El purpurado indio no tiene cuenta bancaria a donde habría desviado dinero La policía concluye que los documentos usados para acusar al cardenal Alencherry fueron "falsificados"
El responsable de la Iglesia siro-malabar, actualmente apartado, fue acusado de vender terrenos de la Iglesia sin la autorización de órganos eclesiásticos
| RD/AsiaNews
Las cuentas bancarias que han sido presentadas como pruebas contra el cardenal George Alencherry, responsable de la Iglesia siro-malabar (uno de los tres ritos de la Iglesia católica india) “fueron falsificadas”. Así lo estableció la policía de Kerala tras meses de investigación.
Los documentos a los que se refieren los agentes son aquellos inherentes al escándalo por la venta de terrenos de propiedad de la Iglesia a precio de liquidación. El cardenal fue implicado en el caso el año pasado. Un recurso presentado por la defensa del cardenal sostiene que la pruebas fueron inventadas con el objetivo de desacreditar a su persona antes del Sínodo de Obispos, que se celebró en Vaticano en octubre del año pasado.
El grupo de investigadores informa que el cardenal indio no posee ninguna cuenta bancaria, contrariamente a lo que sostiene la acusación. K A Vidyadharan, el vice superintendente de policía de Aluva, declara que “se ha probado que el cardenal no posee cuentas bancarias utilizadas para la transferencia de dinero […] Sin embargo, aún no hemos descubierto la fuente que ha falsificado los documentos”.
El procedimiento contra el Card. Alencherry, dos sacerdotes (el Padre Joshy Puthuva y el Padre Sebastian Vadakkumpadan) y el intermediario, Saju Varghese, se remonta a marzo del año pasado, cuando la Alta Corte de Kerala ordenó que se diera curso a una investigación. Según la parte querellante, el Sr. Shine Varghese de Cherthala, los cuatro hombres habrían vendido algunos terrenos en Kochi, pertenecientes a la arquidiócesis de Ernakulam-Angamaly, sin contar con previa autorización de los órganos eclesiásticos ni de los asesores financieros de la diócesis.
Las venta de los terrenos tuvo lugar en el período comprendido entre el primero de abril de 2015 y el 30 de noviembre de 2017. El cardenal también quedó expuesto públicamente cuando 220 sacerdotes locales organizaron una manifestación por las calles, exigiendo al purpurado las explicaciones del caso.
Para los que lo acusan, la “insensata” operación inmobiliaria habría costado a la Iglesia una pérdida de millones de dólares, en comparación con el precio de mercado.
