La Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP) de la Conferencia Episcopal protestó públicamente por la desaparición de la dirgenta indígena socio- ambiental, Julia Chuñil Catricua, ocurrido en el sur de Chile, el 8 de noviembre pasado, luego de haber recibido amenazas por su activismo por los derechos territoriales de su comunidad mapuche.

Su familia ha señalado en medios que apoyan la causa del pueblo mapuche, que detrás de la desaparición de Julia Chuñil hay intereses económicos y políticos e incluso acusa a un empresario de la zona por este hecho.

De este modo, al cumplirse 100 días de dicha desaparición, el organismo de la Iglesia chilena, Justicia y Paz, emitió un comunicado en que denuncia la escasa presencia de la desaparición de la mujer mapuche en los medios masivos de comunicación y que no se avance en la investigación por parte de la fiscalía. 

“El silencio en torno a la desaparición de la dirigenta mapuche ayuda a prolongar el sufrimiento de su familia y disminuye las posibilidades de encontrarla”, señaló la CNJP.

Añade que la historia de Chile “nos ha mostrado la importancia de la denuncia oportuna y valiente ya sea frente a agentes estatales, como en el pasado, o de particulares”. 

En este caso son numerosas las asociaciones y organismos nacionales e internacionales que piden al Gobierno de Chile la aplicación del Acuerdo de Escazú, que protege a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

RED LATINOAMERICANA

En días previos, la Red Eclesial de Justicia y Paz de América Latina (a la que está unida la CNJP chilena) envió un carta al presidente de Chile, Gabriel Boric, “para expresarle nuestra preocupación por la desaparición de la dirigente ambiental Julia Chuñil” y “solicitar sus buenos oficios para  agilizar su búsqueda”.

Está red eclesial añadió que “nos duele que desde el 8 de noviembre pasado se haya perdido el rastro de Julia Chuñil, de 73 años, quien salió de su casa, en la comunidad mapuche Putreguel, en la comuna de Máfil, acompañada de su perro a buscar unos animales de su propiedad y desde entonces nada más se ha sabido de ella”.

“Sabemos que Julia Chuñil es reconocida como defensora de un predio de 900 hectáreas de bosque nativo en la comuna de Máfil y de acuerdo con su familia, recibió amenazas por su rol como activista medioambiental”, informó la red latinoamericana al presidente chileno.

En respuesta, el mandatario ha expresado su preocupación por el caso y ha ofrecido recursos para la búsqueda, pero los familiares piden más atención y coordinación en los esfuerzos. 

ACUERDO DE ESCAZÚ

Mientras, la desaparición de Julia ha movilizado a diversas organizaciones que exigen justicia y protección para los defensores ambientales. Estas han utilizado el marco del Acuerdo de Escazú para exigir una respuesta más contundente del gobierno. La visibilidad que ha ganado el tratado ha permitido que las demandas por justicia en el caso de Julia se integren en un contexto más amplio de derechos humanos y ambientales, lo que ha aumentado la presión sobre las autoridades para actuar.

No obstante, y a pesar de algunos pequeños avances, ha habido críticas hacia el gobierno por su falta de acción efectiva y por no haber firmado el tratado internacional anteriormente. Las organizaciones defensoras han señalado que la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú es crucial para abordar casos como el de Julia y han instado al gobierno a tomar medidas más decisivas.