Les acusan de "un delito contra la fe y la unidad de la Iglesia, incitación al odio, abuso de potestad y odio tipificado" La asociación Kintsugi denuncia a monseñor Zornoza y a su ex ecónomo Diufaín por tres delitos canónicos y uno civil

La asociación Kintsugi, recientemente creada y dirigida por María Auxiliadora Moreno Navarro, presentó ayer una denuncia canónica ante el Obispado de Cádiz y Ceuta, la Nunciatura Apostólica de España, la Fiscalía General  del Estado y el Defensor del pueblo, contra el sacerdote Antonio Diufaín y contra monseñor Rafael Zornoza Boy, obispo  de la Diócesis. En ella, les acusan de ser presuntos  autores de al menos cuatro delitos, tres de naturaleza canónica y otro recogido en el Código Penal español: "Un delito contra la fe y la unidad de la Iglesia; un delito de  incitación al odio; un delito de abuso de potestad y un delito de odio tipificado". 

La denuncia recoge la cronología de la campaña promovida por Antonio Diufaín contra el Dicasterio de la Doctrina de la Fe y el Papa Francisco, en la que  acusó públicamente al Dicasterio y al Papa de crear escándalo, y organizó una recogida  de firmas que fue secundada por varios sacerdotes de diversas diócesis, especialmente de Toledo.

La mayoría de los curas firmantes dejaron de aparecer públicamente en la campaña de recogida de firmas, tras haber recibido una llamada al orden por parte de sus respectivos obispos. 

La denuncia asegura que "una vez apartados los sacerdotes como promotores de la campaña difamatoria, les sustituyeron algunos seglares, entre los que se encuentra el director de  un colegio católico de la Fundación Educatio Servanda de Cádiz y Ceuta, que recibe  subvenciones públicas de la Junta de Andalucía, quien se ha responsabilizado ahora de  abanderar la campaña".

Y añade: "Este colegio está bajo el patronazgo de una fundación que tiene entre sus patronos al Obispo Zornoza y a su ecónoma, Dña. Carmen Lobato". 

Los denunciantes creen que "Diufaín Mora envió a distintos medios una carta tratando de justificar su  actuación, pero sus manifestaciones, lejos de aclarar los motivos de la  campaña, han empeorado la situación. Incluso desde la página de Facebook de su  Parroquia de San Severiano y desde su blog personal continúa promocionando la  Campaña". 

Por su parte, el obispo Zornoza es denunciado por omisión grave de su deber de  perseguir delitos. Y los denunciantes aducen como prueba que los medios de comunicación locales y nacionales se hicieron eco de la  conducta de Antonio Diufaín "sin que en ningún momento, hasta la fecha, el obispo  Zornoza Boy adoptara medidas disciplinares contra él ni contra los otros promotores de  la grotesca iniciativa". 

"Nadie entiende -añaden los denunciantes- como el Obispo, Zornoza Boy, no ha dirigido unas palabras a sus  fieles diocesanos, rechazando esta campaña orquestada e invitando a los sacerdotes y  seglares de su diócesis, que aún siguen en la misma como promotores, a mantenerse al  margen. La única explicación que se encuentra es que dicho sacerdote ha  sido su ex ecónomo y mano derecha, a quien incomprensiblemente protege con su silencio cómplice".

Los denunciantes intentan explicar así la conducta del prelado: "Resulta paradójica la dureza con la que Zornoza actuó años atrás contra el sacerdote, el P. Rafael Vez, por manifestarse públicamente en redes  sociales sobre cuestiones absolutamente opinables, que nada tienen que ver con la  doctrina y moral de la Iglesia Católica. De hecho, el sacerdote Vez Palomino lleva más de  tres años sufriendo una suspensión cautelar del ejercicio de su ministerio, y a la espera  de que el Tribunal Eclesiástico de Sevilla resuelva el asunto, que fue iniciado precisamente por una denuncia de Antonio Diufaín". 

La denuncia contra Diufaín y Zornoza incide en la gravedad de la conducta de los  denunciados, también "por las gravísimas consecuencias geopolíticas que puede  tener su desafío para la Iglesia Católica". Tanto es así que los denunciantes aseguran que "expertos juristas consultados advierten que las  declaraciones y conducta de Antonio Diufaín hacia el Papa Francisco y las normas de la Iglesia podrían promover la creación de una brecha irreparable en las relaciones Iglesia-Estado, ya de  por sí deterioradas, puesto que sus manifestaciones sirven para abrir un peligroso debate legal donde la Iglesia Católica podría salir muy perjudicada en España y Europa". 

"La postura xenófoba de los denunciados hacia el colectivo homosexual es una  bomba en la fina línea de flotación que es el reconocimiento actual del ordenamiento jurídico de la Iglesia Católica en España, que está en proceso de revisión por el actual  gobierno socialista. Y son un balón de oxígeno para quienes sostienen que las normas de la Iglesia Católica son contrarias al Derecho de la Unión Europea y a los principios recogidos en la Constitución Española", concluyen.