El mallorquín Josep Buades Fuster sj lleva casi tres décadas trabajando en el campo de las migraciones vinculado a diferentes proyectos de la Compañía de Jesús. Desde junio de 2018 dirige la Asociación Claver, una de las entidades sociales de la red del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y en la actualidad también coordina el equipo SJM-Frontera Sur, cuyo último informe, Buscar salida, fue presentado el pasado 16 de diciembre. Los temas de fondo que trata el informe son sustanciosos y en él se encuentran referencias a la situación migratoria que se vive en Canarias, cuya dinámica tiene muchos puntos en común con Melilla. 

Se dedica al tema migratorio desde comienzos de la década de 1990. ¿Cómo ha evolucionado esta problemática a lo largo de los años? 

Entre la década de 1990 y los años 2009 o 2010, los movimientos migratorios se dirigían sobre todo hacia España. A raíz de la crisis de 2008 empezó a suceder a la inversa: creció la emigración de población española a la vez que se reducía la inmigración. En esa época hubo personas que retornaron a sus países de origen, normalmente tras haber adquirido la nacionalidad española. A partir de 2015 y 2016, sin embargo, volvieron a crecer los movimientos migratorios hacia España dada la mejora de la coyuntura económica. 

Si en 2019 la población residente en España creció en torno a las 400.000 personas, en el 2020, con el cierre de fronteras aéreas esta cifra ha bajado muchísimo. Y la poca immigración que ha habido ha llegado a través de la Frontera sur y Canarias. Es cierto que en 2020 se ha intensificado la inmigración hacia las islas, pero las 40.000 personas que aproximadamente han entrado según datos del Ministerio de Interior son en cualquier caso una cifra muy baja en comparación con los 8 millones de turistas que pasan cada año por Canarias.

Visto así, no parece mucho.

No lo es. Pero la naturaleza clandestina e irregular de estas entradas en el territorio (aunque muchas de estas personas pierdan la vida en el trayecto o reúnan los requisitos para solicitar protección internacional) hace que se genere un estado de opinión como si se tratara de una invasión, precisamente en un momento en que la cifra de entrada de personas migrantes es la más baja de los últimos tiempos. En abril de 2021 tendremos los primeros datos provisionales de empadronamientos y entonces podremos medir con más precisión el saldo migratorio de este 2020. 

La dinámica migratoria que se vive en Canarias tiene puntos en común con la de la Frontera sur. ¿Cuáles son?

La frontera terrestre ahora está cerrada y esto hace que sea muy poca la poca gente que entra por Melilla. Las pocas entradas que hay tienen lugar a nado, o a través de algún tipo de embarcación como motos acuáticas, por ejemplo. En este 2020 no hemos visto en la Frontera sur tantos subsaharianos de Mali, Guinea, Camerún, como era habitual, pero sí pequeños grupos de sudaneses y eritreos. Lo que equipara la Frontera sur y Canarias son las políticas de fondo, que aunque vienen dictadas desde del Ministerio del Interior todo hace pensar que proceden de la UE. Una de las cosas que más y mejor ha mostrado la prensa es la política de minimizar los traslados hacia el territorio europeo continental. Es una política que de algún modo obliga a las personas migrantes a aguantar el máximo de tiempo en esta lamentable situación con el propósito de hacerles entender que no tendrán fácil llegar a donde se propongan y a su vez hacer que otros entiendan que no les conviene venir por aquí.   

"La política de la UE de minimizar los traslados hacia el territorio europeo continental obliga a las personas migrantes a aguantar el máximo de tiempo en esta lamentable situación para hacerles entender que no lo tendrán fácil"

 ¿Cuáles son las consecuencias de pasar mucho tiempo en lugares como Melilla o Canarias?

En el caso de Canarias, hablamos de personas que llevan allí poco tiempo dado que el fenómeno se ha intensificado durante los últimos meses. En cambio, sí hay quienes se han visto obligados a pasar ya mucho tiempo en Melilla. Hace pocos días se dio el caso de un solicitante de asilo yemení que a pesar de estar en posesión de la Tarjeta roja [documento acreditativo de la condición de solicitante en tramitación de protección internacional] lleva más de un año y medio en Melilla sin poder salir. Y un solicitante de asilo documentado, según el Tribunal Supremo, tiene el derecho fundamental a la libre circulación por todo el territorio nacional. De modo que el chico está desesperado hasta el punto de querer suicidarse. 

Este tipo de situaciones también se dan en Lesbos. 

Claro, de hecho es la misma política europea la que está propiciando casos como este que comentaba. Cuando se trata de solicitantes de protección, los estados miembros se preocupan mucho por evitar lo que se conoce como ‘movimientos secundarios’. Lo que sucede es que las personas que entran a la UE a través de un estado miembro tienen que solicitar protección en dicho estado. Sin embargo, muchas de estas personas a menudo tienen familiares o redes de apoyo en otros países, con lo que a menudo necesitan desplazarse a través de estos movimientos secundarios que la Unión desea evitar a toda costa. 

En el Informe CIE 2019 de SJM, del cual usted es el principal redactor, se destaca que la experiencia de vaciado de los CIE durante la pandemia fue muy positiva. 

El vaciado de los CIE fue una decisión política con una base jurídica muy sólida, un acto de lucidez increíble. El internamiento es una medida cautelar para asegurar la ejecución de una orden de expulsión o de un procedimiento de devolución. Este internamiento ha de ser autorizado por un juez y en un plazo máximo de 60 días. Cuando las fronteras internacionales se cierran y se prevé, razonablemente, que no será posible ejecutar las expulsiones, el internamiento deja de tener sentido. 

Así, tal como explicamos en el Informe, durante la pandemia se empezó poniendo en libertad a quien contaba con domicilio propio o redes de apoyo. Los Ministerios del Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se coordinaron para realojar en centros de acogida humanitaria a las personas internas que no los tenían. Fue destacada la intervención del Defensor del Pueblo, de los juzgados de control de estancia en los CIE respectivos, y de la sociedad civil. Sin embargo, la clave estuvo en que el Comisario General de Extranjeríay Fronteras impartió instrucciones para que el Cuerpo Nacional de Policía no solicitara autorizaciones de internamiento mientras permanecieran cerradas las fronteras. Y por otra parte, el Fiscal de Extranjería impartió instrucciones para que los fiscales de extranjería informaran desfavorablemente las solicitudes de autorización de internamiento que pudieran llegar. Fueron sin duda decisiones correctas que se tomaron a partir de una adecuada interpretación del ordenamiento jurídico. 

No obstante, al final estos centros fueron reactivados en septiembre de 2020 tras la presentación del Nuevo Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo. 

Porque precisamente este acuerdo recomienda servirse del internamiento y aumentar el número de expulsiones, o retornos, si empleamos la terminología de la UE. De modo que el Ministerio del Interior, para hacer ver que tiene espíritu europeo, ordenó la reactivación de los CIE tras la aprobación del pacto. 

Se habla poco de las razones que empujan a las personas migrantes a huir de sus casas. Una de las causas es la gran afluencia de barcos pesqueros europeos faenando frente a las costas de países como Senegal o Gambia.

 Bueno: somos consumidores de pescado, y lo pescamos donde lo hallamos. Hay unos pocos que se benefician de los cánones para pescar en aguas de tal o cual país, pero los pescadores tradicionales sufren la competencia de barcos con medios técnicos superiores. Es bueno consumir pescado, pero también hay que saber las consecuencias de nuestros hábitos de consumo. No me gustaría hacer unas declaraciones moralizantes, más bien pedir conciencia.