Los pueblos indígenas han sido una población que históricamente "ha sido invisible para los gobernantes, el aparato estatal y las políticas públicas", como denuncia la Nota Pública conjunta firmada por la Coordinación de los Pueblos Indígenas de Manaos y Entorno (COPIME), el Servicio Amazónico de Acción, Reflexión y Educación Socio ambiental (SARES), el Observatorio Nacional de Justicia Socio ambiental Luciano Mendes de Almeida (OLMA) y la Arquidiócesis de Manaos. La nota denuncia la quiebra del Sistema de Salud y Asistencia Social para los Pueblos Indígenas en Manaos, donde viven aproximadamente 36.000 indígenas, que residen en 54 comunidades, ocupaciones y asentamientos ubicados en el perímetro urbano.

Según el padre Paulo Tadeu Barausse, coordinador del SARES, en la nota "estamos denunciando la invisibilidad de las poblaciones indígenas en situación urbana, causada por la negligencia de los agentes públicos en la ciudad de Manaos". Junto con esto, el jesuita señala que "estamos alertando a los órganos sobre la imposibilidad de practicar el aislamiento social". La nota también denuncia "los datos poco realistas sobre las estadísticas de conteo y muerte de las poblaciones indígenas", una situación preocupante, dado que "desafortunadamente tenemos que advertir que hay un aumento en la exposición de esta población al contagio", según Paulo Tadeu Barausse. Él dice que "en estos últimos días de la pandemia nos enfrentamos al aumento del hambre y la pobreza extrema en las comunidades ubicadas en los perímetros suburbanos, la falta específica de asistencia en materia de salud y asistencia social, entre otros factores que muestran cada vez más un pronóstico desastroso" .

Al leer la nota, podemos ver la dramática situación que enfrenta la ciudad de Manaos en relación con el COVID-19. En esta perspectiva, se denuncia la falta de "mención, decreto, propuesta de ley o regulación específica para la población indígena en situación urbana en la capital", algo que ocurre tanto en la Secretaría de Salud del Estado de Amazonas (SUSAM) como en el Ministerio de Salud de Brasil. Junto con esto, la nota denuncia que no se están respetando las directrices del gobierno brasileño, que al hablar de los pueblos indígenas que viven en las ciudades, insiste en que se tenga en cuenta, "la vulnerabilidad epidemiológica, la atención diferenciada a la salud, inherente a la actuando en un contexto intercultural, y la influencia de aspectos socioculturales”.

Ante esta realidad, las entidades que firman la carta, dirigida a los diferentes organismos competentes, han solicitado la creación y difusión de un protocolo nacional para enfrentar el COVID-19 para poblaciones indígenas en situaciones urbanas; la puesta en marcha del hospital de campaña exclusivo para poblaciones indígenas en Manaos; la inclusión de las poblaciones indígenas que viven en Manaos en el programa nacional de vacunación como población prioritaria, así como en la distribución de canastas de alimentos básicos y ayuda de emergencia; que los trabajadores de la salud brinden una descripción étnica de los pacientes indígenas que acceden a los servicios de salud; que los indígenas urbanos que necesitan aislamiento social pueden alojarse en las Casas de Apoyo al Indígena (CASAI); un Comité de crisis interinstitucional para la protección de los pueblos indígenas, que garantiza acciones de protección territorial, seguridad alimentaria, ayuda y beneficios, insumos y protocolos contra la transmisión, para todos los pueblos indígenas; la incorporación de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y los Distritos Sanitarios Indígenas Especiales (DSEI) en los Centros de Operaciones de Emergencia en Salud Pública.

NOTA PÚBLICA

Manaos: quiebra del Sistema de Salud y Asistencia Social para los Pueblos Indígenas

Manaos tiene aproximadamente dos millones de habitantes, concentrando el 51.7% de la población de Amazonas en el 1% del territorio estatal. De estos, según la Coordinación de Pueblos Indígenas de Manaos y Entorno (COPIME, 2017), aproximadamente 36.000 son indígenas, que viven en 54 comunidades, ocupaciones y asentamientos ubicados en el perímetro urbano.

