En muchas ocasiones utilizamos indistintamente denominaciones que pretendemos sinónimas, cuando en realidad distan o son dispares entre sí, pese a su relación. Ello ocurre con la Iglesia católica, el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede.


Sin entrar a explicar qué es la Iglesia Católica, por todos conocida o cuanto menos intuida, por su extensión religiosa y sociológica, nos remitimos por razones de espacio a la definición dada por la Real Academia de la Lengua, que aunque de manera paupérrima, la define como: Congregación de los fieles cristianos regida por el Papa como vicario de Cristo en la Tierra.


Es la única religión cuyos órganos poseen subjetividad internacional.


Pero donde más se da la confusión es entre Estado de la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede, siendo la primera una superficie de apenas 44 hectáreas donde se encuentra el Estado soberano independiente más pequeño del mundo, tanto por el número de habitantes como por su territorio, estando sus fronteras delimitadas por las murallas y una franja de travertino que une los dos hemiciclos de la Plaza San Pedro, que está abierta al público y es administrada por el alcalde de Roma.


El Estado de la Ciudad del Vaticano fue constituido por el tratado de Letrán entre la Santa Sede y el Estado Italiano el 11 de febrero de 1929. Dicho acuerdo estableció la personalidad del Vaticano como Ente soberano de derecho público internacional, con el fin de asegurar a la Santa Sede, en su condición de suprema institución de la Iglesia Católica, “la absoluta y visible independencia, y garantizarle una soberanía indiscutible también en el campo internacional”, según se declara en el preámbulo del tratado.

El término Santa Sede se refiere a la autoridad suprema de la Iglesia, es decir, al Papa en cuanto Obispo de Roma y jefe del Colegio de los Obispos. Indica, por tanto, el Gobierno central de la Iglesia Católica. En cuanto tal, la Santa Sede es una institución que según la ley y la praxis internacional, tiene personalidad jurídica internacional lo que le permite firmar tratados, enviar y recibir representantes diplomáticos y tener las normas jurídicas de un estado. Los embajadores y ministros extranjeros se acreditan ante la Santa Sede que es a su vez quien envía a sus representantes diplomáticos (nuncios y pronuncios).


El Estado de la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede, son sujetos soberanos de derecho público internacional, universalmente reconocidos. Están unidos indisolublemente en la persona del Sumo Pontífice, que es el Jefe del Estado, que goza de la plenitud de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. La Santa Sede es expresión con la que se alude a la posición del papa como cabeza suprema de la Iglesia católica, en oposición a la referencia a la Ciudad del Vaticano en tanto Estado soberano, aunque ambas realidades están íntimamente relacionadas y es un hecho que el Vaticano existe como Estado al servicio de la Iglesia católica.

Por otro lado, el nexo jurídico existente entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y el Estado Ciudad del Vaticano, es que mientras el primero es el basamento espiritual que da origen al segundo, el segundo es la sede tangible y territorialmente soberana del primero. En referencia a esta dualidad, el profesor Díez de Velasco dice: “(…) la Ciudad del Vaticano aparece como un medio jurídico necesario para asegurar la libertad y la independencia de la Santa Sede en todos los órdenes (…). El Estado de la Ciudad del Vaticano es un ente con la especial misión de servir de base territorial a otro, la Santa Sede, y en él se dan los elementos que caracterizan al Estado y que el derecho internacional toma como base para la subjetividad internacional de este”.


No se debe olvidar que el nexo anteriormente mencionado, entre el Estado Ciudad del Vaticano y Santa Sede depende, además del nexo jurídico, del Sumo Pontífice, ya que como afirma Jean Chevalier: “Si, en circunstancias imprevisibles, el Papa trasladase la Santa Sede a otro lugar, Italia no reconocería ya necesariamente el Estado Ciudad del Vaticano”.


De lo anterior, tal vez se desprenda que va siendo hora de separar la jefatura del Estado de la Ciudad del Vaticano de la Santa Sede, es decir, la monarquía absoluta de la cabeza de la Iglesia católica, en aras de una mayor credibilidad.