garanticen la tutela judicial efectiva;

8) adaptar procedimientos administrativos y judiciales para lograr una proximidad desde y hacia los sectores vulnerables;

9) articular con organismos de la sociedad civil, en especial con la Iglesia Católica, que tiene un rol central en las comunidades más vulnerables;

10) efectiva y permanente presencia en los asentamientos precarios;

11) concebir que el sistema judicial tiene como misión ineludible poner en marcha los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a la justicia de los más vulnerables;

12) ratificar que las normas jurídicas que reconocen el derecho a la vivienda no son meras declaraciones, sino normas operativas con vocación de efectividad con obligaciones de hacer a cargo del Estado;

13) es imprescindible que los Estados formulen políticas públicas serias tendientes a la concreción del derecho a la vivienda, con independencia de las medidas coyunturales;

14) sostener que las leyes de presupuesto deben ser entendidas como un instrumento jurídico que haga posible el goce de los derechos sociales, y no como un impedimento para lograrlos;

15) la distribución de los recursos de los Estados con criterios de equidad, a fin de beneficiar a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad;

16) entender que la ley de presupuesto está sujeta a control judicial y no debe alterar los principios, garantías y derechos constitucionales;

17) la responsabilidad de todos los agentes de la política de controlar que no se retraigan las partidas presupuestarias destinadas al gasto social;

18) sostener que las reducciones presupuestarias no deben alcanzar al gasto relativo a los derechos humanos;

19) repensar el sistema de derechos humanos desde la óptica de la exclusión, construyendo un nuevo derecho: el derecho a la inclusión social.

20) instar a que la economía actual genere trabajo para todas las personas, en tanto es clave a la hora de lograr la inclusión social.

La deuda externa es el problema o lo primero es lo primero

“Es evidente que el litigio contra los poderes ejecutivos, que muchas veces adoptan decisiones económicas financieras negativas en materia de derechos sociales, tiene matices políticos e ideológicos adversos -hasta de presión- sobre quienes accionen o sentencien en favor de los derechos sociales, desalentando conscientemente a muchos operadores judiciales a garantizar la justiciabilidad de los derechos sociales”, indicaba Moreno en su exposición poniendo el foco en la discrecionalidad de la asignación de recursos y la Justicia teniendo que obrar en esos contextos.

En el mismo sentido continuó: “Tampoco puede alegarse que las emergencias económicas y financieras -comunes en los países latinoamericanos- puedan afectar el funcionamiento y la calidad de los servicios esenciales, especialmente los de educación, salud y desarrollo social, en tanto estamos hablando de derechos humanos elementales. (…) El aseguramiento de la satisfacción de niveles esenciales de los derechos económicos, sociales y culturales, genera consecuentemente no sólo responsabilidad interna para cada Estado en caso de incumplimiento; sino responsabilidad externa, y aún con la obligación relativa a los servicios de la deuda externa, ya que en caso de tratarse de un Estado deudor, éste debe asumir sus compromisos con países acreedores y organismos multilaterales de financiamiento internacional, haciendo valer en la renegociación y en el pago de su deuda externa, las obligaciones de carácter internacional que lo compromete a garantizar los estándares mínimos de derechos económicos, sociales y culturales de su población, antes que los intereses de sus acreedores”.

Los bancos no son tan inocentes

Moreno claramente fue al meollo de la cuestión y le puso nombre a los organismos que en nuestros países latinoamericanos hacen marcar el paso según el ritmo de las deudas contraídas con ellos mismos: “El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial también se encuentran obligados a que sus políticas y prácticas sean respetuosas de los derechos humanos, tal como los concibe y lo manda la comunidad internacional. Es preciso tomar medidas en las que se mantenga un equilibrio adecuado entre las obligaciones de los Estados, derivadas de sus arreglos de la deuda externa, y las derivadas de la garantía que impone la normativa internacional a los estándares mínimos sobre derechos sociales”.

