A partir de la propia experiencia, unos cuantos intelectuales de prestigio, como Fernando Savater, Félix de Azúa, Gabriel Albiac, Andrés Trapiello o Juan Pablo Fusi, entre otros, han levantado su voz crítica en un reciente manifiesto a favor de la necesidad de modificar con urgencia la Ley educativa de este Gobierno. Y lo han hecho en defensa de la enseñanza como bien público.

Aunque a muchos, cómplices de cuanto sucede ahora en España, les pueda sorprender, lo cierto es que “la enseñanza reglada en España no marcha por buen camino”. Y, lo que es más grave, la última reforma de este Gobierno social comunista, Ley Celaá, no parece que haya sido pensada para ponerle remedio. Al contrario, de hecho ha empeorado la situación.

La situación actual es una evidencia lamentable y muy triste, con grave perjuicio para la sociedad entera que así no progresará y para los jóvenes que buscan un día situarse en la vida. Generaciones enteras de nuestros jóvenes son manipulados y engañados. Les privan de la formación a que tienen derecho y espera de ellos la sociedad. Les incapacitan para enfrentarse al mundo y a la vida desde una óptica crítica. Les roban el futuro. Y, a esto, le llaman progreso y superioridad moral. Se renuncia a la calidad, apoyada en conceptos tan imprescindibles como ‘el esfuerzo, el mérito y los contenidos’.

Digámoslo sin tapujos ni medias tintas. Se ha buscado de modo intencionado. No ha importado el daño causado ni el respeto a la libertad individual. La Ley Celaá, manifiestamente destructiva, es la respuesta a un objetivo prioritario: convertir al alumno en un tonto práctico y a su servicio. Quieren ciudadanos incompetentes, por ignorantes, para ver más allá de sus propias narices. Han perseguido la búsqueda del incremento del apoyo futuro de la gente a sus planteamientos ideológicos y así perpetuarse en el poder del que disfrutan opíparamente. ¡Y vaya si lo han conseguido!

He aquí las claves que deberían inspirar cualquier reforma educativa, que no busque profundizar aún más en el despropósito: “Los conceptos ajenos a los saberes concretos de cada asignatura, de tipo moral o ideológico, deben ser desplazados de las aulas. Los alumnos no deben ser objeto de adoctrinamiento pues tal intromisión supone una perversión de lo público al sacrificar, especialmente para los alumnos con menos recursos, su formación técnica, profesional, académica y personal, condenándoles al sometimiento moral y a la incompetencia intelectual. Ello perjudica el carácter de ascensor social y de igualdad de oportunidades que precisamente toda escuela pública debe tener. De este modo, además, ya gobiernen unos partidos u otros, con orientaciones morales e ideológicas diversas, no se correrá el peligro de que el sistema educativo se convierta en instrumento para adoctrinar y apropiarse de un servicio público fundamental para la sociedad y sus miembros, sufragado por todos los contribuyentes. Nada distinto de lo que dice la Constitución española (Art. 27)”.

Sin embargo, olvídense del asunto. La actual izquierda que tan mal nos gobierna, inflexible y sectaria, no hará absolutamente nada. Todo irá de mal en peor. Ya se sabe: andan reñidos con la libertad. Prohibido pensar por libre. Así son las cosas. Así lo queremos los españoles. Así somos responsables de cuanto fracaso propiciamos a nuestros hijos y nietos. ¿Por qué no reaccionamos y recordamos, de modo activo, que somos los únicos soberanos?

En todo este contexto, tampoco se acierta a comprender cómo, las Comunidades autónomas, que tienen competencias al respecto, no sacan a relucir un poco de coraje, como ha hecho Madrid, para recuperar ciertos contenidos en Historia, en Literatura, en las grandes corrientes del pensamiento humano o en Filosofía. No se trata de apuntarse al seguidismo. Se trata de optar por la calidad y la excelencia. No seamos cómplices de cuanto nuestros hijos hijos y nietos lamentarán.