Al ex coronel del ejército salvadoreño se le dio la oportunidad de la “última palabra” en el juicio que se le sigue por el asesinato de cinco jesuitas españoles en la Audiencia Nacional y estuvo más de media hora larga hablando. Aseguró, él que se sabía de sobra de la pantomima y juicio fraudulento que habían hecho en San salvador, que el juicio español había adolecido de “muchos errores técnicos, también morales”. Se declaró católico, “muchos en las Fuerzas Armadas de El Salvador somos católicos” y pidió a Jesús que iluminara al Tribunal a la hora de dictar sentencia.

No desperdició el generoso tiempo del que disfruto para explayarse y dijo que La Tandona era un grupo de oficiales no era una “organización terrorista”, sino una “organización social”, y que todo lo que se había dicho de sus integrantes “era mentira, fueron personas muy honorables, muy respetuosas de los derechos humanos, el prestigio ganado fue por nuestra honestidad y el cumplimiento del deber, nunca apareció que nosotros estuviéramos involucrados en un acto salvaje como ése”, el de la matanza de los curas.

Nada, ni había estado en ninguna reunión de militares donde se decidió el atentado terrorista contra los jesuitas de la UCA, ni participó. No sabía nada de nada. Él era viceministro de seguridad, pero se dedicaba a función es administrativas, no operativas. “Me ha repugnado escuchar tantas mentiras”. Eso sí, tuvo el gesto de reconocer que “lo de los curas había sido de lo más terrible que ha pasado en mi país”, y dio el pésame a los familiares. Negó tener antecedentes, a pesar de que en Estados Unidos estuvo incurso en dos procedimientos.

Su abogado defensor dijo lo de siempre que Montano “no tenía responsabilidad en los hechos. Se está intentando hacer responsable a alguien de todos los hechos, llevar una sentencia a El Salvador”. Arguyó al final de los nueve años de instrucción y en la conclusión del término que la Justicia española no tenía jurisdicción en el caso, pues, burocráticamente los jesuitas españoles eran salvadoreños, pues habían pedido tal nacionalidad. El Tribunal pues no tenía jurisdicción para juzgar a Montano.

Se dedicó el letrado a intentar desacreditar a la perito de las Naciones Unidas, la profesora Lerry Karl, quien declaró en el juicio, la cual durante 40 años estuvo encargada de estudiar las violaciones de los derechos humanos en El Salvador y aportó un interesante informe, muy estudiado, sobre la madrugada en que fueron acribillados los jesuitas, la cocinera y su hija de 15 años por un grupo de militares a quienes se ordenó la barbarie. Para el caso de que el Tribunal no absolviera –el Ministerio Fiscal pide para él 150 años de cárcel-  a Montano su abogado pidió en la alternativa que se tuviera en cuenta en la sentencia las eximentes de estado de necesidad, miedo insuperable y dilaciones indebidas.

 A ello ya había contestado antes el letrado de la acusación popular, Manuel Ollé, quien hizo un detallado informe de conclusiones, manifestando su sorpresa cómo Montano negaba haber estado en dichas reuniones dado su cargo en la cúpula militar y pretendía acogerse a la eximente de “miedo insuperable”, cuando era él “quien desde la cúpula propiciaba el miedo en El Salvador… Jamás un militar decente se atrevería a invocar estado de necesidad como eximente”. Y respecto de las dilaciones dijo que fue Montano quien no se presentó, quien no aceptó venir a esta jurisdicción” cuando se decretó su procesamiento.

Para Ollé, Montano estuvo en las reuniones donde se acordó matar a Ellacuria y demás jesuitas de la UCA, a quienes consideraban cabecillas de la guerrilla, el FMNL, molestaban a los planes de la Tandona grupo mafioso militar que temían perder el control del poder en el país y  las Fuerzas Armadas. Y acusa a éste también de haber informado a Benavides de que ya había regresado de España el P. Ellacuria, principal objetivo a batir por los militares. En razón a ello, la acusación le atribuía ser uno de los coautores de la masacre, imprescindible, sin ser el autor material, sí autor intelectual. Todos los del alto mando eran responsables de la ejecución extrajudicial de los jesuitas. “Tuvieron el dominio del hecho, lideraron y garantizaron todos la ejecución. La responsabilidad de se fundamenta en esa cooperación. Montano tuvo una posición de garante, coautoría mediata”.

Luego hubo una operación de encubrimiento de los hechos y autores –dijo el letrado acusador, que representa a la Asociación Pro Derechos Humanos de España y a los Antiguos Alumnos del Colegio San José de Valencia- de obstaculizar en España este procedimiento,  que no se celebrara este juicio.

Principio justicia universal

“Hoy , la Audiencia Nacional no es un nacional, sino internacional, por el principio de jurisdicción universal. Está en representación de la comunidad internacional. Estamos juzgando a un enemigo de la humanidad, el sufrimiento de las víctimas y sus familias desde hace 30 años, va a ser un ejemplo de justicia para el pueblo salvadoreño y para la comunidad internacional. La lección va a ser que con la justicia universal ante las barbaries que se comete no va a haber impunidad. Las víctimas van a tener derecho a la tutela judicial efectiva. Es un juicio contra personas acusadas de crímenes internacionales. La soberanía implica la defensa de los derechos humanos, no hay injerencia de España en El salvador. España no ha venido a sustituir a la justicia salvadoreña, la complementa a través de la justicia universal, es el principio de la complementariedad”, acotó Ollé.

El presidente del Tribunal dio por concluido el juicio y listo para sentencia La Fiscalía pide para él 150 años de prisión por su presunta participación en la "decisión, diseño o ejecución" de la masacre. En el juicio de El salvador celebrado bajo presiones los presuntos máximos responsables de aquel crimen fueron absueltos e incluso ascendidos por el Gobierno de El Salvador acogiéndose a una polémica y criticada internacionalmente Ley de Amnistía en 1993 que fue anulada por inconstitucional.

Eran el jefe del Estado Mayor y posterior ministro de Defensa, Emilio Ponce; el general y jefe de la Fuerza Aérea, Rafael Bustillo; el general y viceministro de Defensa, Juan Orlando Cepeda; el coronel y jefe de la Brigada de Infantería, Francisco Elena Fuentes; el coronel y posterior viceministro de Defensa, Inocente Orlando Montano, y el coronel y director de la Escuela Militar, Guillermo Benavides. Aunque el nombre del ex presidente de la República Alfredo Cristiani ha salido en estrados, al final el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares no lo han reflejado en los informes de conclusiones. En el presente caso al único que se ha podido enjuiciar, al haber sido detenido en Estados Unidos y extraditado a España ha sido Montano.