Rearmando el tablero

“Para abordar los derechos sociales y tener como objetivo su eficacia, necesitamos -sin dudas- de mayor protagonismo judicial, para que los Poderes Ejecutivos de los Estados nacionales, provinciales, y municipales cumplan con sus obligaciones legales, constitucionales, y convencionales, con relación a los derechos vulnerados (necesidades básicas insatisfechas) del trabajo, de la vivienda, de la educación, de la salud, de la alimentación, del medio ambiente, entre otros”, propuso Moreno al final de sus palabras las que indicaron un rumbo tan escuchado y deseado en tierras latinoamericanas, con esas palabras que vienen marcando la historia de nuestros pueblos hace tantas décadas de inclemencias sociales, de incumplimientos de pactos por falta de fondos, o de recortes salvajes que hunden cada vez más en la pobreza a los siempre mismos pobres del continente más desigual del planeta.

Quizás sea el tiempo de decir bien fuerte en todo Foro posible que “no se trata de que el Poder Judicial pueda tener todas las respuestas, pero sí tiene la posibilidad de hacer cumplir al menos obligaciones ya preestablecidas y hacerlas cumplir por los Poderes Ejecutivos”.

El martes 4 de junio y pasadito el mediodía en la Argentina, el Papa Francisco dio cierre a este Encuentro con contundentes mensajes dirigidos al mundo judicial allí presente cuya misión definió como “noble y pesada”: insistió una vez más en la necesidad de alcanzar la “justicia social” también en este ámbito, citó la Jornada realizada en Buenos Aires sobre Derechos Sociales de 2018, habló de “los liderazgos compartidos y valientes, que sean capaces de abrir caminos para superar dinámicas de exclusión”, levantando la vista y mirando a los juristas de modo directo aseveró que “nos toca vivir una etapa donde se pone en juego el alma de nuestros pueblos”, pidió desestimar las “anomias frente a los derechos sociales” en pugna, habló de las “ciudades modernas, vanidosas y orgullosas de sus logros digitales mientras que se les niega el techo a hermanos nuestros y se los llama eufemísticamente ‘personas en situación de calle’”, puso el foco en las evidentes “igualdades nominales que encubren desigualdades reales”, invitó a los participantes “a mirar el conflicto de frente y asumirlo, el compromiso es con nuestros hermanos” porque “los vacíos legales ponen en marcha círculos viciosos que anulan el bienestar y generan corrupción, pidió que recurran a su “imaginación jurídica”, que las “personas que lleguen hasta ustedes en sus escritorios sientan que ustedes llegaron primero, reconociendo su plena ciudadanía”, que sus decisiones y sentencias tiendan a que “los jóvenes excluidos puedan asumir el protagonismo de sus propias vidas”.

En el último día, se dio a conocer la creación de la Junta Promotora de constitución del Comité Panamericano de Jueces en Defensa de los Derechos Sociales constituida por Roberto Andrés Gallardo (Argentina), María Julia Figueredo Vivas (Colombia), Janet Tello Gilardi (Perú), Ana Inés Algorta Latorre (Brasil), Daniel Urrutia (Chile), Tamila Ipema (Estados Unidos), y Gustavo Daniel Moreno (Argentina).

En un breve chat intercambiado con esta cronista, el Dr. Moreno expresó su sorpresa por el nombramiento y “por la enorme confianza depositada, es mucha” en su persona y su quehacer.

Mucho fruto se espera de este encuentro. Mons. Sánchez Sorondo pidió expresamente en el Aula “no quedarse en las palabras y pasar a la acción” a partir de las reflexiones y puntos de vista compartidos. Ojalá que así sea.

* El Dr. Gustavo Moreno fue Miembro del Comité Organizador de la Primera Jornada sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana celebradas el 4 de junio de 2018, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Abogado (UBA). Especialista en Derecho de Familia (UBA). Asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina). Secretario General de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF).