Ending Clergy Abuse (ECA), una organización global de activistas de derechos humanos y sobrevivientes en más de 21 países y 5 continentes, demanda de las autoridades eclesiásticas y civiles del Perú que pongan su atención sobre el " hostigamiento constante y virulento, como parte de una campaña de asedio e intento de amedrentamiento inaceptable" puesta en marcha por el Sodalicio de Vida Cristiana contra los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz desde que ambos revelasen en el libro “Mitad monjes, mitad soldados” (Planeta, 2015), "una serie de abusos de todo tipo, así como ilícitos penales además de perversiones" en esa sociedad de vida apostólica, ahora bajo el punto de mira del Vaticano.

"La cacería contra Salinas y Ugaz se inició oficialmente con el obispo sodálite José Antonio Eguren, y luego ha sido continuada por personajes supuestamente ajenos a dicha organización pero que, en el tiempo, se han repartido funciones con el propósito de desprestigiarlos y demonizarlos, y, a partir de las narrativas fabricadas por estos, los mismos han presentado querellas y demandas calumniosas, las que, sorprendentemente, han sido admitidas por fiscales que no han cumplido con el mínimo rigor que se les exige", señala el comunicado de esta organización internacional, cuyas actividades se centran "en los derechos de los niños y las víctimas para obligar a la Iglesia a poner fin al abuso clerical".

ECA denuncia igualmente que "el hackeo de sus comunicaciones (que afectó también a miembros de nuestra organización), la publicación de libelos con la intención de estigmatizarlos, las amenazas de muerte, allanamientos a sus viviendas, el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, operativos de marcaje y reglaje en sus domicilios, y el desvelamiento de operadores a sueldo a través de la denominada 'Operación Valkiria', entre otros, ha alcanzado ribetes extremadamente inquietantes, al punto de que ahora se está exigiendo a un juez siete años de prisión efectiva para el periodista Pedro Salinas".

Esta organización de activistas denuncia en su comunicado la "obsesión desaforada de esta maquinaria sodálite que inventa fábulas criminales para luego ser presentadas incesantemente en diferentes instancias fiscales y judiciales", por lo que insta a las autoridades eclesiales y civiles del país andino a tomar medidas al respecto.

"Hacemos un llamado a las autoridades eclesiásticas peruanas a que se pronuncien sobre este comportamiento que involucra a una de sus instituciones, considerando además que el propio Papa Francisco ha solicitado a la prensa que contribuya en hacer efectiva la 'tolerancia cero'”, señalan.

Por otra parte -continúa la nota- también "exhortamos a las autoridades del Estado peruano, particularmente a su Sistema de Administración de Justicia, para que se respete el debido proceso y eviten el uso indebido de las instituciones que procuran la justicia y cuyo propósito debería ser salvaguardar el Estado de Derecho, y no instrumentalizarla para perpetrar venganzas y represalias institucionales que solo aspiran a aplastar las libertades de los periodistas".

COMUNICADO CASO PEDRO SALINAS

Desde mediados de 2018 venimos siguiendo de cerca las persecuciones mediáticas y judiciales contra los coautores de la investigación periodística “Mitad monjes, mitad soldados” (Planeta, 2015), Pedro Salinas y Paola Ugaz.

Luego de haber revelado una serie de abusos de todo tipo, así como ilícitos penales además de perversiones, en la sociedad de vida apostólica Sodalicio de Vida Cristiana, de origen peruano, ambos periodistas vienen padeciendo un hostigamiento constante y virulento, como parte de una campaña de asedio e intento de amedrentamiento inaceptable, la que se ha agudizado en momentos en que dicha institución católica se encuentra en su momento más crítico y es escrutada por el propio Vaticano.

La cacería contra Salinas y Ugaz se inició oficialmente con el obispo sodálite José Antonio Eguren, y luego ha sido continuada por personajes supuestamente ajenos a dicha organización pero que, en el tiempo, se han repartido funciones con el propósito de desprestigiarlos y demonizarlos, y, a partir de las narrativas fabricadas por estos, los mismos han presentado querellas y demandas calumniosas, las que, sorprendentemente, han sido admitidas por fiscales que no han cumplido con el mínimo rigor que se les exige.

El nexo del Sodalicio en las hostiles campañas contra los periodistas que revelaron el mayor caso de abusos de la Iglesia Católica en el Perú es más que evidente. Lo único que se les puede achacar a estos periodistas es cumplir con su deber y a costa de un enorme sacrificio personal.

El hackeo de sus comunicaciones (que afectó también a miembros de nuestra organización), la publicación de libelos con la intención de estigmatizarlos, las amenazas de muerte, allanamientos a sus viviendas, el levantamiento del secreto de sus comunicaciones, operativos de marcaje y reglaje en sus domicilios, y el desvelamiento de operadores a sueldo a través de la denominada “Operación Valkiria”, entre otros, ha alcanzado ribetes extremadamente inquietantes, al punto de que ahora se está exigiendo a un juez siete años de prisión efectiva para el periodista Pedro Salinas.

La obsesión desaforada de esta maquinaria sodálite que inventa fábulas criminales para luego ser presentadas incesantemente en diferentes instancias fiscales y judiciales tiene como propósito silenciar a este par de periodistas que solo han desempeñado el papel de desenmascarar los abusos de una institución eclesial.

En consecuencia, hacemos un llamado a las autoridades eclesiásticas peruanas a que se pronuncien sobre este comportamiento que involucra a una de sus instituciones, considerando además que el propio Papa Francisco ha solicitado a la prensa que contribuya en hacer efectiva la “tolerancia cero”.

Y exhortamos a las autoridades del Estado peruano, particularmente a su Sistema de Administración de Justicia, para que se respete el debido proceso y eviten el uso indebido de las instituciones que procuran la justicia y cuyo propósito debería ser salvaguardar el Estado de Derecho, y no instrumentalizarla para perpetrar venganzas y represalias institucionales que solo aspiran a aplastar las libertades de los periodistas, las cuales están protegidas por las convenciones internacionales de los derechos humanos.

Janet Aguti, Murray Heasley, Gemma Hickey, Sergio Salinas Giordano, Timothy Law
Miembros Directores Directorio ECA

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Ending Clergy Abuse (ECA) es una organización global de activistas de derechos humanos y sobrevivientes en más de 21 países y 5 continentes que se centran en los derechos de los niños y las víctimas para obligar a la Iglesia a poner fin al abuso clerical, especialmente el abuso sexual infantil, para proteger a los niños y buscar justicia efectiva para las víctimas.

ECA exige el fin del mecanismo estructural de la Iglesia que permite abusos.