El diccionario trae esta sencilla definición de legítimo: “lo que es conforme a la ley o basado en ella”. Muchas de las crisis que padecemos los humanos tienen que ver con la adecuación de lo que hacemos con la norma que rige dichos actos. La infidelidad es contraria a la confianza puesta por el otro; la mentira rompe la igualdad entre las partes; la corrupción abre la brecha al aprovechamiento de quien más puede sobre el indefenso. Esto mismo sucede a nivel de las sociedades. Por ello, el desarrollo de las democracias pone el termómetro de la balanza en el poder originario del pueblo, quien, de forma pacífica, constitucional y fraterna, valora y decide el comportamiento de quienes ejercen el poder. Todo intento de permanencia indebida en el poder burlando la decisión popular, es un camino torcido, deslegitima y por tanto, le quita el piso de sustentación que debe tener todo poder constituido.


A lo largo de estos años y de forma más acelerada en los últimos meses asistimos a una progresiva desinstitucionalización del Estado y de la sociedad en general. La balanza entre los poderes públicos, principalmente entre el ejecutivo y el legislativo, es garantía, o pretende serlo, de un equilibrio necesario para que la tentación del abuso al margen del bien general no se enseñoree y desdibuje la democracia convirtiéndola en una dictadura, que no es otra cosa sino hacer valer el peso del poder en desmedro del bien común. La creciente escasez de lo más elemental, el alimento, las medicinas, la atención sanitaria, la “selección” para encontrar empleo, abrir una empresa o tener acceso a bienes y servicios, el resguardo en los órganos del orden y seguridad que deben estar primero que nada al servicio de las personas, se ha diluido en una maraña de argumentaciones que favorecen únicamente al poder y propician la brecha social que nos tiene sumidos en una crisis sin precedentes en la historia del país.

Las ideologías cuando se imponen por la fuerza, porque no tiene cabida la racionalidad sino la emocionalidad que obnubila la mente y subyuga a un grupo de personas porque reciben dádivas por el simple hecho de ser afines al gobierno, genera una parálisis del aparato social. El gran documento que nos identifica a todos es la cédula de identidad. Inventar otros documentos o carnets, exigir afiliación a un partido, amenazar con cualquier tipo de sanciones o restricciones, es inmoral y rompe las normas que le dan valor a la legitimidad.

Son muchos los ejemplos recientes: el desconocimiento sistemático de la Asamblea Nacional como poder público legítimo representante de la voluntad popular indica que el gobierno no admite que nada ni nadie lo controle y vigile; la negación al derecho constitucional de celebrar el referendo y las elecciones regionales, quedan al descubierto, cuando la sociedad civil en poco tiempo, casi sin recursos es capaz de planificar y llevar adelante una consulta popular que tuvo acogida masiva. Conatel prohibió el que los medios dieran noticia del acontecimiento, anunciando medidas a los que no la acataran; en cambio, había que dar razón del simulacro. La información oficial que llaman veraz ignoró totalmente lo que buena parte de la población llevó a cabo. Cabe preguntarse al servicio de quien están los servicios públicos. La cantidad de venezolanos heridos, muertos o sometidos a prisión en condiciones infrahumanas, es claro indicio de que la dignidad de la vida no importa.

La convocatoria a una asamblea constituyente para reformar o darse un nuevo estatuto que restrinja aún más lo que el colectivo ciudadano puede hacer, es clara señal de que no hay espacio para la disidencia. No somos un cuartel para obedecer órdenes sin chistar. Somos ciudadanos para quienes la libertad y la pluralidad forman parte del bienestar anímico necesario para aportar lo mejor al bien común. Que la sensatez supere al odio, y la racionalidad al fanatismo que nos tiene sumidos en este lodazal. Que la constancia y esperanza, pacífica pero firme, abra cauces para una convivencia en la que quepamos todos sin distinción.

Cardenal Baltazar Porras Cardozo, arzobispo de Mérida (Vanezuela)