La Audiencia Nacional ha impuesto penas de cárcel de hasta 15 años a los principales implicados en la organización de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, algunos de ellos pertenecientes a la conocida trama Gürtel, cabecillas de la trama Gürtel, por amañar los contratos para la retransmisión televisiva de la visita del papa en València en 2006.

La Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (Fvmef), constituida por el Arzobispado de Valencia, la Generalitat Valenciana, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia,  también ha sido condenada como beneficiaria a título lucrativo a pagar un total de 3.254.624 euros. El problema será ahora quién pagará, pues la Fundación ya fue liquidada y disuelta.

Del juicio, Religión Digital ya dio amplia información, al seguir todas las sesiones.  En la sentencia la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional también condena al exdirector de la entonces Radio Televisión Valenciana (RTVV), Canal 9, Pedro García, a 6 años y 9 meses de cárcel, también a Alvaro Pérez El Bigotes,  por los delitos de malversación, falsedad en documento oficial y mercantil, blanqueo y cinco delitos contra la hacienda pública. Éste en el juicio declaró que actuó siempre siguiendo instrucciones políticas, evidenciando que procedían del entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps. 

Otros exdirectivos de RTVV también han sido condenados a penas que oscilan entre dos y un año de cárcel como el exdirector de antena, Antonio de la Viuda, condenado a 2 años y 6 meses de prisión; Juan Prefaci, exsecretario general, otros 2 años y 6 meses de prisión; Vicente Sanz, expresidente del PP de València y exsecretario general de RTVV, 2 años y 6 meses de prisión. Éste no hace mucho ya fue condenado por acosar y abusar sexualmente de redactoras del ente televisivo en su calidad de jefe de recursos humanos;; Ricardo Calatayud, exdirector económico y financiero, 1 año y 10 meses o José Llorca, exdirector general, 1 año y 10 meses de cárcel. 

Juan Cotino, fallecido

La responsabilidad penal de Juan Cotino, ex conseller de Agricultura y el poder en la sombre de la visita del Papa, a quien el Fiscal pedía 11 años de cárcel,  y la del exjefe del departamento técnico de RTVV, Luis Sabater, han quedado extinguidas por el fallecimiento de ambos, que incluso llegaron a declarar en juicio. El primero murió consecuencia de coronavirus y el segundo de cáncer. 

Los condenados son 19 de los 23 imputados en principio.  La visita del Papa Benedicto XVI a Valencia con motivo del V Encuentro de la Familia, se celebró los días 7, 8 y 9 de julio del año 2006. La sentencia cuenta con 556 páginas. Impone 13 años y siete meses de prisión al líder del grupo Correa Francisco Correa; 15 años y cinco meses a su mano derecha Pablo Crespo; y 11 años y siete meses al vicepresidente de Teconsa José Luis Martínez Parra. 

Impone 13 años y siete meses de prisión al líder del grupo Correa Francisco Correa; 15 años y cinco meses a su mano derecha Pablo Crespo; y 11 años y siete meses al vicepresidente de Teconsa José Luis Martínez Parra. 

El resto de acusados han sido condenados a penas que van desde los ocho meses de cárcel a los que ha sido condenado Jacobo Gordon a los tres años de Francisco Javier Arnuncio Perugio. En el caso de Ramón Blanco Balín ha sido condenado a un año y medio de prisión. 

Además de a Álvaro Pérez y Pedro García, ambos condenados por prevaricación, malversación, blanqueo, cohecho activo, fraude a la administración pública, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública por los impuestos de Sociedades y el IVA de Teconsa, la la ha impuesto dos años y medio de prisión a otros ex directivos y responsables de la cadena autonómica: el que fuera jefe de Antena, Antonio de la Viuda; el ex secretario general de RTVV, Juan Prefaci; el también ex 'número dos' de la cadena, Vicente Sanz; el ex jefe de la Unidad de Compras de RTVV, Salvador Benjamín Íniguez y la ex abogada de los Servicios Jurídicos, María Encarnación Pérez Pallarés. A Ricardo Calatayud, ex jefe del Departamento Económico-Financiero de RTVV y el ex director José Llorca les ha impuesto un año y diez meses de prisión. 

Adjudicación directa

La Audiencia considera que la valoración de la prueba en su conjunto permite concluir que hubo una adjudicación directa por parte del entonces director general de la RTVV a favor de la empresa interpuesta por el grupo Correa, Teconsa, del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del Papa a València en julio de 2006 con clara finalidad de enriquecimiento ilícito por el sobrecoste del importe pagado (3.205.375,11 euros). 

Ha sido ponente  de la sentencia la magistrada María Fernanda García Pérez, y considera probado que 19 de los 23 acusados en la causa se concertaron para adjudicarse de forma ilegal un contrato de 6,46 millones de euros más IVA (7,49 millones en total) y se repartieron posteriormente mordidas por valor de 3,2 millones fabricando facturas falsas y utilizando como sociedad a la constructora leonesa Teconsa.

El tribunal ha tenido en cuenta como atenuantes a la hora de aplicar las penas, las dilaciones indebidas de un proceso que ha juzgado hechos cometidos hace catorce años o la reparación económica. 

"Claramente ilegal"

Se considera probado desde un año antes del Encuentro, los Gürtel ya lo sabían –por filtraciones desde círculos eclesiásticos-  y Correa inició una serie de actuaciones dirigidas a conseguir la adjudicación "de modo ilícito" de la prestación de servicios y suministros. 

La sentencia considera acreditado que la adjudicación directa a Teconsa fue "claramente ilegal", pues los acusados de la Gürtel y el exdirector general de RTVV primero acordaron la adjudicación y después se confeccionó formalmente el expediente de contratación, contando con la colaboración de los empleados públicos del ente que han resultado condenados. 

La Agencia Tributaria estimó que el coste de los trabajos de ejecución fue de 3.254.624 euros por lo que la diferencia hasta 3.205.375 euros “constituye el sobrecoste o beneficio ilegalmente obtenido en perjuicio del erario público, que fue después repartido entre los acusados con influencia decisiva en el proceso de adjudicación”.