La universidad de los mártires salvadoreños La UCA publica el informe sobre derechos humanos en El Salvador
El estudio repasa primero los derechos básicos unidos a la vida – muertes violentas, feminicidios y violencia contra la mujer, desapariciones…–; después está el problema de los desplazados internos, para pasar en tercer lugar a los derechos económicos, sociales y culturales – educación, salud, pensiones y medio ambiente –, así como judiciales
| Obras Misionales Pontificias
Se acaba de publicar el informe de la Universidad Centroamericana, siguiendo el legado de los jesuitas asesinados en 1989. El organismo dentro de la Universidad que elabora y publica este extenso informe es el Instituto de Derechos Humanos. Fue precisamente el padre Segundo Montes Mozo S.J. quien lo creó en 1985. Cuatro años más tarde, el 16 de noviembre de 1989, era asesinado junto a otros cinco jesuitas – cuatro españoles y un salvadoreño – y dos colaboradoras en el mismo campus de la Universidad.
Se buscaba que el instituto y el observatorio que lleva a cabo de la realidad salvadoreña cumpliera con el compromiso de la Universidad Centroamericana: interpretar dicha realidad e influir en ella para construir de una sociedad basada en el respeto pleno de la dignidad humana. Los informes y las actividades que lleva a cabo no han dejado de actualizar este objetivo.
El Informe de Derechos Humanos los repasa en orden de importancia y, no es sólo denuncia, puesto que también hace valoraciones positivas de las medidas que han ayudado a que se respeten. Primero los derechos básicos unidos a la vida – muertes violentas, feminicidios y violencia contra la mujer, desapariciones…–; después está el problema de los desplazados internos, para pasar en tercer lugar a los derechos económicos, sociales y culturales – educación, salud, pensiones y medio ambiente –; para afrontar, finalmente, la seguridad jurídica y el sistema judicial, garantes del sistema, del que piden una reforma urgente para responder a los estándares de derechos humanos.
El informe (concluye con diez recomendaciones que van desde la ratificación de convenciones y convenios internacionales a aprobación de leyes y el establecimiento de políticas públicas de apoyo a la juventud, a la mujer o al medio ambiente.
