Este 15 de octubre se cumplieron 75 años del fusilamiento del Presidente de la Generalitat Lluís Companys, tras un simulacro de juicio sumarísimo que lo condenó por “adhesión a la rebelión militar”. Hasta un Serrano Suñer critica en sus memorias lo que él llama “inversión jurídica”, en virtud de la cual se declararon reos de rebelión militar a los que no se adhirieron a ella.

El 19 de julio en Barcelona los militares sublevados fueron derrotados por las fuerzas de orden público a las órdenes de la Generalitat, pero los numerosos sindicalistas que se les sumaron se apoderaron de las armas que los insurrectos abandonaban, se hicieron dueños de la calle y durante los primeros meses cometieron numerosos asesinatos, hasta que la Generalitat, poco a poco, pudo restablecer el orden. En los primeros momentos Companys no solo no ordenó asesinatos sino que hizo todo lo que pudo por evitarlos. Fuentes autorizadas lo atestiguan.

El Rdo, Josep Sanabre, archivero diocesano de Barcelona, en su encomiable Martirologio de la Iglesia de Barcelona durante la persecución religiosa 1936-1939, publicado en época tan temprana como 1943, en plena euforia de los “caídos por Dios y por España”, distribuye por meses los sacerdotes asesinados y muestra que la casi totalidad perecieron en los tres primeros meses, en los que son cogidos y fusilados sin ninguna formalidad; desde septiembre, la creación de los Tribunales Populares supone un comienzo de garantías jurídicas, con la posibilidad de presentar testigos de descargo, y los sacerdotes y religiosos son generalmente condenados a penas de prisión; a partir de los sucesos de mayo de 1937, cuando los anarquistas son dominados, reconoce Sanabre que no solo “es indiscutible que cesó el asesinato de nuestros compañeros de sacerdocio (con alguna contada excepción) sino que la casi totalidad de los que estaban encarcelados fueron liberados”.

En las cárceles de la Generalitat no se produjeron “sacas”, aquellas extracciones de presos para ser liquidados que tanto se dieron en Madrid. La Prisión Modelo y la Jefatura de Policía eran los sitios más seguros de Barcelona, y los sacerdotes que estaban allí no tenían, de momento, ningún deseo de salir.

En los archivos italianos he encontrado los telegramas que el cónsul Bossi y algunos comandantes de buques de guerra italianos enviaban a Roma atestiguando los esfuerzos de Companys y de su Gobierno para evacuar personas amenazadas. El 5 de octubre el comandante de un crucero telegrafiaba: “Esta mañana a las doce Consejero Cultura Ventura Gassol en nombre del jefe del Gobierno Companys y el Consejero de Interior Artemi Aiguader han devuelto la visita (…). Los Consejeros aseguran que pronto el Gobierno de Companys traerá la tranquilidad a Cataluña”. El cónsul Bossi telegrafiaba el 8 de octubre: “La situación general en Cataluña parece al menos exteriormente más normal a consecuencia del esfuerzo del nuevo Gobierno de la Generalitat por controlar a los elementos extremistas. El nuevo Ministro (sic) del Interior, Aiguader, repetidamente me ha asegurado que en adelante el orden se va restableciendo y que la vida y los intereses extranjeros serán protegidos con particular cuidado”. Informaba Bossi que con los primeros barcos italianos salieron de Barcelona cerca de 700 religiosos de distintas congregaciones. Según un documento de la prefectura de policía de Génova, el 28 de agosto habían desembarcado allí 11.840 prófugos de España, la mayoría embarcados en Barcelona. Esta labor humanitaria cesó cuando el 18 de noviembre Hitler y Mussolini reconocieron el gobierno de Burgos y se cerró el consulado italiano.

Una publicación del consulado francés en Barcelona (sin fecha pero ha de ser de recién terminada la guerra) da la lista de 6.630 personas evacuadas en barcos franceses, sin contar las que salían por tren, carretera o avión. En una lista especial se enumeran 515 personas que entre julio y diciembre de 1936 se evacuaron en buques de guerra por su condición especialmente peligrosa: “Generales, jefes y oficiales del Ejército y de la Armada, altos funcionarios, políticos destacados, eclesiásticos, sus familiares, etc.”

El falangista José M. Fontana, en su libro Los catalanes en la guerra de España, escribe: “Yo no he comprendido nunca la relativa facilidad con que hasta principios de 1937 pudo escaparse la gente embarcándose provista de documentación falsa”. Antonio Montero Moreno, en su famosa Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939, asegura que Barcelona era el lugar desde donde más fácilmente se podía huir al extranjero, y por eso desde Madrid u otros sitios los perseguidos iban allí para embarcarse.

Pero el más contundente de los testimonios es el de Queipo de Llano. El 24 de agosto, en una de sus pintorescas charlas, dijo de Companys: “Ha dejado salir de Barcelona a más de cinco mil hombres de derecha, lo cual ha de aminorar sin duda la responsabilidad que pesa sobre él. ¡Dios se lo tenga en cuenta!” Dios sin duda se lo ha tenido en cuenta, pero Franco no.

Ante tales testimonios, ha de calificarse de falsa y gravemente calumniosa la afirmación del cardenal Gomá, en su carta a Pacelli del 12 de diciembre de 1936: la Generalitat ha salvado de muerte segura a varios sacerdotes de aquella región; “Es una obra buena, hecha por los fines políticos que es de suponer, por cuanto la designación previa de los que debían ser salvados, aparte de consideraciones de carácter personal, fue una verdadera selección de clérigos fautores de tendencias más o menos separatizantes”.

Algunos de los colaboradores de Companys en esta tarea humanitaria, como el consejero de Gobernación España o el de Cultura Ventura Gassol, tuvieron que huir también ellos, amenazados de muerte por salvar a sacerdotes y religiosas. Pero lo más lamentable es el desagradecimiento de los salvados. En sus relatos atribuyen la salvación a una especial providencia divina (o, en el caso de cierta religiosa, a un milagro de su Madre fundadora), sin dar las gracias a quien en todo caso había sido el instrumento providencial. Tampoco de parte de la institución eclesial ha habido muestras de agradecimiento. La Iglesia, y muy especialmente la Iglesia catalana, está en deuda con el Presidente Companys.