No aprenden. Siguen por encima del bien y del mal, pasando por encima, incluso del dolor de las víctimas que aseguran defender (un mal que, por cierto, también adolecen algunas decisiones políticas, tomadas desde el cálculo y no desde el compromiso y la participación de los supervivientes), y aprovechando la coyuntura para pagar favores y cobrarse deudas pendientes.

Es lo que parece después de algunas filtraciones, que aseguran que la CEE presentará, en los próximos días, una tercera versión de su polémico 'Para dar luz', de la mano de uno de sus responsables, el todavía (inexplicablemente nadie le ha cesado aún) director de la Oficina de Comunicación de la Casa de la Iglesia, Josetxo Vera. De hecho, una versión actualizada del mismo ya fue presentada este viernes a los participantes en el VI encuentro de responsables y miembros de oficinas de protección de menores cuya existencia, como no podía ser de otro modo, se hizo pública después de su celebración.

Un 'Para dar luz' que se ha demostrado, especialmente en su segunda edición (surgida ex profeso para ningunear la auditoría encargada por los propios obispos a Cremades, que costó más de 1,3 millones de euros a los católicos españoles y que, incumpliendo la promesa pública de la CEE, no ha sido presentada jamás), una herramienta fallida, utilizada ideológicamente y, lo que resulta más problemático, que coloca el velo de la sospecha a las víctimas de la pederastia clerical.

Que el informe vaya a publicarse (o filtrarse convenientemente, siguiendo la cuestionable estrategia comunicativa actual) justo después de que las asociaciones de víctimas exigieran a Argüello y Cobo su desautorización pública o, al menos, que dejara de utilizarse como referencia, no puede interpretarse sino como un nuevo intento de torpedar los intentos (sinceros) de la nueva cúpula episcopal por acercarse definitivamente a los supervivientes de esta lacra, y tenerles en cuenta en los procesos de restauración.

Que todo haya coincidido con la presentación del plan de reparación por parte del Ministerio de la Presidencia (a quien también habría que afearle su falta de oportunidad. No hubiera costado nada esperar a que el Defensor del Pueblo presentara su informe al Congreso, que fue quien se lo encargó, antes de tomar decisiones que nadie sabe si quedarán en el cajón de las buenas voluntades) no hace sino despertar las alarmas de quienes hace ya tiempo aprendimos que, en este y otros temas, hay personas (y organismos) de las que conviene desconfiar. La experiencia, también en esto, es un grado. Y el dolor de las víctimas (y esto va para todos), innegociable. Al menos para algunos.