Javier Novel, Obispo de Solsona, una diócesis situada en la provincia de Lérida, votó el referéndum del pasado 1 Octubre, como certifica la fotografía adjunta. Alrededor de 400 eclesiásticos catalanes -distintas versiones, sobre la cifra exacta- firmaron e hicieron público un escrito a favor del referéndum, pocos días antes de su celebración. Estas posturas, evidentemente, no coinciden con las de otros muchos miembros de la Iglesia catalana. La división de ésta es un hecho innegable, que merece alguna consideración.


Fracturación y división
El hecho de la fracturación y la división sobre un hecho claramente político, dentro de la Iglesia, no es a la fuerza un motivo para el escándalo.

José Joaquín Castellón, profesor de ética y durante un tiempo director del Centro de Estudios de Teología de Sevilla, ha publicado un oportuno artículo ("Fe cristiana versus nacionalismo", "Huelva Información" y otros periódicos de la Cadena Joly, 6 Octubre 2017), en el que resalta "la distancia que separa la fe cristiana de las ideologías políticas" y constata que "entre personas de una misma fe pueden darse posturas ideológicas distintas e incluso contrarias"; más concretamente, "un cristiano puede ser monárquico o republicano, independentista o no, la fe no define esas disyuntivas políticas"; tampoco determina el Evangelio "si es el pueblo catalán o es el pueblo español en su conjunto el que tiene derecho a definir su futuro político autónomamente". Expone el articulista su opinión personal contraria al referendum y al independentismo, pero dejando claro que "así lo creo, como ciudadano, sabiendo que mi postura es opinable, y que puede ser matizada: no reivindico para ella ningún aval sagrado, sólo razones morales y humanas".

Los alrededor de 400 que firmaron el manifiesto a favor del referéndum eran representantes de todo los estamentos del universo católico catalán: sacerdotes y diáconos de todas las diócesis catalanas, representantes de diversas congregaciones religiosas: jesuitas, claretianos, escolapios, franciscanos, capuchinos, salesianos y monjes de Monserrat; entre ellos representantes de las distintas curias episcopales, como vicarios generales o delegados diocesanos, arciprestes o profesores de teología, según el resumen del órgano eclesial Catalunya Religió. El breve manifiesto es moderado en la forma, pero radical en el hecho mismo de pronunciarse sobre el tema e incluso en algunas de sus concretas formulaciones. Afirman literalmente que, "valorando todas las circunstancias que han llevado al Gobierno de la Generalitat a convocar un referéndum de autodeterminación el 1 de octubre y, ante la imposibilidad de pactar las condiciones para hacerlo de forma acordada, consideramos legítima y necesaria la realización de este referéndum". Afirman también que "hacemos este pronunciamiento movidos por valores evangélicos y humanísticos" y "empujados por el amor sincero al pueblo al que queremos servir". Dicen hablar "en sintonía con nuestros obispos" y que, teniendo en cuenta "las legítimas aspiraciones del pueblo catalán", los firmantes han de "votar en conciencia, en ejercicio del derecho fundamental que tiene cualquier persona".

Por las afirmaciones más directamente religiosas de este manifiesto es por lo que el sacerdote y profesor de ética Sevilla; J.J. Castellón, estima que estos eclesiásticos "han cometido un abuso del Evangelio y una clara manipulación política del mismo". La crítica está hecha, no por hecho de que los firmantes estén a favor el referéndum o sean independentistas, sino por hacerlo como eclesiásticos y en nombre del Evangelio. Más que en la fracturación de la opinión, es en la forma clerical de manifestarla y en la misma motivación utilizada, donde se pone la crítica.


Intentos oficiales de unificación
En contraste con el verso suelto que manifiesta ser el obispo de Solsona y matizando mucho la opinión de los 400 firmantes de que actúan "en sintonía con nuestros obispos", se puede afirmar que los obispos catalanes han hecho un gran esfuerzo por mantener la unidad de la Iglesia.

Pocos días antes del referéndum, el 20 de septiembre, los obispos catalanes, en una breve "Nota" oficial, mostraron su deseo de ser "fermento de justicia, fraternidad y comunión", intentando salvar tres principios, en este caso muy difíciles de unificar: "avanzar en el camino del diálogo y del entendimiento, del respeto a los derecho y las instituciones, y de la no confrontación".

El mismo sentido unificador tiene la también breve "Declaración" de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española que, unos días después, el 27 de septiembre, manifestó sus deseos de "hacer nuestros" los "deseos y sentimientos" de los obispos catalanes", repiten los tres caminos tan difíciles de unificar por los que los que los catalanes quieren avanzar y explicitan algún principio más, mucho más evidente desde Madrid: Es necesario que las autoridades, los partidos políticos y las organizaciones, "eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias, que los sitúen al margen de la práctica democrática amparada por las legítimas leyes que garantizan nuestra convivencia pacífica y origine fracturas familiares, sociales y eclesiales", concretando al final que "todo ello en el respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución".

Las dos comunicaciones episcopales han sido muy breves, de no más de un folio.

Después de publicada la de Madrid, se ha repetido que al Gobierno español no le ha gustado, por afirmar que "la verdadera solución del conflicto pasa por el recurso al diálogo desde la verdad y la búsqueda del bien común de todos", aunque no se ha concretado cuando podrá resultar posible este recurso al diálogo.

Como ha señalado también con posterioridad el arzobispo de Oviedo, el franciscano Jesús Sanz, que es miembro de la Comisión que redactó la Declaración, "todos los temas" se han querido incluir, pero se ha hecho "de una manera tan quintaesenciada y tan neutral, que al final no ha convencido": "hemos hablado de una manera tan suave, tan respetuosa, que parece que estamos hablando de otra cosa distinta". La entrevista con este obispo es muy larga. Llega a calificar de "inmoral" el procedimiento tan engañoso que se ha seguido en todo este proceso, pero considera admisible que en temas políticos cada cual tiene derecho a defender su opinión. Admite que alguien pueda decir: "Yo quisiera una Cataluña sin España", siempre que otro pueda también afirmar: "Quiero una España con Cataluña". La entrevista termina con una simplificación: "¿Comete un pecado un catalán que defiende el separatismo?". La respuesta simplificada es la siguiente: "No, pecado no, porque es legítimo entenderte separado; eso no es ningún pecado, es una opción política. Pero si eso lo defiendes con mentiras, con violencia, con insidia, con corrupción, con malversación, eso es lo inmoral, eso sí es pecado" (Entrevista en La Nueva España, 30 Septiembre 2017).


Abiertos a un futuro distinto
La iglesia de Cataluña se ha fracturado, se ha dividido. Unos eclesiásticos han opinado en público en contra del parecer más común de sus propios obispos, contra el parecer también de muchos catalanes de a pie y, sobre todo, contra el parecer del resto del episcopado español y contra la opinión casi unánime del resto de los españoles.

Pero el mal tal vez no esté en que exista la fractura, porque en temas políticos no tiene a la fuerza que darse siempre y en todos los temas la unanimidad. Lo que se puede ahora lamentar es que las opiniones diversas se muestren con rotundidad y desde el Evangelio. Lo que habría que conseguir es que las opiniones diversas se formulen con respeto a las de los demás, abiertas a que algún día pueda resultar incluso posible el diálogo y el aun más difícil discernimiento.