El Parlamento condena la represión contra la Iglesia e insta a la ONU a investigar a Ortega Nicaragua: La Eurocámara pide la "liberación inmediata" del obispo Rolando Álvarez
El pleno del Parlamento Europeo condenó “enérgicamente” este jueves 15 de septiembre la “represión” y detenciones de miembros de la Iglesia católica en Nicaragua, en particular la del obispo Rolando Álvarez, e instó al régimen de Daniel Ortega a restablecer el pleno respeto de todos los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, religión y creencias
Los eurodiputados subrayaron que, desde 2018, el régimen nicaragüense ha practicado “sistemática y reiteradamente” encarcelamientos, acoso e intimidación contra precandidatos presidenciales, líderes de la oposición y líderes religiosos
| RD/EFE
El pleno del Parlamento Europeo condenó “enérgicamente” este jueves la “represión” y detenciones de miembros de la Iglesia católica en Nicaragua, en particular la del obispo Rolando Álvarez, e instó al régimen de Daniel Ortega a restablecer el pleno respeto de todos los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, religión y creencias.
En una resolución aprobada con 538 votos a favor, 16 en contra y 28 abstenciones -la sexta sobre Nicaragua en esta legislatura-, la Eurocámara pidió la “liberación inmediata e incondicional de todas las víctimas de detención arbitraria”, incluidos Álvarez y las personas que fueron detenidas junto a él, y que “se anulen todos los procedimientos judiciales contra ellos y las sentencias impuestas”.
Rolando Álvarez, crítico del presidente Ortega, permanece arrestado desde el pasado 19 de agosto sin que hasta ahora se hayan formulado cargos en su contra. Obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, fue detenido la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales de las dependencias episcopales junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.
Acusado de querer desestabilizar al Estado
La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro del presidente Ortega, acusa al obispo de intentar "organizar grupos violentos", supuestamente "con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales", aunque de momento no han ofrecido pruebas.
Los eurodiputados lamentaron y condenaron “enérgicamente” el “continuo deterioro de la situación en Nicaragua y la escalada de la represión” contra la Iglesia católica, personalidades de la oposición, la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, periodistas, campesinos, estudiantes y personas de pueblos indígenas, entre otros.
Y condenaron “su detención arbitraria únicamente por ejercer sus libertades fundamentales, el trato inhumano y degradante que reciben y el deterioro de sus condiciones de salud”.
La resolución aprobada por el pleno considera asimismo que el sistema judicial nicaragüense "carece de independencia” y que la ley se utiliza como “herramienta para criminalizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos".
Piden a la ONU investigar a Ortega
El Parlamento manifestó además su “preocupación” por los 206 presos políticos que hay en el país, lamentó el cierre “arbitrario” de otro centenar de ONG y condenó la prohibición de los partidos políticos de la oposición.
Los eurodiputados instaron a Nicaragua a derogar la legislación que “restringe indebidamente el espacio cívico y democrático del país” y pidieron a la UE que “siga apoyando a las organizaciones de la sociedad civil de ese país”.
En ese contexto, pidieron que la Unión Europea (UE) y el Consejo de Seguridad de la ONU abran una investigación formal sobre Nicaragua y su presidente, Daniel Ortega, por crímenes contra la humanidad.
Los eurodiputados subrayaron que, desde 2018, el régimen nicaragüense ha practicado “sistemática y reiteradamente” encarcelamientos, acoso e intimidación contra precandidatos presidenciales, líderes de la oposición y líderes religiosos, en particular de la Iglesia católica, así como contra estudiantes y líderes rurales, periodistas, defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas LGBTI y representantes empresariales.
Represión estatal
También destacaron que, desde entonces, “se ha instaurado en Nicaragua un marco de represión estatal, caracterizado por la impunidad sistémica de las violaciones de los derechos humanos, el deterioro de las instituciones y el Estado de Derecho”, así como por “la connivencia entre los poderes ejecutivo y judicial”.
Por estas razones, consideraron que la UE debe extender la lista de personas y entidades sancionadas por vulneraciones de los derechos humanos, para incluir a jueces y fiscales nicaragüenses y al círculo más cercano de Ortega, y activar la cláusula democrática del acuerdo de asociación UE-Centroamérica.
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