"Esa es una valoración que usted hace, que le respeto pero que no comparto". El portavoz de la Conferencia Episcopal, César García Magán, contestó así a las preguntas de varios medios sobre la denuncia por la filtración de datos de las víctimas de abusos que investiga la Agencia Española de Protección de Datos y que podría acabar con altas multas y penas de prisión para responsables episcopales.

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Al término de la rueda de prensa de clausura de la Comisión Permanente de la CEE, el también obispo auxiliar de Toledo negó que existiera "ninguna notificación" sobre la misma, al menos de manera oficial, aunque poco después matizó que la AEPD les pidió una serie de datos "que ya se han aportado". "En este momento, está decidiéndose si esa filtración es responsabilidad de la CEE, cosa que no creemos, o de otra instancia". "No voy a entrar en quién era el responsable del tratamiento de datos", zanjó, en la enésima trifulca que mantienen los obispos con el bufete de Cremades desde la 'no publicación' de la auditoría antiabusos.

Lo que sí han presentado los obispos, pero sólo a la Permanente, ha sido la "actualización" del polémico informe 'Para dar luz' que motivó dicha filtración de datos, aunque "no se ha definido fecha para su publicación". 

En esta Comisión Permanente, ha comenzado a funcionar la comisión asesora que habrá de determinar, en su caso, las indemnizaciones a las víctimas, y de la que forma parte una víctima que, aclaró Magán, no está ahí por su condidió, sino "como miembro de asociaciónd e ayuda a las víctimas". En este punto, la CEE pidió "dejar trabajar libremente a la comisión". Al tiempo, anunció que CEE y Confer organizarán un acto para las víctimas para el que todavía no hay fecha. "Es posible que el asunto se trate en la Plenaria de noviembre", zanjó.