Seis horas duró la sesión del juicio de la reanudación por el atentado terrorista que causó la muerte a varias personas, entre ellas cinco jesuitas españoles, en la UCA de san Salvador en la que declararon un ex teniente y dos ex fiscales que intervinieron en el asunto, el primero en la masacre, y los otros dos en el intento de esclarecer la ver. De lo declarado por ellos se infiere que el ex Presidente de la República Alfredo Félix Cristiani Burkard tuvo, al menos, conocimiento de lo que se preparaba y no se opuso a su realización, considerándolo como autor intelectual, junto con un grupo de generales y coroneles de la masacre ocurrida la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989.

Depuso primero por videoconferencia, desde Chile, el ex teniente del ejército salvadoreño René Yusshy Mendoza Valecillos, quien participó directamente en la operación, y comparece como testigo colaborando con la Justicia española, aunque insistió en decir que él iba de acompañante de la unidad del Batallón Atlacatl, que accedió a tiro limpio en las instalaciones de la Universidad Católica fundada por los Jesuitas, matando a los cinco sacerdotes, a una empleada y a su hija por orden de la Alta Cúpula Militar y el Estado Mayor, en plena guerra civil entre el Frente Revolucionario Nacional y el Ejército, que controlaba todos los resortes de poder del país, con la inestimable ayuda de Estados Unidos, que había desembarcado a la CIA y FBI en el país.

Declararon estos testigos que uno de los asesinados, el P. Ignacio Ellacuria, vasco, estaba siendo pieza fundamental y claves en las negociaciones de paz en el país, además de ser defensor de los Derechos Humanos atropellados y violentados por los militares, lo que le pusieron en el punto de mira de las metralletas de los soldados que lanzaron sobre el campus de la UCA en la fatídica noche.

Aunque el teniente Mendoza simplificó mucho lo sucedido, quien abundó en detalles fue el Fiscal salvadoreño Alvaro Henry Campos Solorzano, a quien le pusieron mil trabas para que investigara lo sucedido, viéndose obligado al final a dimitir, amenazado de muerte. En su declaración dijo que se sabía quienes habían sido los autores materiales del asesinato, siendo el del P. Ellacuria el soldado Oscar Mariano Amaya Srimaldi, alias el Pilajy o el Verdugo.

La carrera de obstáculos interpuesta continuamente fue para que las responsabilidades penales no pasaran más allá del coronel Benavides, de la escuela Militar, y del Teniente Mendoza, los dos designados para cargar con los asesinatos, que al poco de ingresar en la cárcel fueron amnistiados. En la misma línea que el Fiscal Campos, lo hizo, aunque más parco en palabras, el otro Fiscal,  Edward Sidney Blanco, hoy juez instructor de carrera.

A ambos Fiscales se les intimidó desde la Embajada de los Estados Unidos en san Salvador para que no investigaran el asunto, pues la guerrilla, el Frente Revolucionario, penaban asesinarlos. Como no se lo creyeron, acudieron al obispo auxiliar de San Salvador (hoy cardenal Rosa Chávez) por si podía verificar con la guerrilla esos planes. El prelado les transmitió lo que le habían contestado los guerrilleros, que no estaba entre sus planes matar a los Fiscales, que era falso lo que la embajada norteamericana les había hecho llegar.

Finalmente declararon, desde Miami,  los testigos oculares de lo ocurrido, que estaban en una de las habitaciones de huéspedes de la UCA y que los militares no encontraron a su paso,  Jorge Cerna y su esposa Lucía Barrera ésta empleada de la limpieza de la Universidad y de las casas de los Jesuitas. Escucharon una gran balacera, mucho ruido, explosiones, y cuando todo pasó hallaron los cadáveres de los jesuitas en una de las dependencias de la UCA, sus cuerpos perforados por metralla, las cabezas destrozadas y la masa encefálica repartida por la estancia.

A estos últimos testigos, los únicos supervivientes de la masacre, los jesuitas de la Curia Provincial que no vivían en la UCA los llevaron a la Embajada Española, pero ésta sugirió su traslado a la  Francesa, pues alegaba tener sólo un guardia de seguridad y temían ser asaltados, siendo el Embajador Francés quien les llevó al aeropuerto y logró que en un avión fueran evacuados a Miami, donde agentes del FBI y un coronel salvadoreño intentaron que firmaran  una declaración diciendo que ellos no habían estado allí y no hicieran mención nunca al suceso y menos que eran militares, según declararon al tribunal.

El abogado defensor del ex coronel Montano, único acusado en la causa española, en calidad de autor intelectual también del atentado, intentó en varias ocasiones justificar la acción de los militares porque se estaba viviendo una cruenta guerra civil en El Salvador y para éstos los jesuitas estaban con la guerrilla. El presidente del Tribunal le cortó todas las intentonas de derivar a lo político un asunto estrictamente penal. En el transcurso de la sesión  quedó acreditado por los testigos primeros que en El Salvador, el aparato militar a través de la emisora de radio Cuscatlan estuvo todo el tiempo de la guerra haciendo una campaña de odio contra los Jesuitas, en que, incluso, se alentaba a matarles.

Las sesiones de esta semana serán todas por la tarde, dado que los testigos que han de declarar lo son  o viven en países americanos y por la diferencia horaria, casi todos están en  las mañanas cuando en España es horario vespertino.