Su colaboradora, Cecilia Marogna, pide ¡hasta a la OTAN! que se impida su declaración Los tribunales vaticanos rechazan los recursos de Becciu, que tendrá que declarar el 17 de marzo
Becciu, imputado en la compra-venta del palacio de Londres, habrá de responder primero al supuesto envío de fondos del Óbolo de San Pedro a la diócesis de Ozieri y a la Cooperativa Spes, propiedad de sus hermanos
Becciu se convertirá, así, en el primer purpurado en responder ante un tribunal vaticano como acusado en un proceso por presunta corrupción. El purpurado perdió en septiembre de 2020 todos sus derechos como cardenal, en una decisión directa del Papa Francisco
El cardenal Becciu tendrá que declarar ante los tribunales vaticanos el próximo 17 de marzo, según ha informado la magistratura vaticana, que ha rechazado todos los recursos de su defensa. Becciu, imputado en la compra-venta del palacio de Londres, habrá de responder primero al supuesto envío de fondos del Óbolo de San Pedro a la diócesis de Ozieri y a la Cooperativa Spes, propiedad de sus hermanos.
El purpurado, que oficialmente ha reaccionado agradeciendo al tribunal poder, al fin, hacer oír su voz, ha recibido la noticia con pesadumbre, pues tenía la convicción de que finalmente sería exonerado de toda culpa. De hecho, su defensa había pedido la nulidad del proceso, y acceder a toda la documentación, algo que se le ha negado.
Becciu se convertirá, así, en el primer purpurado en responder ante un tribunal vaticano como acusado en un proceso por presunta corrupción. El purpurado perdió en septiembre de 2020 todos sus derechos como cardenal, en una decisión directa del Papa Francisco.
"Ha llegado la hora de la verdad"
"Finalmente ha llegado la hora de la verdad. Comienza el juicio ora tras siete meses de espera. Ahora podré hablar. Estoy contento y preparado para responder", dijo Becciu a los periodistas. Su protegida, Cecilia Marogna, habría solicitado al Estado italiano, la Secretaría de Estado y hasta la OTAN que sus declaraciones se consideraran "secreto de Estado" y no se la obligara a declarar, algo a lo que también se han negado las autoridades vaticanas.
El juicio busca aclarar algunas irregularidades en la gestión de los fondos de la secretaria de Estado como el caso de la compraventa, terminada en estafa para el Vaticano, de un edificio en el centro de Londres y que inicialmente costó a las arcas de la Secretaria de Estado de la Santa Sede una cantidad estimada de 175 millones de euros y que acabó creando pérdidas por 217 de euros en las arcas vaticanas. De hecho el APSA se ha personado como parte implicada en el juicio.
