Por sorpresa, la Corte Suprema mexicana ha anulado el código federal penal que criminalizaba el aborto declarando esa ley anticonstitucional. En la práctica, esta decisión afecta a todas las instituciones hospitalarias del Estado Federal que deben hacer accesible el aborto. A la vez despenaliza a todas las personas que ayuden a las mujeres a abortar, incluyendo específicamente a las comadronas. La verdad es que este camino se inició en el 2021 cuando el Tribunal Supremo reguló que penalizar al aborto era anticonstitucional, pero en aquellos momentos, sólo se aplicó en la provincia de Coahuila, fronteriza con Texas, un camino que han seguido 12 departamentos

Esta no afecta localmente y cada Estado puede adoptarla o rechazarla. En el país hay 32 departamentos de los que 20 siguen las leyes católicas declarando ilegal el aborto. Pero incluso en estos lugares las mujeres pueden pedir que les practiquen un aborto en los hospitales y clínicas federales. La norma también se aplica a todas las personas que faciliten estos abortos y que no pueden ser penalizadas

Otros países como Colombia, Argentina, Uruguay y la Guayana han tomado medidas semejantes lo que contrasta con Estados Unidos cuyo Tribunal Constitucional ha declarado ilegal la sentencia de Roe vs Wade. Esa ley permitía abortar y ha estado vigente en el país durante muchos años. La nueva norma hace mucho más difícil para las mujeres, en algunos estados, terminar con un embarazo no deseado

Me pregunto ¿Qué movimientos impulsan la facilidad de abortar? ¿Somos las mujeres las demandantes? ¿Es la sociedad actual en la que resulta complicado tener hijos? No conozco la respuesta, pero a los movimientos antiabortistas les diría que emplearan sus recursos en facilitar la vida a las mujeres. La mayoría quieren ser madres, pero también quieren trabajar para poder vivir de su salario y no es fácil compaginar las dos cosas