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La archidiócesis de Madrid se suma a la petición SJM: "Ante la situación de excepcionalidad, Interior debe liberar a las personas de los CIE"

Interior de un CIE
Interior de un CIE

"Las personas privadas de libertad son consideradas colectivo de alto riesgo. Es necesario tomar medidas urgentes que respeten sus derechos y garanticen la seguridad y la salud de las personas internadas, así como del personal que trabaja en los centros"

"Resulta imprudente mantener la medida de internamiento o autorizar nuevos ingresos en los CIE, incluso debemos cuestionar su legalidad"

"No podemos obviar las pésimas condiciones en las que se encuentran las personas internadas en los CIE de España, sin medidas de prevención y seguridad que garanticen la propagación de la enfermedad y la salvaguarda de sus derechos"

"El SJM, siendo consciente de la complejidad del contexto social actual, reclama más que nunca el cierre de los CIE, y exige la necesidad de encontrar alternativas más garantes con los derechos humanos"

| Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)

(Servicio Jesuita a Migrantes).- Ante la situación de estado de alarma para abordar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 preocupa la gestión que se está llevando a cabo en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), tanto en relación con la propia medida como por la efectiva protección a la salud de las personas internas durante el periodo de su detención. Las personas privadas de libertad son consideradas colectivo de alto riesgo, y en consecuencia es necesario tomar medidas urgentes que respeten sus derechos y garanticen la seguridad y la salud de las personas internadas, así como del personal que trabaja en los centros. 

Resulta imprudente mantener la medida de internamiento o autorizar nuevos ingresos en los CIE, incluso debemos cuestionar su legalidad. El SJM insta a liberar de forma inmediata a aquellas personas internas que no podrán ser expulsadas en la actual coyuntura, ofreciendo alternativas de protección más humanas, así como a cesar nuevos internamientos mientras continúe vigente el estado de alarma.  

Cada centro está adoptando de manera unilateral distintas medidas en atención a la emergencia del COVID-19, lo que refleja una total incoherencia con la centralización de las competencias anunciadas con el estado de alarma. Más que nunca, ante una medida que afecta a derechos fundamentales, el Ministerio de Interior debe establecer unas directrices comunes aplicables a todos los centros sobre la continuidad de los internamientos y el cumplimiento de las medidas de prevención y seguridad necesarias en ellos, sin perjuicio de las peculiaridades que puedan darse en cada una de las localidades en las que están ubicados los diferentes CIE.

La privación de libertad en estos centros atiende a una medida cautelar para garantizar la expulsión a un tercer país. Sin embargo, una de las consecuencias de esta crisis es el rechazo por terceros países de personas que vengan de España, así como el cierre de fronteras terrestres españolas como una de las medidas adoptadas por el gobierno (Orden INT/239/2020, de 16 de marzo). Ello, unido a las estrictas restricciones de desplazamientos y alteración considerable de la actividad habitual de los agentes actuantes, dificultaría la ejecución de las expulsiones y devoluciones.

Carece de toda lógica autorizar nuevos ingresos en los CIE cuando se conoce con antelación la imposibilidad de llevar a cabo la expulsión, siendo injustificada dicha privación de libertad por ser contraria a la naturaleza de la medida, que solo puede adoptarse para cumplir los fines del expediente y por el tiempo imprescindible. Si las autoridades tienen conocimiento de que las expulsiones no se pueden llevar a cabo deberá cesar el internamiento de las personas internadas (art. 37.1c, Reglamento CIE- Real decreto 162/2014-). Teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos, la medida de internamiento debe entenderse del todo desproporcionada, debiendo acudir ahora más que nunca, a medidas alternativas a la detención, previstas por la propia ley de extranjería (art. 61 de la Ley Orgánica 4/2000).

El acuerdo de puesta en libertad debe hacerse atendiendo a las circunstancias sanitarias, sociales y jurídicas de cada una de las personas a las que se les aplique dicha medida. Preocupa más que nunca que las personas puestas en libertad queden desamparadas y sin recursos disponibles que las coloque en una situación de extrema vulnerabilidad, debiendo facilitar el acceso a las medidas establecidas por el gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos.

Por otra parte, no podemos obviar las pésimas condiciones en las que se encuentran las personas internadas en los CIE de España, donde no son aplicables las medidas de prevención y seguridad que garanticen la propagación de la enfermedad y la salvaguarda de sus derechos. El estado de las instalaciones, la sobreocupación de los centros, espacios comunes de dimensiones reducidas y celdas compartidas por hasta 8 personas, hacen imposible que se cumpla con las medidas establecidas por el propio gobierno para preservar la salud y evitar contagios; como el guardar 1,5 m de distancia, disposición de pañuelos desechables o el libre acceso a lavabos para el lavado frecuente de manos. La ausencia de las ONG que habitualmente visitan los centros durante el periodo de estado de alarma dificulta la monitorización del cumplimiento de derechos de las personas internas. La situación de alerta sanitaria en la que nos encontramos agrava la situación de aquellos que se encuentran en un estado de salud más delicado, quienes, en condiciones normales, ya venían padeciendo las consecuencias de la mala atención médica.

La total falta de información que se les ofrece a las personas confinadas en los CIE sobre las circunstancias actuales y las medidas de seguridad a seguir, además de vulnerar su derecho a ser informados, hace que aumente la desesperación entre aquellos que quedan olvidados tras los muros de los CIE. En los últimos días se están sucediendo episodios de tensión en diferentes centros y cabe esperar que si no se adoptan medidas que aborden la situación sociosanitaria y jurídica de los internos se podrían repetir estallidos de violencia como el vivido el pasado martes 17 de marzo en Madrid.

El SJM, siendo consciente de la complejidad del contexto social actual, reclama más que nunca el cierre de los CIE, y exige la necesidad de encontrar alternativas más garantes con los derechos humanos. Esta situación pone en cuestión la capacidad de dictar medidas que garanticen los mismos derechos en todos los centros y cuestione la propia lógica del internamiento, la cual subyace tras muchas de las situaciones que se ven agravadas por la crisis sanitaria actual.

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