Una aplicación capaz de facilitar una atención individualizada y especializada Investigadores de Loyola desarrollan una herramienta para detectar y atender necesidades de menores migrantes acogidos

(Universidad Loyola).-l pasado viernes se celebró en el Campus de Sevilla de la Universidad Loyola un evento de difusión de los resultados del proyecto VRIME (Instrumento de Valoración del Riesgo en Menores y Jóvenes Migrantes Residentes en Andalucía). Financiado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, los científicos han organizado este evento para informar a las entidades interesadas de Andalucía, más de 50 personas de centros de acogida y de atención al menor incluidos los socios colaboradores del proyecto: SAMU y la Fundación EMET-Arcoiris, los últimos resultados de los trabajos realizados.

VRIME es una experiencia pionera en la sistematización del proceso de detección de riesgos en menores migrantes no acompañados a través de una aplicación digital. El uso de esta herramienta por parte de los actores implicados es capaz de detectar tanto las necesidades de intervención como los riesgos de los menores acogidos en los centros residenciales en función de una serie de parámetros conductuales y de situación que presentan estos menores habitualmente. Además, se pueden detectar y atender necesidades específicas en los menores, facilitando a los profesionales la formulación de objetivos y propuestas de intervención social en los recursos que proporcionen una atención individualizada y especializada a los niños y niñas migrantes.

Definir perfiles estadísticos de riesgo

Para ello se ha realizado un estudio con metodología mixta, en una primera etapa el grupo de investigación ha identificado indicadores de los diferentes riesgos, a través de una revisión de la literatura y de la experiencia práctica de las entidades colaboradoras del proyecto SAMU y Emet Arcoíris; seguidamente se utilizaron esos factores de riesgo y de protección para crear un cuestionario para definir perfilesestadísticos dentro de la herramienta digital VRIME.

En una segunda etapa, el grupo de investigación ha utilizado una metodología cualitativa para detectar indicadores de protección o resiliencia, recopilando las historias de éxito y de hospitalidad que influyen positivamente en la inclusión social de los menores. Actualmente, se está elaborando una publicación en la que se han recopilado experiencias de las buenas prácticas combinándolas con una base teórica científica, para apoyar la intervención de los centros de acogida y organizaciones sociales implicadas en la inserción social de este colectivo.

La creciente afluencia de menores extranjeros no acompañados en España está adquiriendo un ritmo cada vez mayor. En la práctica totalidad de los casos, estos menores han sufrido experiencias traumáticas, abusos y malos tratos que, con frecuencia, aumentan su vulnerabilidad y pueden dificultar su integración social. Andalucía, en este escenario, tiene un rol peculiar siendo una de las principales puertas de la frontera sur de Europa, muy próxima a los lugares de origen (Noroeste de África), y zona de “tránsito” de estos menores en su viaje migratorio. Ante esta realidad, la detección previa de perfiles de riesgo de mala adaptación en el ámbito escolar o social, de problemas de salud mental, de victimización o de problemas legales, puede garantizar la optimización del uso de recursos en los procesos de acogida e inserción por parte de las instituciones correspondientes y facilitar la protección de los derechos humanos de estos menores.

"Utilizar el conocimiento científico en favor de los más desfavorecidos"

El evento contó con la inauguración por parte del Vicerrector de Investigación de la Universidad Loyola, Carlos García Alonso que alabó esta iniciativa: “Por estar encajada en la misión y la inspiración de esta universidad, en favor de los más desfavorecidos, basada en el conocimiento y además con un componente práctico, que animo a las instituciones públicas, que en mayor parte tutelan a estos menores, a hacer uso de la herramienta y que ayude a dirigir y a favorecer el consenso para mejorar la condición de estas personas y establecer unos principios”.

Por parte de la Universidad Loyola, los investigadores que forman parte de este proyecto dirigidos por la investigadora experta en criminología y responsable del grupo de investigación Migraciones Gloria Fernández-Pacheco Alises presentaron sus trabajos llevados a cabo desde las distintas áreas y disciplinas que han contribuido a llevar a cabo la herramienta. Eduardo Ibáñez, investigador en humanidades y responsable del Instituto de Investigación de Ética Aplicada, María Lubomira Kúbica, investigadora del ámbito jurídico, Mercedes Torres, responsable del departamento de Métodos Cuantitativos, Blanca Martín Ríos, responsable del departamento de Derecho y  Tatiana Avignone, ayudante de investigación de la Universidad Loyola mostraron sus diversas implicaciones científicas, prácticas y basadas en el estudio y aplicación de los derechos humanos para llevar a cabo la elaboración de la herramienta presentada.

La experiencia práctica y el testimonio de un extutelado

Además de la presentación por parte de los científicos, estuvieron presentes académicos expertos en este ámbito como Daniel Senovilla Hernandez del “Observatory on the Migration of Minors- Migrinter” y Lluis Francesc Peris Cancio, de la Universitá La Sapienza en Roma. También tuvieron voz representantes de la experiencia práctica como José María Bermúdez Medina, coordinador de centros de menores en Delegación territorial de Sevilla y Amel Boughamen Cortés, responsable de PACS Almería, que en una mesa redonda sobre experiencias de acogida participó junto con el testimonio Sej Diouf, joven extutelado y alumno de la Universidad Loyola.

El toolkit informático creado se incorporará a los protocolos de intervención de las entidades colaboradoras del proyecto, y permitirá su exportación a otras entidades de bienestar social a través de la Historia Social Electrónica Única de Andalucía (proyecto Cohessiona – HSUE), lo que podría suponer una importante optimización de la gestión y de los recursos de protección en la mejora de la atención a los beneficiarios de los servicios sociales.