"La finalidad primera de la liquidación siempre ha sido y será atender a las múltiples víctimas de abusos de la familia sodálite" Ante la supresión definitiva del Sodalicio, arrecian los ataques contra Mons Bertomeu, el comisario para su liquidación nombrado por Francisco

Según fuentes vaticanas, en las primeras semanas de abril (en caso de completarse todos los trámites administrativos necesarios), se procederá a la intimación de los decretos de supresión de los entes fundados por el laico peruano Figari Rodrigo: Sodalicio de Vida Cristiana, Fraternidad Mariana de la Reconciliación, Siervas del Plan De Dios y Movimiento de Vida Cristiana, con casi 25.000 fieles implicados.

A partir de dicha notificación, se completará la supresión definitiva del Sodalicio ya en curso, así como de los otros tres entes señalados. Un proceso, por otra parte, irreversible desde que el Santo Padre tomó la decisión definitiva a finales de diciembre de 2024.

Los decretos de supresión fueron emanados el 14 de enero de 2025 por el Dicasterio para la Vida Consagrada (ICVSVA) y aprobados en forma específica el mismo día por el Papa Francisco.

Aquel martes, el Santo Padre también nombró a Mons Jordi Bertomeu Farnós (Tortosa, 1968), oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, como único Delegado plenipotenciario para asistir a los Consejos Generales de dichos entes en el proceso de supresión y, una vez notificados los decretos, para que fungiese como Comisario para la Liquidación de los bienes de los mismos y para gestionar las futuras incardinaciones diocesanas de los clérigos del Sodalicio.

Para esta labor, el Santo Padre dispuso además que la Secretaría de Estado continuase ofreciendo la condición de diplomático a Mons Bertomeu, como ha venido haciendo desde julio de 2023, fecha en que comunicó al gobierno peruano (y así fue acogida por este) el envío de una misión especial diplomática constituida entonces por el arzobispo Scicluna y por Mons Bertomeu.

Mons Bertomeu es, por tanto, diplomático no de carrera sino por la función, mientras tenga encomendadas dichas misiones especiales. La inmunidad diplomática sirve, en este caso, más como protección de las víctimas del Sodalicio que del propio Bertomeu, pues en sus manos está el poder completar satisfactoriamente esta compleja investigación e intervención interna eclesial.

Como señalan fuentes del Dicasterio para la Vida Consagrada, el proceso que lleva a una supresión de esta envergadura es muy complejo: además del problema de las personas que con buena intención se adhirieron a los mismos, son muchos los bienes que, originados en un ente eclesiástico que debe ser suprimido, están de hecho en manos privadas o sociedades civiles solo indirectamente relacionadas con el ente eclesiástico original.

En el estudio durante el proceso de supresión del Sodalicio que realiza el Vaticano está siendo una prioridad la definición de los límites de responsabilidad civil y penal que tales entes hayan podido incurrir en la gestión económica y financiera de sus bienes. De este análisis no están exentos las sociedades y otros entes civiles de la órbita del Sodalicio, algunos de ellos muy sospechosos de haber cometido presuntos delitos de defraudación fiscal y lavado de activos en Perú y en sociedades offshore de Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Colorado (USA).

Por eso, antes de la supresión definitiva (en este caso la notificación de unos decretos ya firmados), es necesario clarificar la propiedad de todos los bienes en cuestión, distinguiendo netamente los que son eclesiásticos de los que no lo son. De ello depende la viabilidad futura de una reparación económica justa de todos los afectados por la existencia de tales grupos religiosos abusadores.

Prueba de ello está siendo la intensa labor que Mons Bertomeu está realizando estos tres últimos meses. Que se sepa, ha estado en Perú, Ecuador, EEUU, Brasil y, ahora mismo, en Filipinas, investigando y clarificando la condición de los bienes que, una vez notificados los decretos, servirán para la reparación económica de las víctimas.

