"Nos duelen las vulneraciones contra los pueblos originarios de la Amazonía boliviana," afirma la Comisión del Celam que propende por la defensa y el acompañamiento de esta población tras conocer la grave situación que vienen padeciendo miles de personas que sufren los efectos de por lo menos 1.056 focos de incendio activos en el país andino.

Reservas en peligro

La comisión aboga por una intervención desde lo legal que contribuya a la superación de la crisis, garantice el bienestar de los habitantes y la conservación del patrimonio natural de los pueblos originarios. "Exhortamos a las autoridades locales y nacionales a que tomen medidas adecuadas para revertir los marcos normativos que incentivan la violación del derecho al territorio de los pueblos originarios," advierten al referirse a una problemática con causas estructurales.

Para la Comisión de Pueblos Originarios del Celam, los múltiples impactos ocasionados por los incendios o “chaqueos” en la Amazonía boliviana, se originan en la adaptación a la ley de uso de suelos promulgada en 2019; porque sus modificaciones, determinaron “la ampliación a un 42%  de las tierras del departamento del Beni que estaban destinadas para los trabajos agropecuarios, lo que quiere decir que unos 9 mil millones de hectáreas estarán disponibles para el agronegocio, bajo nuevas zonificaciones y formas de explotación agropecuaria, silvopastoril y forestal,” cambios que afectan el territorio y las formas de vida de sus habitantes a lo que se suman los efectos de la devastación y la sequía.

Este proceso implica la explotación en condiciones “excepcionales,” incluso en territorios indígenas, áreas y reservas protegidas reconocidas por el propio Estado Plurinacional de Bolivia. Al respecto, la Comisión de Pueblos Originarios del Celam aclara que esta ley no fue puesta en consideración, ni sometida a los protocolos de lo que se conoce como la consulta previa, libre e informada para las 18 naciones indígenas que habitan este territorio, lo que desconoce la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT. 

Efectos colaterales

Según advierte la comisión estas disposiciones jurídicas generan impactos concretos y negativos que se reflejan en la pérdida de viviendas al menos en la región de Maniqui Bajo, en donde encontraron aproximadamente "1.500 personas damnificadas que han improvisado sus viviendas en carpas temporales, porque las llamas han arrasado sus hogares". Igualmente aparecen efectos colaterales de los incendios, como la desaparición de "las cosechas de maíz y cacao, productos fundamentales para el intercambio y comercio de sus poblaciones". Incluso, el documento de la Comisión recuerda que en los últimos meses se han realizado visitas a los territorios tanto de las organizaciones de la sociedad civil, como de los misioneros que acompañan a las comunidades para conocer la realidad de primera mano.

Esto garantiza un proceso confiable frente a la obtención de información directa, por parte de quienes se encuentran viviendo en las poblaciones y padecen las consecuencias del desastre natural ocasionado por los incendios. Se trata de hechos que fueron documentados por misioneras y misioneros que acompañan a los pueblos originarios en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Beni, además del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro – Sécure, conocido como TIPNIS.

Un Territorio Indígena Multiétnico, que incluye al sub-consejo Tsiname y los sectores Yacuma y Maniqui Alto y Bajo, cuyos habitantes durante los momentos más álgidos de la emergencia, emitieron la alerta ante la incesante quema de la selva y el bosque nativo que, en este momento, afecta a más de 18 naciones de pueblos originarios. De acuerdo con los datos proporcionados por la Solidaridad Médica Boliviana  “los incendios han llegado a varios puntos cercanos a los ríos y ante la sequía y falta de lluvias, el acceso al agua se ha disminuido significativamente para toda la población”.

Una Iglesia encarnada

Realidad que para la Comisión es una invitación para alzar la voz desde la Iglesia y avanzar con firmeza en su misión vivificadora. “Animamos a la presencia encarnada de la Iglesia a través de los misioneros y misioneras que caminan día tras día junto al pueblo acompañándolo su dolor y en la renovación de su esperanza,” comentan al mencionar el camino que se ha conocido gracias al testimonio de los misioneros y misioneras que fueron  escuchados por los obispos durante la CXIII Asamblea del Episcopado boliviano realizada en noviembre.

Allí resonó la voz de la Hna. Gladys Montecinos, misionera que acompaña al pueblo Tsiname en Yacuma. Esta presencia de la Iglesia es la que permite profundizar en las problemáticas que padecen los territorios y la presión que ejercen los incendios sobre los pueblos originarios para que abandonen sus tierras ancestrales. Situación que preocupa a la comisión que es consciente del impacto de la sequía, la contaminación por la minería y la afectación que esto produce en la salud de la población.

Intenciones que la dependencia del Celam denuncia al tiempo que aboga por una pronta solución por parte de las autoridades y que en este tiempo previo a la Navidad, encomiendan a la Virgen de Guadalupe para que “pueda acompañarnos a renovar la esperanza, como también para exigir justicia y la reparación adecuada para todos los pueblos de nuestra Amerindia que están siendo amenazados”. Situación que involucra a las autoridades, la Iglesia y los pueblos originarios de la Amazonía Boliviana, porque como afirma el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si’ un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios”.