El 18 de julio se cumplen 83 años del golpe de Estado de Franco contra la II República. Su fracaso llevó al país a una cruenta Guerra Civil y a 40 años de dictadura. 43 años después de la muerte del dictador, su fantasma parece más vivo que nunca.

La polémica exhumación de sus restos y la discutida paralización de la misma por parte del Tribunal Supremo han llevado a la campaña #NiValleNiAlmudena a convocar una concentración este jueves, a las 20 horas, en la Puerta del Sol, para “exigir la condena unánime de las instituciones al golpe militar y a la dictadura franquista, así como la salida de los restos de Franco de Cuelgamuros, para que sean trasladados a un emplazamiento que no pueda convertirse en lugar de homenaje y exaltación”, según explican sus responsables.

Y es que, afirma el colectivo, “cada día que Franco pasa en Cuelgamuros constituye un insulto a la sociedad española y a la democracia, y un menosprecio a sus cientos de miles de víctimas”. Para los firmantes (un centenar de organizaciones cívicas, sociales, culturales y memorialistas), la salida del dictador del Valle “es un acto de Justicia, y una medida de reparación moral y simbólica de las víctimas de la dictadura”, además de “un requerimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos”.

La postura del Supremo, "un cinismo insultante"

El colectivo lamenta que el Supremo haya admitido la suspensión cautelar de la exhumación de Franco solicitada por la familia Franco, la Fundación Franco y los frailes del Valle, que no pretenden otra cosa que “dilatar el proceso”. Pero, además, denuncian cómo el alto tribunal “ha ido más lejos argumentando que se aprueba la medida cautelar porque la exhumación sería perjudicial para la familia y para el interés público”, lo que supone “un cinismo insultante”.

“Nos encontramos ante una decisión política, adoptada no según criterios jurídicos, sino en función de la ideología de los magistrados integrantes del tribunal”, recalca el colectivo, quien también denuncia la frase del auto donde se cataloga a Franco como 'Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento', “al tiempo que se evita calificarlo como dictador, es decir, cabeza de un aparato estatal de facto, surgido de la violencia, no sometido a la legalidad y no homologado en la Comunidad Internacional de su época”. Una equiparación que “resulta inaceptable” porque “da continuidad y validez a los efectos producidos por un golpe de Estado contra el régimen democrático republicano”.

Quién tiene realmente el poder en España

El manifiesto recuerda que el Decreto-Ley sobre la exhumación de los restos del dictador “fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 2018, con sólo dos votos en contra” por lo que, argumenta, “lo que ahora se está dilucidando es quién tiene realmente el poder en España: las instituciones democráticas o la familia Franco, sus fundaciones y abogados, financiados con el producto del expolio masivo de bienes públicos y privados llevado a cabo por la dictadura”.

“Que la exhumación de Franco se lleve finalmente a cabo, tal y como fue acordada por el Parlamento, constituye hoy una prueba de fuego de la calidad de la democracia española”, sostienen los firmantes, quienes añaden que “las pretensiones de la familia del traslado de los restos a la Almudena, son asimismo inaceptables”.

Humillación para las víctimas del franquismo

Así, añaden, “el enterramiento de Franco en un lugar público a pocos metros del Palacio Real y de la Plaza de Oriente, donde la dictadura organizaba los actos de exaltación del régimen, supondría una vejación y una humillación para las miles de víctimas del franquismo, para sus familias, y para el conjunto de la sociedad”.

Y, advierten: 

“Si finalmente se entierra al dictador en la Almudena, la catedral y el centro de Madrid se convertirán en un centro de peregrinación de los nostálgicos del franquismo y de los fascismos europeos, y como respuesta legítima, en un lugar de movilización antifascista. Todo ello tendría consecuencias enormemente negativas para la imagen internacional de la ciudad, y para la convivencia de los vecinos y vecinas de la ciudad, y sus visitantes”.

Que la Iglesia pida perdón

El manifiesto concluye recordando la “injerencia inaceptable” de las recientes palabras del ya ex Nuncio Fratini, unas afirmaciones que “muestran que la Iglesia oficial jamás ha dejado de posicionarse del lado de la impunidad del franquismo”.

“La única declaración que las víctimas del franquismo y la sociedad española esperan de la Iglesia es una petición pública de perdón, por su participación activa en la represión desatada por los golpistas y su colaboración con la dictadura”, apuntan desde #NiValleNiAlmudena.

“El papel de la Iglesia, unido a la labor obstruccionista que ha podido ejercer el Prior del Valle en todo este proceso, demuestran la necesidad urgente de modificar las relaciones entre el Estado español y la Iglesia católica, en especial en lo que se refiere al estatus legal del Valle”, finaliza.