Por expresa voluntad de Francisco, el principal objetivo de esta liquidación no es, por tanto, como algún malintencionado difunde, la entrega de los bienes del Sodalicio que sean eclesiales (los menos) al patrimonio de la Santa Sede.

Como está escrito en los mismos decretos de supresión, que se harán públicos en el momento de la notificación, la finalidad primera de la liquidación siempre ha sido y será atender a las múltiples víctimas de abusos de la familia sodálite y acompañar en lo posible a los miembros de la misma que no quieran seguir con su consagración religiosa.

Por otra parte, formaría parte de la misma campaña de desinformación, en la que medios sin escrúpulos participan gustosamente, afirmar que Mons Bertomeu, Comisario para la liquidación de los bienes e incardinación de los clérigos, ‘ha constituido ya un equipo’, dado que la misma liquidación aún no ha tenido lugar, ni tan siquiera ha empezado y no está previsto que ello ocurra sino hasta dentro de unas semanas. Si no hay aún supresión, no puede existir tal liquidación.

Las mismas fuentes vaticanas señalan que un equipo de liquidación como el mencionado se constituirá con expertos legales del país en el que están los bienes a liquidar, bajo la dirección y coordinación del Comisario para la Liquidación.

Entre otros países, el Comisario deberá personarse en Perú, EEUU, Colombia, Ecuador, Brasil, Australia, Italia, Filipinas, Argentina y Chile. Algunos de los miembros de este equipo, en su condición de nacionales del país en cuestión, asumirán la representación legal para la validez de los actos jurídicos.

De lo dicho se deduce que lo publicado recientemente por un periodista de El Español y rebotado intencionalmente por algún medio amarillista peruano no obedece a la verdad de los hechos.

Más bien, como alguien ha publicado en las redes, está viralización de fake news sobre Bertomeu forma parte de la estrategia de algunos ‘sicarios mediáticos’ enviados a desprestigiar y, en lo posible, a reventar la supresión del Sodalicio. Tarea, por lo demás, imposible, por lo irreversible del proceso.

Como señala Gabriella Zucchi en el prestigioso Il Regno, el 15 de marzo de 2025, el Sodalicio, en su comunicado del 1 de febrero pasado, ha subrayado de nuevo "su adhesión a las decisiones pontificias y su empeño en colaborar del mejor modo posible en este proceso, precisando que se disocia de cualquier publicación y/o declaración pública contraria al Santo Padre o a los delegados nombrados por la Santa Sede".

Y lo cierto es que las declaraciones contra el Papa, ciertamente, no han faltado. Por ejemplo, el periodista Alejandro Bermúdez, ex director de ACI Prensa, expulsado el 25.9.2024, que, en su podcast del día siguiente 'Punto de vista',  afirmó su intención de apelar al próximo Papa, porque "el deterioramiento de este pontificado ha llegado a un nivel trágico y empeorará aún" mientras Francisco esté vivo. En su podcast del 5 de febrero, Bermúdez acusó a Bertomeu de querer solo hacerse con el dinero del Sodalicio, de haber construido una campaña mediática malévola para destruirlo, al tiempo que manifestaba su oposición a que la comunidad sodálite negociase con él.

Zucchi y otros analistas internacionales que siguen la actualidad de la Iglesia no dejan de señalar estos días que la decisión de Francisco sobre el Sodalicio, ejecutada por Mons Bertomeu, marca el compromiso definitivo de la Iglesia en la lucha contra aquellas entidades eclesiales originadas en un falso carisma y con numerosos miembros hallados culpables de abusos sexuales, de poder, espirituales, psicológicos e incluso con sospechas de graves ilícitos económicos.

La Iglesia, tras 25 años de lucha contra los abusos de menores cometidos por clérigos, abre una nueva etapa en la promoción de una "cultura del cuidado" (Francisco, 20 de agosto de 2018), al poner en el punto de mira los comportamientos abusivos sectarios contra los más vulnerables (incluso adultos) y los ilícitos económicos cometidos por holdings que operan con impunidad, aprovechándose del amparo del derecho eclesial y canónico.