Denuncia que la diócesis de Wheeling-Charleston no colabora con su oficina El fiscal general de Virginia Occidental acusa a la Iglesia de ocultar información de abusos
Se revela "decepcionado" como fiscal y como católico por la actuación de los líderes eclesiásticos, que rechazan la alegación de que no están comprometidos con la protección de los menores
| RD/EFE
El fiscal general de Virginia Occidental (EE.UU.), Patrick Morrisey, se declaró ayer "decepcionado" por la actuación de líderes de la Iglesia Católica en ese estado, a los que señaló por ocultar información en casos de presuntos abusos sexuales.
Morrisey dijo en una entrevista con la cadena ABC que los dirigentes católicos están reteniendo información que puede llegar a probar lo que denominó "una historia de secreto y encubrimiento" dentro de la Iglesia en casos de acusaciones de abusos sexuales por parte de miembros del clero.
"Este no es el tipo de proceso transparente que los habitantes de Virginia Occidental merecen y la Iglesia puede y debe hacer más que eso", afirmó.
El funcionario manifestó su preocupación por el hecho de que, tras dos citaciones y una demanda, la Diócesis de Wheeling-Charleston, que pertenece a Virginia Occidental, aún no haya preparado un número relevante de documentos para su oficina.
"Decepcionado como fiscal general y como católico"
"Esas son acciones que me decepcionaron. Me decepcionaron como fiscal general del estado y me decepcionaron como católico", agregó.
Según ABC, Virginia Occidental es uno de varios estados que investigan las denuncias de presuntos abusos en sus diócesis después de conocerse el informe de un gran jurado en Pensilvania que denunciaba el encubrimiento masivo por parte de la Iglesia Católica de las acusaciones de abusos.
Las indagaciones tienen lugar en Arkansas, Colorado, Delaware, Florida, Illinois, Maryland, Michigan, Misuri, Nebraska, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Pensilvania, Vermont, Virginia, el Distrito de Columbia y la archidiócesis de Alaska.
Pero ante la imposibilidad de presentar una investigación estatal que involucre a diferentes jurisdicciones, Morrisey entabló una queja de protección al consumidor.
Para ello, argumentó que la Diócesis de Wheeling-Charleston se implicó en actos o prácticas "injustas o engañosas al no revelar a los consumidores que sus servicios educativos y recreativos empleaban a sacerdotes y laicos que habían abusado sexualmente de menores".
Consultado por la cadena, un portavoz de la Diócesis se remitió a una declaración difundida en mayo, en la que indican que, según su punto de vista, "la Ley de Protección de Créditos al Consumidor de Virginia Occidental no se refiere a los temas descritos en la queja" y consideran la acción "fuera de la jurisdicción del fiscal".
"Rechazamos categóricamente la afirmación de la demanda de que la Diócesis no está totalmente comprometida con la protección de los niños", puntualizó.
Tres despachos de abogados denunciaron este miércoles que la Iglesia Católica de EE.UU. invirtió más de diez millones de dólares entre 2011 y 2018 para bloquear cambios legislativos que estaban siendo acometidos por ochos estados con el fin de ampliar el tiempo de prescripción en delitos de abuso sexual.
