Acaba de darse un paso decisivo en el camino a la justicia para con los asesinados en 1989 en la universidad jesuita de la UCA (San Salvador), en aquella negra madrugada de luna: Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Amando López, Ignacio Martín-Baró, Juan Ramón Moreno y Joaquín López, jesuitas, y Julia Elba Ramos, cocinera de la residencia jesuita, y su hija de 15 años Celina Mariceth Ramola. No podía dejar de nombrarlos a todos por su nombre y apellido de mártir.

La Audiencia Nacional española ha condenado al ex coronel y ex viceministro de Seguridad de El Salvador, Inocente Orlando Montano, a la pena de 133 años y tres meses, 26 años y pico por cada uno de los cinco jesuitas asesinados de nacionalidad española, pues solo en su caso posee jurisdicción el tribunal español.

Me felicito. El alto tribunal ha reconocido solemnemente la verdad de los hechos, que solo se ocultaba a quien no quería ver: los ocho asesinatos “fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por miembros del alto mando de las Fuerzas Armadas, órgano al que pertenecía Inocente Orlando Montano como viceministro de la Seguridad Pública”. Ha confirmado que en la masacre participó el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani. Ha certificado que la cúpula del gobierno nacional cometió gravísimos delitos de violencia armada “con el fin de perpetuar sus privilegiadas posiciones”, y que mintieron y utilizaron todo su poder para hacer creer que las víctimas “actuaban como agentes de una confabulación socialista-comunista”, y con su teología de la liberación incitaban a los campesinos a “una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin”. Ha calificado los hechos como lo que son: “terrorismo desde el Estado”.

La dura y tajante condena judicial no bastará para devolver la vida a las víctimas, pero es una condición necesaria para dignificar su memoria, legitimar su causa y rehabilitar a todos los que, antes y después, dieron su vida por la misma causa en todos los lugares de esta Tierra martirizada. Es una forma de resucitarlos. La condena judicial de quienes cometieron tales atrocidades es, pues, justa y necesaria. No puede haber justicia sin verdad.

Pero me pregunto: ¿sería justo y necesario que los autores de tales asesinatos pasen años y años en la cárcel? ¿Beneficia a alguien que Inocente Orlando Montano sufra la tortura de la prisión no ya durante 133 años, sino incluso solo durante 3 años? ¿El sufrimiento que se le infligiera repararía el daño injusto y cruel que él infligió a sus víctimas, a sus familias y a su pueblo?

Si la cárcel –este modelo de cárcel– fuera el único medio de impedir que el ladrón vuelva a robar, el asesino a asesinar o el violador a violar, se podría justificar. Si sirviera para evitar que otros cometan tales delitos o para que los propios delincuentes se vuelvan mejores personas y ciudadanos, se podría comprender. Pero salta a la vista que no es el caso. La pena de prisión, por larga que sea, ni logra que disminuyan los delitos ni rehabilita, reeduca o resocializa a los delincuentes. Y si una sociedad desarrollada no se procura mejores medios para impedir que un criminal reincida en su crimen, equivale a reconocer que dicha sociedad ha renunciado a su desarrollo humano. No puede haber justicia sin reparación, pero la cárcel no repara ni al malhechor ni al malherido.

"Si una sociedad desarrollada no se procura mejores medios para impedir que un criminal reincida en su crimen, equivale a reconocer que dicha sociedad ha renunciado a su desarrollo humano. No puede haber justicia sin reparación, pero la cárcel no repara"

Pienso, por ello, que la cárcel ya es innecesaria y, por lo tanto, injusta. Me parece contrario a la ética que alguien, por malhechor que sea, acabe de perder su dignidad para nada en esos antros de inhumanidad sin luz ni piedad. Y esto vale para un criminal como Inocente Orlando Montano, para un miembro de ETA, un violador o un corrupto, aunque sea rey. Suena duro, pero es lo que pienso.

Y espero que nadie entienda que estoy defendiendo la inacción y la indefensión de una sociedad frente a quienes la destruyen –empezando, por cierto, por aquellos que la destruyen desde el poder económico o político–. Defiendo, por el contrario, que una sociedad humana y desarrollada, sensible y sabia, habría de buscar otros medios que no sean cárceles; otros medios inteligentes, humanizadores y efectivos para impedir el crimen, regenerar al criminal y, en primer lugar, curar las heridas de todas las víctimas. Y sostengo que esos medios alternativos están a nuestro alcance. Solo hay que querer.

Mientras sigamos atrapados en la lógica del crimen y la venganza, del delito y el castigo, no transformaremos esta nuestra historia interminable de victimarios y de víctimas. Mientras no seamos capaces de superar la mentalidad penalista expiatoria que subyace a nuestro sistema penitenciario, a pesar de lo que proclama la Constitución española, y no acertemos de edificar una sociedad justa y pacífica sin cárceles, no habremos logrado “revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección”, como escribió Ignacio Ellacuría.

Alba y Celina, Segundo, Ignacio, Amando, Ignacio, Juan Ramón y Joaquín: orad por nosotros. Quiero decir: que perdure vuestra memoria en nuestra vida, vuestro aliento en el nuestro, y que nuestros pasos sigan los vuestros, hasta que amanezca del todo, hasta que todas las condenas se truequen en justicia.

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