Antonio Aradillas La Iglesia y la Constitución (y II)

(Antonio Aradillas).- Si el patrono de la Constitución Española en relación con la Iglesia pudiera haber sido declarado el Cardenal Tarancón, no pocos laicos abogarían porque el co-patrono lo fuera Santiago Carrillo, Secretario General del PCE. Este, en su tierra asturiana, se expresó así, días antes de la aprobación de la Constitución:

"La Iglesia es una fuerza socio-política y moral a tener muy en cuenta. En nuestro país, -aparte sus contenidos espirituales- tiene un gran peso social. Pero no creo que en estos momentos sea un obstáculo para la democracia. Lo sería si se volvieran atrás de sus concepciones socio-políticas actuales. En el seno de la Iglesia hay corrientes muy favorables para el pluralismo. Y representa una cierta garantía en el proceso democrático. Nos esforzamos en no hacer guerra de religión. La Iglesia y el Estado pueden llegar a entenderse perfectamente... No se puede dudar sobre el carácter social de las Universidades de la Iglesia y concluir que favorecen los intereses capitalistas. La Iglesia merece un trato especial. Yo soy ateo, pero en este país hay muchos creyentes y en él la Iglesia tiene un peso muy grande. Es lo que nos faltaba: que en este país hubiera una guerra religiosa".

La condición de anti-patrono en la relación Iglesia-Estado con ocasión de la Constitución Española, se le adjudicaría, entre otros y de modo representativamente episcopal, a Mons. Guerra Campos, ex -procurador en las Cortes franquistas, ex Secretario de la Conferencia Episcopal Española e instigador principal del triste y desolador proceso de la desaparición arrasadora de la Acción Católica y de sus Movimientos Especializados.

A título de ejemplo, el citado Mons. comentó así el artículo 31 de la Consttitución:

"Me parece un engaño de todos los partidos responsables, contra el pueblo español, ya que nos habían asegurado, que para llegar a un consentimiento que facilitase la convivencia, las únicas renuncias exigibles serían las de aceptar en la Constitución omisiones o deficiencias en cuanto a los ideales de cada ciudadano o sector de ciudadanos, pero nunca el poner estos en el compromiso de tener que votar contra su conciencia, o de condicionar el voto al conjunto de la Constitución a un punto que va contra la conciencia de muchos". Mil sacerdotes firmaron por entonces un documento antidivorcista en el que invocaban la ley natural.

Los obispos, a través de la Comisión Permanente del Episcopado, reconocieron en el texto constitucional "unos valores intrínsecos innegables, junto al dato esperanzador de haber sido fruto de notable colaboración y convivencia". Manifestaron a la vez sus temores y declararon que "eran ejenos a las reservas que se le ponen desde la visión cristiana de la vida, por ejemplo, en materia de derechos educativos o de estabilidad del matrimonio". Finalmente exhortaron a los creyentes "a actuar como ciudadanos libres, adultos en su responsabilidad política y solidarios con el porvenir del pueblo español..."

Esto no obstante, pertenece a la historia el "antidocumento", o "documento colectivo", preparado por un grupo de obispos, al frente de los cuales figuraba don Marcelo González, Cardenal arzobispo de Toledo, primado de España, que, al margen de lo acordado en la Asamblea Plenaria, se publicó en las diócesis de los obispos asistentes. "La omisión del nombre de Dios; la falta de referencia a la ley natural; la carencia de garantías en la libertad de enseñanza; el divorcio, el aborto... son considerados como graves pecados del texto constitucional, merecedores del NO por parte del pueblo cristiano español".

A esta conclusión llegaron el Cardenal primado y los obispos Peralta Bellabriga, Temiño Sáiz, García de la Sierra, Gastán Lacoma, Mansilla Reollo, Franco Gascón, Barrachina Esteban y Guerra Campos. No coincidió con el criterio de estos obispos el de un grupo de veinte teólogos de la Universidades Pontificias de Salamanca y Comillas. Posteriormente se supo que Mons. Guerra Campos había sido el redactor de la llamada "Pastoral de don Marcelo" quien, por cierto, "el día de la Inmaculada recibió un calurosísimo aplauso en la catedral toledana".

El bendito, santo y sensato don Gabino Díaz Merchán, entonces arzobispo de Oviedo, se desgañitaría repitiendo una y otra vez, en reiteradas y adoctrinadoras declaraciones, que "la acusación de "atea" que se le hace a la Constitución carece de todo fundamento". "Cristianos por el Socialismo" "valoraron positivamente el hecho de la Constitución, por cuanto que supone una ruptura con la dictadura anterior y reconoce la soberanía popular y las libertades democráticas..." lamentando no obstante que en la Constitución se haga mención expresa a la colaboración del Estado con la Iglesia católica, privilegiándola además sobre las otras confesiones religiosas. "

En todo el proceso constitucional cristiano, resplandecieron siempre, y con luz propia, estas palabras del Cardenal Tarancón, con rima o sin ella, a "paredones de muerte: "La Iglesia no deberá patrocinar ningún partido, lleve los apellidos que lleve, respetará las decisiones del pueblo, colaborará con cualquier grupo político que defienda los derechos del hombre y la libertad; no se callará cuando se violen los derechos y las libertades; defenderá a los más humildes y, en una palabra, la independencia: que nadie espere comprar nuestro silencio ni nuestra alabanza" .