En general, el escenario de salud pública en Manaos en relación con el COVID-19 es dramático, emergiendo como el sistema más frágil del país, especialmente después de la eliminación de 280 médicos, después del cierre del Programa Más Médicos, por parte del Gobierno Federal, a principios de 2019. Hasta el 23 de abril, se contabilizaron 2.479 casos y 207 muertes por el nuevo Coronavirus en Manaos, entre estos, 23 casos (SESAI - con evidente subregistro) y 12 muertes indígenas (COPIME). Manaos se encuentra entre las cinco ciudades más afectadas de Brasil.

En las últimas semanas, hemos estado siguiendo casos y recibiendo quejas, con gran preocupación, sobre la delicada situación de los pueblos indígenas en situaciones urbanas en Manaos ante la interrupción y negligencia del Estado al enfrentar el COVID-19.

Históricamente, esta población ha sido invisible para los gobernantes, el aparato estatal y las políticas públicas, sin un mapeo efectivo de sus ubicaciones y condiciones de vida. Como ejemplo de esta invisibilidad y negligencia, en una búsqueda rápida en el sitio web oficial del Ayuntamiento de Manaos; en el sitio web del Departamento de Salud del Estado de Amazonas (SUSAM) o en el sitio web de la Fundación Estatal para la Vigilancia de la Salud de Amazonas (FVS-AM), así como en las notas técnicas emitidas por la Secretaría Especial de Salud Indígena / Ministerio de Sanidad, hasta el momento, no encontramos ninguna mención, decreto, proyecto de ley o regulación específica para la población indígena en una situación urbana en la capital.

Ni siquiera en el Plan Nacional de Contingencia para la Infección Humana con el nuevo Coronavirus (COVID-19) en los Pueblos Indígenas, preparado por el Ministerio de Sanidad, a través de la Secretaría Especial para la Salud Indígena, que presenta medidas que pueden ayudar a prevenir el contagio del Nuevo Coronavirus. hay una mención específica, orientación o política para los indígenas que viven en las ciudades.

A pesar del documento que señala que "los casos de indígenas sospechosos de COVID-19 tendrán prioridad en el servicio a la población para reducir su tiempo de contacto en el lugar de atendimiento", la única referencia específica en todo el documento nacional de orientación para el tratamiento de las poblaciones indígenas contra el CONVID-19:

“Para los indígenas en un contexto urbano, la responsabilidad de la sanidad en Atención Primaria recae en los municipios. En el caso de las poblaciones indígenas, se destacan tres cuestiones en la elaboración / adecuación de los planes de contingencia estatales y municipales: vulnerabilidad epidemiológica, atención médica diferenciada, inherente a actuar en un contexto intercultural y la influencia de los aspectos socioculturales, en el flujo de referencia en el Sistema Único de Sanidad (SUS)" (2020, p. 13).

A pesar de la carta nº 91/2020 / SESAI / MS, que trata sobre la vacunación, afirmando que “se considera que los pueblos indígenas deben ser entendidos como un grupo vulnerable, en comparación con las desventajas mundiales reconocidas en las condiciones sociales y de salud de estos grupos en comparación con las poblaciones no indígenas en las mismas localidades”, la política separa y distingue ilegítima y prejuiciosamente a la población indígena indígena y a las poblaciones indígenas urbanas, descuidando a la segunda su propia condición étnica.

Asimismo, la Secretaría Especial de Sanidad Indígena / Departamento de Atención a la Sanidad Indígena en la nota 3/2020-DASI / SESAI / MS, en referencia a las directrices sobre la entrega de canastas de alimentos a las comunidades indígenas, no hace mención específica de los pueblos en una situación urbana y esto se repite en las pautas federales, estatales y municipales con respecto a la asistencia de emergencia con una renta mínima.

