"Ni Gaztelueta, ni su dirección, ni su consejo de administración, ni el AMPA del Centro ni Ocáriz tienen derecho a la impunidad desde la insolencia" El 'caso Gaztelueta', el coraje de Francisco y los enemigos del Papa

El Papa Francisco, contra viento y marea, dirige una cruzada por la reforma de algunos hábitos instalados en la iglesia que distorsionan y han distorsionado la profundidad del mensaje auténtico que debe presidir el cristianismo. Porque más allá de la generalidad, comportamientos como el de la trama del caso Gaztelueta, urdida desde la mente pseudo andragathíca de algunos próceres de la Congregación para la Doctrina de la Fe con extensiones en el clan español de Don Silverio y en el Opus Dei dirigiendo además al colegio vizcaíno llamado Gaztelueta, hacen flaco favor a la imagen de la iglesia

Aquella visita concertada mediando engaño y mentira, por Rafael Felipe y el propio cura comisario Silverio con la familia y el niño abusado en el colegio de Leioa por un profesor de religión, numerario de la Obra, tuvo un desarrollo más que cuestionable siendo generosos en el calificativo.

Un interrogatorio de fondo que buscaba mediante el dibujo de un croquis del despacho donde se perpetraron los delitos, por parte del joven agredido, alterar el escenario del crimen, para intentar hundir la credibilidad de la víctima convirtiéndole en verdugo y transformando al auténtico verdugo en inocente. Así lo trasmitió Silverio, supuestamente y siguiendo las normas de procedimiento canónico aplicables al caso, con el conocimiento del obispo de la diócesis, en aquellos días Mario Iceta, y con el grotesco aplauso de Imanol Goyarrola, director del centro y de todas aquellas personas del entorno del colegio de la obra corporativa, incluyendo a un AMPA que lejos de atender a la víctima de pederastia, corrió a defender al delincuente.

Un escenario dantesco, en el que la víctima tuvo que soportar junto a sus padres los ataques corporativos de una infame legión de perversos individuos, capaces, lo siguen siendo, de intentar dañar a una víctima de pederastia, después incluso de ser vejado y abusado por un profesor que ha sido continuamente y sin excepción alguna, condenado por las instancias judiciales de este país.

"Un escenario dantesco, en el que la víctima tuvo que soportar junto a sus padres los ataques corporativos de una infame legión de perversos individuos, capaces, lo siguen siendo, de intentar dañar a una víctima de pederastia, después incluso de ser vejado y abusado por un profesor"

El algodón no engaña, los hechos probados de una sentencia tampoco. Aún y con la rebaja peculiar de una condena de once años, hay que recordar que existen hechos probados y que quienes intentan seguir desacreditado el testimonio de la víctima pretenden hacerlo obviando este inevitable detalle aunque luego hablen en comunicados lamentables de acatar las sentencias.

Aceptar y cumplir el contenido de una sentencia en firme no entra en sus planes. A los hechos hay que remitirse. El primer contacto de la familia con Gaztelueta, allá en el primer semestre de 2011, llevó ante la pasividad de la dirección del colegio a tres peticiones: reconocimiento público y expreso de la víctima, petición de perdón publica y expresa y reparación moral.

Pues bien, cuando han transcurrido más de diez años, el colegio no ha accedido a ninguna de las peticiones, más grave aún cuando el profesor ha sido condenado en firme por abusos continuados en sede del centro y cuando el Vaticano lleva camino de rectificar aquella tramposa investigación llevada a cabo por un siniestro personaje y de depurar responsabilidades y sanar el dolor de un niño agredido por un adulto que usó su condición de superioridad de un modo intolerable y cobarde.

Lo que está haciendo el colegio Gaztelueta y el propio Opus Dei con mi hijo debiera ser un ejemplo a enmarcar para que quienes incitan al odio a una víctima de pederastia, sean debidamente sancionados y corregidos. Igual que quienes hicieron trampas en una presunta investigación canónica no sujeta a garantías jurídicas deberían ser apartados de sus responsabilidades y sancionados de un modo ejemplarizante. Porque es hora de ir construyendo jurisprudencia positiva, un campo de aterrizaje para todos y todas aquellas víctimas y supervivientes de delitos de violencia sexual contra la infancia y la adolescencia que contribuirá a sanar sus graves heridas. Aquel comportamiento de los soldados y el general del crucifijo de cristal, príncipes de la iglesia debe ser denunciado y condenado para que no vuelva a suceder, para dejar paso al crucifijo de madera y a los pastores eclesiásticos.

Más allá del Caso Gaztelueta que pasará a la historia como un ejemplo de vergüenza, indignidad e infamia, están la infinidad de casos de pederastia denunciados en todas las instancias de los poderes públicos, incluyendo por supuesto el Defensor del Pueblo. Hay que valorar el esfuerzo y el empeño de las víctimas, de todas las víctimas. Un colectivo heterogéneo en detalles, pero homogéneo en sus justas reivindicaciones.

Hay que arrimar el hombro y seguir en este camino de luz y verdad, incluso por encima de la justicia. Porque a veces incluso la sanadora justicia es incapaz de dar luz a tanta oscuridad, cimentada esta en el esfuerzo de algunos y algunas por encubrir y trampear unos gravísimos delitos contra la infancia que además son también una cuestión de Salud Pública.

Es hora de que actitudes como la del colegio Gaztelueta y su patrón, el Opus Dei, reciban por parte de la sociedad civil, los poderes públicos y la jerarquía canónica lo que sin duda merecen habida cuenta de su obcecada ruta descalabrada que jurídicamente hablando puede debatirse si no podría tipificarse como una flagrante incitación al odio. Porque ni Gaztelueta, ni su dirección, ni su consejo de administración, ni el AMPA del Centro y mucho menos Ocáriz tienen derecho a la impunidad desde la insolencia. Corregir, denunciar y sancionar estas actitudes, forma parte de la labor de todos y todas, por buscar una sociedad más reforzada en sus cotas de bienestar y justicia social.

"Ni Gaztelueta, ni su dirección, ni su consejo de administración, ni el AMPA del Centro y mucho menos Ocáriz tienen derecho a la impunidad desde la insolencia"

El primer procedimiento canónico del llamado Caso Gaztelueta está a punto de iniciar su curso, con las garantías jurídicas que antes no existieron y sin la inclusión de trileros y comisarios políticos encubiertos. Es un gran paso en la búsqueda de la dignidad de las víctimas y supervivientes de pederastia pero que nadie lo omita, también de la dignidad de una institución que tenía una deuda pendiente con la transparencia, la imparcialidad y el respeto a sus víctimas. Porque las conclusiones de una investigación viciada de raíz, a las que Ocáriz, José María Martínez Sanz y el colegio Gaztelueta pretenden agarrarse como indicio de inocencia, ya caducado de sobra, también en la justicia ordinaria, no son conclusiones. Son delirios.

Que ya lo reflejó el dramaturgo español nacido en Méjico, Juan Ruiz de Alarcón:

“Que la boca mentirosa
incurre en tan torpe mengua,
que solamente en su lengua
es la verdad sospechosa.”

La verdad en estos personajes ya ni siquiera es sospechosa, en lo que al caso Gaztelueta se refiere fue y es una mentira tan grande como escandalosa.

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