Editorial Desde la fe / 12 de marzo.- Al momento de ser promulgada, la Reforma Energética fue exhibida como de las más trascendentes desde 1917. La clase política la celebró en grande. En agosto de 2014, su promulgación fue hecha con bombo y platillo, una “reforma esperanzadora”, con vocación social, que insiste en la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos y reafirma su rectoría en áreas estratégicas para asegurar que la riqueza energética se traduzca en bienestar para todos.

El recurso demagógico fue inmediato: echar mano de los pobres. La “magnífica reforma” se sostendría en este enfoque de beneficio popular; las entidades de la administración pública tendrían mayores recursos para programas sociales, de educación y desarrollo de los sectores de la población más vulnerable y desprotegida.
Una de las promesas de la reforma parece dar resultados, es decir, el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado. Comisión Federal de Electricidad (CFE), por ejemplo, tuvo utilidades netas de 85,517 millones de pesos en 2016. Lo anterior podría aplaudirse, pero queda lejos de la insistente “vocación social” que se pretendía.

Y es que la población carga con el fardo más desigual de esta grandísima fuente de riquezas de algunas empresas, sean de participación estatal o privadas, engrosando los bolsillos de pocos. El mazazo en el alza de los energéticos de inicios de año hizo sentir la presión social que cambió la estrategia en la liberación de precios, cancelando el gasolinazo de febrero para pasar a la fluctuación diaria de las tarifas que han variado de cinco a ocho centavos en el precio en las noventa regiones del país. El resultado es más que evidente. Aunque negado por las autoridades hacendarias, la inflación de más del 4 por ciento, en el primer trimestre del año, impactó la economía de las familias mexicanas.

Otro escenario es el incremento desmedido en el precio de los energéticos ordinarios: luz y gas. A inicios de marzo, el tratamiento de electroshock fue recetado a las industrias y hogares con el aumento de tarifas de entre el 13 y 17.2 por ciento, alzas significativas que rebasaron las expectativas de ajuste mensual discreto. El precio del gas doméstico no fue la excepción. A inicios de año, el precio del energético se incrementó hasta un 21 por ciento.

La decantada Reforma Energética, conforme pasa el tiempo, se desinfla por la insuficiencia argumentativa que la pretende defender. Marañas y marañas, verborrea y retórica, exhiben lo que jamás se previó cuando fue creada. No hubo sensibilidad social y sí mucha voracidad excusada en demagogia, que nos recetan todos los días con la pueril advertencia: de no haberse liberado el precio de los energéticos, se hubieran recortado programas sociales.

Lo que menos ha interesado es que esa riqueza llegue a los que menos tienen. Discretos ajustes, con cosméticos arreglos de austeridad, engañan al público cuando salen a la luz escandalosas notas sobre qué altos funcionarios ganan más, y cuando, de acuerdo a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, con motivo del análisis de la Cuenta Pública 2015, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la de Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA), principales órganos para combatir la pobreza y el hambre, otorgaron millonarios contratos sin mediar licitación alguna.

La Reforma Energética ya resulta sumamente cuestionada por su impacto social que desestabiliza el futuro de los sectores más vulnerables. Sus beneficios enriquecen a pocos y, lamentablemente, comienzan a crear nuevas generaciones de pobres. Cada día, usuarios y consumidores se rascan los bolsillos para que, centavo a centavo, contadas manos aglutinen la riqueza, a pesar de las promesas de que todos, sin excepción, se beneficiarían con las reformas estructurales.

En este momento, las palabras del Papa Francisco cobran mayor vigencia cuando, en febrero de 2016, las dijo en tono profético durante su visita a México: “Cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos, en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo”. Y las reformas estructurales van por ese camino: el de la desigualdad.