El tema de la salud pública abre el vacío entre el sistema utilizado por los Distritos Sanitarios Indígenas (DSEI) que sirven solo a las aldeas y el Sistema Único de Salud (SUS), con sus departamentos estatales y municipales, responsables de la cobertura general de las poblaciones, inclusive en situación urbana. Una política criminal que distingue y separa a la población indígena, reduciendo su origen étnico a si viven o no en una aldea.

Según los casos que hemos seguido y las quejas que hemos recibido, este vacío y esta invisibilidad de las poblaciones indígenas en una situación urbana, causada por la negligencia de las agencias públicas, ha generado, en Manaos, imposibilidades prácticas de aislamiento social; subregistro en las estadísticas de contagio y muerte de las poblaciones indígenas; el aumento de la exposición de esta población al contagio, el aumento del hambre y la pobreza extrema en las comunidades ubicadas en las zonas urbanas, la falta específica de asistencia en materia de salud y asistencia social, entre otros factores que muestran un pronóstico desastroso.

En vista de esto, unimos nuestras solicitudes a algunas de las notas ya indicadas por la organización Indigenistas Asociados y solicitamos expresamente al Ministro de Sanidad, Sr. Nelson Teich; así como el Secretario Especial de Salud Indígena (SESAI), Sr. Robson Santos da Silva; el presidente de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), Sr. Marcelo Augusto Xavier; al alcalde de Manaos, el señor Arthur Virgílio Neto y su secretario municipal de salud, el señor Marcelo Magaldi Alves, además del Presidente del Consejo de Distrito para la Sanidad Indígena (Condisi) del DSEI Manaos, Sr. Zé Almir dos Santos Gomes, que inmediatamente:

1. Creen y difundan un protocolo nacional para hacer frente al COVID -19 para las poblaciones indígenas en situaciones urbanas, detallando, como en los otros documentos de referencia, acciones y responsabilidades en los tres niveles de respuesta: alerta, peligro inminente y emergencia en salud pública.

2. Poner en funcionamiento el hospital de campaña exclusivo para poblaciones indígenas en Manaos, según lo anunciado por el Ministerio de Sanidad y confirmado por el Departamento de Comunicación del Estado de Amazonas.

3. Las poblaciones indígenas que residen en Manaos estén incluidas en el programa nacional de vacunación como población prioritaria, así como en la distribución de canastas básicas de alimentos y ayuda de emergencia.

4. La descripción étnica obligatoria de los pacientes indígenas que acceden a los servicios de salud debe expresarse en una declaración oficial a los agentes de salud.

5. Las Casas de Apoyo al Indígena (CASAI) recibirán no solo a los indígenas que viven en tránsito en la ciudad, sino también a los indígenas urbanos que necesitan aislamiento social.

6. La formación de un Comité Interinstitucional de Crisis para proteger a los pueblos indígenas, bajo la coordinación del Ministerio Público Federal, con el objetivo de monitorear conjuntamente las acciones de protección territorial, seguridad alimentaria, ayudas y beneficios, insumos y protocolos contra la transmisión, para todos los pueblos. pueblos indígenas

7. Que las Coordinaciones Regionales de Funai, así como los Distritos Sanitarios Indígenas Especiales de Sesai (DSEI) se incorporen a los Centros de Operaciones de Emergencia de Salud Pública a nivel estatal y municipal.

   Por lo tanto, esperamos que nuestra solicitud sea respondida lo antes posible y que la población indígena en una situación urbana reciba atención garantizada por la ley.

Coordinación de Pueblos Indígenas de Manaos y Alrededores (COPIME)

Servicio Amazónico de Acción, Reflexión y Educación Socio ambiental (SARES)

Observatorio Nacional de Justicia Socio ambiental Luciano Mendes de Almeida (OLMA) Arquidiócesis de Manaos

Brasilia- DF, 23 de abril de 2020.