Unidos en comunión valiente y profética en defensa de los pueblos indígenas. Así se posiciona la Iglesia de Brasil, según el presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB). En sus palabras en el lanzamiento del "Informe sobre la Violencia contra los Pueblos Indígenas en Brasil", que tuvo lugar este 28 de octubre, Mons. Walmor Oliveira de Azevedo insistió en que la persecución a estos pueblos ocurre porque "no son fruto de la producción de dinero, del lucro, sino de la defensa de la tierra, del medio ambiente y de una cultura que siempre tiene mucho que enseñarnos".

El arzobispo de Belo Horizonte pidió la creación de una sensibilidad "para que no se perpetren tantos crímenes contra los pueblos indígenas". Mostró el apoyo explícito de la CNBB al Cimi (Consejo Indígenista Misionero) y a todos los que están a favor de las causas indígenas, afirmando que "valientemente, proféticamente, unimos nuestra voz para denunciar todo lo que es un crimen contra los pueblos indígenas". Según el presidente de la CNBB, el respeto a los pueblos indígenas es un capítulo fundamental en la reconstrucción de la sociedad brasileña, algo fundamental, porque "Brasil, lamentablemente es una sociedad de impunidad".

"La CNNB se mantiene al lado de los indígenas como parte del compromiso por la vida, especialmente esta vida más vulnerable", según Mons. Joel Portella Amado. El Secretario General de la CNBB destacó el papel de Cimi a lo largo de cinco décadas, "de resistencia, denuncia, persistencia, coraje y solidaridad". Según el obispo auxiliar de Río de Janeiro, no se puede dejar de sentir perplejidad por el rumbo que está tomando el país, afirmando que "un país se mide, entre otros aspectos, por la forma en que trata a su gente". Pidió la protección de la vida, el respeto y la verdad en la información como forma de consolidar la democracia en Brasil.

El Papa Francisco en Puerto Maldonado, algo que Mons. Roque Paloschi considera una visita histórica, y donde él mismo estuvo presente, dijo: "Nunca los pueblos originarios estuvieron tan amenazados como ahora". El presidente del Cimi resaltó que "es con esta voz de denuncia e indignación que traemos una vez más los datos de violencia y violación de derechos contra los pueblos indígenas".

El "Informe Violencia contra los Pueblos Indígenas en Brasil", desde 1996, es un importante instrumento de denuncia de la violencia y las violaciones que afectan a los pueblos originarios hasta hoy en el país. Los datos del año 2020, "reflejan la realidad de los pueblos indígenas en el segundo año del Gobierno Bolsonaro", según el arzobispo de Porto Velho. Insistió en que "mientras en el mundo hubo un momento de atención y cuidado, en Brasil, los líderes del ejecutivo propagaron discursos de odio, negacionismo, violando la Constitución Federal y abriendo los territorios indígenas a la falsificación de documentos, la soja, la minería, la deforestación, y un sinnúmero de otras violaciones contra los líderes indígenas que se oponen a la mercantilización de la vida y la tierra."

El arzobispo denunció cómo "las comunidades han sido expulsadas de sus tierras, los líderes han sido asesinados y las políticas anti indígenas han fomentado la división dentro de los pueblos indígenas". Mons. Roque Paloschi considera que es "una vergüenza para el país, que trata a sus primeros habitantes con tanta violencia, negligencia y prejuicios". Movido por la esperanza, pide que "los pueblos originarios, pueblos de antiguos perfumes, sigan perfumando el continente contra toda desesperación".

El presidente del Cimi destacó la terquedad de los pueblos indígenas en la defensa de sus derechos, recordando las movilizaciones del Levantamiento por la Vida y de las Mujeres Indígenas, guardianas y cuidadoras de la vida y la tierra, como algo que "nos llena de valentía para continuar la misión de denunciar una vez más la violencia y las violaciones contra los pueblos originarios". Por eso, Mons. Roque nos invitó a la solidaridad, "a escuchar el grito de los pobres y el grito de la tierra, que ya no puede soportar tanta explotación y tantas muertes".

Por último, se preguntó: "¿qué quedará para las generaciones futuras si seguimos con tanta explotación y muerte?”. Según el arzobispo, “la Iglesia sigue siendo aliada de los pueblos originarios, en su lucha por más vida, tierra y derechos, y reafirma su compromiso de denunciar todas las situaciones de muerte que atentan contra los pueblos originarios, que atentan contra la dignidad de las personas, que atentan contra la causa indígena, porque la causa indígena nos pertenece a todos”.

Brasil se enfrenta a "un retrato trágico para los pueblos originarios del país", según el Secretario Ejecutivo del Cimi, como consecuencia de la grave crisis sanitaria provocada por la pandemia. Antonio Eduardo Cerqueira, al hablar de la presentación, que "no es un placer, sino una necesidad", llamó a reflexionar sobre la postura del actual gobierno frente a los pueblos indígenas, mostrando diferentes ejemplos de esta situación.

El Informe, con más de 240 páginas, que recoge los datos enviados por los regionales y los misioneros del Cimi, fue presentado por Lucía Rangel, afirmando que "muestra una sociedad con el deseo de eliminar a los pueblos indígenas", que son considerados como no ciudadanos. El informe ofrece un panorama significativo de las diversas formas de violencia que se practican contra los pueblos indígenas en todo el país.

Un ejemplo de esto fue reportado por Ernestina Afonso de Souza, líder del pueblo Macuxi, de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol en Roraima. Mostró su tristeza por la situación que atraviesan los pueblos indígenas de Brasil, el aumento de la violencia y los crímenes contra los pueblos indígenas y la Madre Tierra, denunciando la falta de asistencia del gobierno federal a los pueblos indígenas.

Estos graves problemas están presentes en la Tierra Indígena Yanomami, también en Roraima, según Dário Vitório Kopenawa Yanomami. El vicepresidente de la Asociación Hutukara Yanomami denunció la presencia de más de 20.000 mineros ilegales y las graves consecuencias que provocan. A ello se suman las amenazas de muerte que sufren, el aumento del alcoholismo, las drogas y las amenazas a los pueblos aislados. También el aumento de enfermedades como consecuencia del mercurio que contamina el agua.

El Informe quiere, según Roberto Liebgott, "llamar la atención de las autoridades públicas para que se detengan las invasiones, de modo que este proceso genocida se detenga y los pueblos indígenas tengan sus derechos efectivamente garantizados". Según él, "el gobierno brasileño ha adoptado una especie de táctica de guerra contra los pueblos indígenas, contra sus territorios y contra sus derechos individuales y colectivos". Por ello, denunció "la entrega del patrimonio público a la saga devastadora de sectores que tienen como base la economía criminal".

El documento señala las amenazas contra los pueblos indígenas, según Luis Ventura, agente de Cimi Amazonas y Roraima. Afirma que se han incrementado "con la complicidad y aquiescencia de un Gobierno Federal que alentó las actividades ilegales dentro de las tierras indígenas y que se omitió de las acciones de protección y vigilancia de las tierras indígenas, que son sus obligaciones constitucionales". Por ello, insiste en que estamos ante "un instrumento de denuncia, y al mismo tiempo una llamada a toda la sociedad, a todas las instituciones públicas para que recuerden los esfuerzos en defensa de los derechos fundamentales, en defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas".