El cuidado de la Amazonía es una actitud cada vez más urgente, a la que la Iglesia católica quiere unir sus fuerzas, en una tentativa de acompañar a los grandes afectados por los continuos abusos cometidos contra esta región, los pueblos amazónicos, especialmente los indígenas. El pasado 7 de abril, la Amazonía ecuatoriana, una vez más sufrió las consecuencias del descaso y abusos a los que se ve sometida por las empresas extractivistas con el apoyo de los gobiernos de los diferentes países. En este caso fue un derrame de crudo de 15.000 barriles, el mayor de los últimos 15 años, que ha afectado a unas 120 mil personas.

Este miércoles, 29 de abril, la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), los Obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos y varias personas afectadas presentaron una acción de protección con medidas cautelares, en la que se piden medidas ante la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, al territorio de los pueblos y nacionalidades así como, a los derechos de la naturaleza por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, EP Petroecuador y la empresa privada OCP.

Como recoge la demanda, el derramamiento de crudo se pudo prever, ya que estas instituciones estatales y la empresa OCP fueron alertadas por expertos sobre la inestabilidad de la zona, por su cercanía con el volcán Reventador y su alta actividad sísmica, como por sus constantes deslaves y fuertes lluvias. En febrero de este año, tras el colapso de la Cascada San Rafael, expertos, una vez más, advirtieron que la erosión regresiva de los suelos causada por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair ponía en riesgo la infraestructura de los oleoductos. Sin embargo, ni el Estado ni la empresa actuaron.

La consecuencia inmediata ha sido la crítica situación de salud de aproximadamente 105 comunidades en las riberas de los ríos Coca y Napo, quienes dependen del río como fuente de agua y alimento diariamente. A esta situación, ya de por sí complicada, se unen la pandemia del COVID-19 y fuertes inundaciones en la zona. Todo ello desde la omisión del estado, que en ningún momento ha sido transparente, y la falta de alternativas para conseguir agua ni alimentos.

Ante esta situación, “si la Iglesia no se pronunciara sería un pecado de omisión, tenemos que denunciarlo con esta fuerza con la que nos invita precisamente el papa Francisco para estar ahí”, insistía Monseñor Adalberto Jiménez, obispo del Vicariato de Aguarico, quien también recordaba que no denunciar sería olvidar “el legado que hemos recibido de los otros misioneros”. Son misioneros y misioneras que han construido “una larga historia de misión antes de que llegase el petroleo, que han estado muy comprometidos con el pueblo indígena”. El obispo recordaba la figura de Alejandro Labaka, obispo del Vicariato, “que murió lanceado y que también fue un gran defensor de las comunidades indígenas”.

La realidad a la que se enfrenta la región es de muerte de la biodiversidad y de la vida, afirmaba Andrés Tapia, dirigente de la CONFENIAE, exigiendo que “el Estado ecuatoriano tiene que remediar y suspender todo tipo de actividades extractivas y optar por un desarrollo económico post extractivo”. En ese sentido, el dirigente indígena insistía en que “la explotación petrolera y otros minerales no son rentables, sólo son contaminantes del medio ambiente, lo cual tiene el rechazo rotundo del mundo entero”. Este tipo de situaciones se agravan en este tiempo de pandemia, que según Andrés Tapia, “le ha demostrado al mundo que la gente no vive comiendo petróleo, sino de la producción del campo, la producción de los pueblos indígenas y campesinos".

La defensa de la Amazonía y sus pueblos se ha convertido en una prioridad para la Iglesia, algo en lo que insistía Monseñor Adalberto Jiménez, recordando la invitación en ese sentido del Papa Francisco, que en la oración del Sínodo para la Amazonía, hacía una llamada a ser “discípulos misioneros que anuncien el Evangelio a los pueblos de la Amazonía y asuman la defensa de la tierra, de la selva y de los ríos de la región, contra la destrucción, la contaminación y la muerte”. Ese es un motivo a más por el que “alzamos este grito ante esta contaminación, ante este derrame de petroleo. Como Iglesia nos unimos a ellos", afirmaba el obispo de Aguarico.

Desde Amazon Frontlines, que forma parte del equipo legal de los afectados, Lina María Espinosa, denunciaba que “si bien la ruptura de los oleoductos, no ha ocurrido por disposición directa de ninguna autoridad, existen una serie de omisiones y negligencias que las autoridades y empresas demandadas”, insistiendo en que “el Estado no actuó en prevención de riesgo, por lo que insistimos que tiene responsabilidad por omisión”. Esa es una actitud que ha continuado después de la tragedia, pues como señala Monseñor Adalberto, “las autoridades locales, cantonales y nacionales han hecho muy poco, los noticieros han minimizado esta tragedia”. En ese sentido, el obispo se pregunta por qué no se colocaron mallas de contención allí donde el río es más estrecho, por qué no se avisó a las comunidades de lo que había pasado para prevenirse. Por eso, no duda en afirmar que “hay responsabilidad seria que debemos denunciarla, que debemos ponerla a la luz y que no se la trate de invisibilizar”.

La situación es tan grave que a más de 100 kilómetros de distancia de donde tuvo lugar el derrame, después que el agua ha bajado han quedado manchas de petroleo en la tierra de hasta 300 metros de longitud en algunas comunidades. Por otro lado, las enfermedades ya comienzan a aparecer, sobretodo en los niños, en quienes son frecuentes las erupciones en la piel. El obispo de Aguarico denuncia que las empresas “emplean a los indígenas para limpiar los estragos en las piedras de los ríos, que lo hacen porque necesitan el dinero, pero les está causando enfermedades”.

Desde las comunidades reclaman que lleguen las ayudas, algo apuntado por Carlos Jipa, Presidente de la FCUNAE y representante de los afectados. El líder indígena denunciaba que a las enfermedades provocadas por el petróleo se ha unido la amenaza del COVID-19, y lo que es más grave, que “el Estado, nuevamente no nos ha incluido en sus planes de emergencia. No sentimos discriminados”. En ese sentido, Monseñor Adalberto afirmaba que “debemos decir enfáticamente que la remediación que pretenden hacer de parte del gobierno de Ecuador no es la más adecuada, practican medios groseros”. Según el obispo, no se buscan soluciones de acuerdo con la realidad local.

El método que está siendo utilizado por las empresas, con el apoyo del gobierno ecuatoriano, es el de divide y vencerás, según el obispo de Aguarico, lo que él considera como algo perverso, pues “se está ayudando a unas comunidades y a otras no, lo que les hace pelearse a las comunidades”. A esto se unen otras amenazas, pues en estos días en una comunidad, según el relato del obispo, han visto encapuchados que han cortado árboles. Hay situaciones de atropello y van con todos los permisos del Ministerio del Ambiente.

Monseñor Adalberto destacaba el papel de la Red Eclesial Panamazónica – REPAM, recordando las palabras del cardenal Barreto en el Sínodo, agradeciendo a la REPAM porque “nos ha unido para trabajar al lado de los pueblos”, algo fundamental, dado que “somos unas hormigas al lado de estas multinacionales mineras y petroleras”, insistía el obispo. Según él, “ya no es solo ser la voz de los sin voz, la voz ya son ellos y nosotros estamos para respaldar”.

Finalmente, el obispo denunciaba la situación de la sanidad en una región de donde sale toda la riqueza del Ecuador. Se trata de una realidad dramática, “ahora, ante la pandemia, hay hospitales que no tienen ni siquiera un ventilador, inclusive no tienen ni mascarillas, ni siquiera paracetamol”. Monseñor Adalberto relataba que “los médicos denuncian que en caso de llegar un caso, los primeros en caer será el personal médico. No es posible esto, tenemos que gritarlo, esto clama al cielo, no podemos este pecado de omisión como Iglesia del Ecuador, como Iglesia amazónica, no podemos dejar de gritarlo”. Junto con eso, insistía en la necesidad de salir de “un romanticismo ecológico, que a veces manejamos a nivel internacional y de nuestro propio país, un ecologismo ligth que no asuma la realidad. La ecología integral está estrechamente a los derechos humanos y de las comunidades, y queremos que eso se defienda”.