"Querer es poder" es una de esas frases que se suele decir a aquel que muestra un cierto grado de dejadez en la realización de sus tareas o flaqueza a la hora de afrontar un problema o una dificultad. Así, se le puede alentar al alumno para que enfrente los retos de alguna difícil prueba; al opositor que debe enfrentarse ante una ingente cantidad de estudio; o a quien debe cargar con una tarea onerosa. La sabiduría popular lo tiene claro: "hace más el que quiere que el que puede", pues la voluntad humana puede superar las limitaciones impuestas por la naturaleza. Cuando un ser humano, o la humanidad misma, se propone algo es capaz de lograrlo. Casos prácticos son la secuenciación del ADN, obra en la que participaron miles de investigadores en un proyecto que llevó diez años y culminó con un éxito histórico. También fue un caso semejante la obtención de los derechos civiles en Estados Unidos por medio de la lucha pacífica de la comunidad negra con Luther King a la cabeza. Lo mismo que el caso de Gandhi en la India. Siempre que la humanidad se propone algo, puede conseguirlo. Por eso, el lema que la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) ha escogido es ese mismo, Sí, se puede.


Hasta ahora, todo han sido dificultades por parte del gobierno a la hora de modificar la ley hipotecaria con el fin de proteger al débil ante la desprotección en la que se encuentra. A pesar de la sentencia europea que obliga al Estado español a modificar una ley totalmente injusta, una ley que da todas las ventajas a una de las partes, los bancos, frente a la otra, los ciudadanos, el gobierno no tiene intención de cumplir con el espíritu de ese cambio, habiendo manifestado que podrían hacer una cierta ingeniería jurídica, como en el caso de la ley Parot. Se trataría de cumplir con la letra, pero incumplir en el espíritu, de tal modo que las prácticas criminales de la banca puedan seguir cometiéndose al amparo de la nueva legislación. Para más escarnio, se justifica con un supuesto bien común: la modificación de la ley hipotecaria en los términos solicitados por la PAH supondría, se dice, poner en riesgo el crédito de las familias en el futuro, y acto seguido no se les cae la cara de vergüenza. Saben muy bien que el crédito puede ser aportado por el Estado por medio de sus líneas de crédito o bien por una banca pública que existió y que se eliminó como medio de enriquecer más a la banca privada.

Sin embargo, hay un caso, al menos, en el que vemos que, efectivamente, sí se puede si se quiere. Al llegar al gobierno, el Partido Popular tomó, como una de sus primeras medidas, una amnistía fiscal para los defraudadores, amnistía que suponía que quien había defraudado a hacienda y evadido capitales por montos desorbitados, podía, mediante el simple pago del 10% de la cuantía a regularizar, librarse tanto del pago de los impuestos legales que cualquier ciudadano ha de abonar, como del pago de la multa correspondiente. Se trataba de una cuestión, también, de discriminación. Mientras unos pagan y contribuyen al esfuerzo nacional por salir de la crisis, a otros se les premia por haber incumplido sus deberes ciudadanos. Es más, se da una señal muy preocupante: es posible defraudar, lo único que te juegas es el 10% de lo defraudado. Pero había un problema. Defraudar ciertas cantidades es delito y por tanto punible con la cárcel. Por tanto, lo que hizo el gobierno fue dejar claro que Hacienda no perseguiría a los que defraudaran. Pero un juez no puede dejar de perseguir un delito y los amnistiados no están "seguros". Ni corto ni perezoso, el gobierno se puso manos a la obra y sin necesidad de encomendarse a nadie, modificó la ley (pinchar aquí y leer la página 88057 del BOE) con el fin de que solo vayan a la cárcel quienes habiendo defraudado más de 600.000 euros, lo hagan dentro de una organización criminal y, además, el dinero defraudado no esté en paraísos fiscales "amigos", como es Suiza, Andorra, Liechtenstein. Es decir, irán a la cárcel únicamente los miembros de bandas criminales, no los defraudadores normales, los de siempre, que tenían riesgo cierto de acabar con sus huesos en el trullo.

Como se ve, sí se puede cambiar una ley para beneficiar a quien se ha propuesto el gobierno. Cuando quieren la cambian sin ninguna dificultad, dejando claro que no es una cuestión de querer o poder, sino de qué se quiere poder. Si existe el riesgo de que algún amigo o conocido acabe en la cárcel, cambiamos la ley para que eso no sucede de ninguna manera, pero si se trata de evitar que las familias, a las que dicen defender, pierdan sus casas, entonces todo son problemas. Está claro que el gobierno sí puede lo que quiere, habrá que obligarle a querer otras cosas.

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