El abogado pide el Gobierno impedir la repetición de hechos de sangre en su tierra Leyner Palacios: la voz de una Colombia que pide paz

Colombia es escenario de amenazas contra defensores de derechos humanos. Días atrás, el secretario ejecutivo de la Comisión Interétnica de la Verdad de la región Pacífico, una organización de la sociedad civil en favor de la implementación de los acuerdos de paz suscritos en 2016 entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC, fue obligado a salir de su natal departamento del Chocó, debido a presiones por parte de un grupo armado ilegal vinculado a mafias que operan en la zona.

Leyner Palacios lleva años exigiendo justicia para su pueblo. En 2002 una explosión en la iglesia de Bojayá durante un combate entre hombres de las FARC y paramilitares aliados con agentes del Estado produjo la muerte de al menos 79 personas, en su mayoría mujeres y niños. Tras la salida de la guerrilla de la región, producto del acuerdo de paz de 2016, se ha reconfigurado el control territorial en Chocó por una disputa entre bandas criminales, expresiones del paramilitarismo en la región, y la guerrilla del ELN, sin que hasta el momento el Ejército colombiano haya podido garantizar condiciones de seguridad para la sociedad civil.

Reiterativamente, también las jurisdicciones eclesiásticas del Pacífico que acompañan hace años el trabajo de organizaciones afro e indígenas en el departamento han demandado al Gobierno del presidente Iván Duque una solución eficaz a la problemática que se vive en Chocó. Esta se traduce en que la mayoría de pobladores en áreas rurales sufren confinamiento debido a la permanente acción de grupos armados; miles de personas son empujadas al desplazamiento forzado y en territorios ancestrales son sembradas minas antipersonales.

En una reciente carta abierta al presidente Iván Duque, en que reconoce el valor del acompañamiento de la Iglesia católica y otros actores sociales, Leyner Palacios insiste en que hoy la situación de Bojayá y el Medio Atrato se parece a la que llevó al combate en que se produjo la masacre de 2002. En nombre de las comunidades de la región, el abogado pide el Gobierno impedir la repetición de hechos de sangre en su tierra.

El secretario de la Comisión Interétnica de la verdad de la región Pacífico también denuncia la alianza vigente entre bandas criminales y agentes del Estado y le exige al presidente no minimizar la gravedad de acusaciones provenientes de sectores de la sociedad civil, sino avanzar en el desmantelamiento del paramilitarismo.

Palacios solicita al Ejecutivo reanudar diálogos con la guerrilla del ELN, en favor de una salida negociada al conflicto armado similar a la lograda con las FARC. Y pide que no se atribuya exclusivamente al narcotráfico la situación de orden público en la región, toda vez que Chocó, al igual que todo el Pacífico colombiano, es, a la vez, objeto de la voracidad de un modelo económico que ha vinculado a dinámicas de grupos armados al margen de la ley el avance del extractivismo, a través de la minería a gran escala y el cultivo de palma de aceite en territorios despojados de manera violenta.

¿Cómo es posible que 600 paramilitares entren a #Bojayá y que el Ejército no los vea? Leyner Palacios.

Pensaría uno que solo un Estado ciego, cómplice y menguado por el odio permitiría que pasen estas cosas. pic.twitter.com/jiesmvloFR

— María Niny Echeverry 🐝 (@Marianiniecheve) 7 de enero de 2020

La cruz de Bojayá

Recientemente, Darío de Jesús Monsalve, obispo de Cali, declaró a través de Twitter:

“Pido al ‘Clan del Golfo’ [una de las denominadas bandas criminales] y al ELN pensar con el pueblo colombiano que en Bojayá es símbolo histórico del SÍ a los Acuerdos de paz y de sobrevivir a la más espantosa tragedia fratricida. Hagamos posible la salida política, con diálogos de acuerdo y de sujeción a la justicia”.

Su pronunciamiento recuerda el paso del papa Francisco por Colombia en septiembre de 2017, después de que se lograra el acuerdo definitivo entre el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y el hoy partido político FARC. En dicha ocasión, el obispo de Roma se reunió con víctimas del conflicto armado, durante un acto simbólico celebrado en Villavicencio. El encuentro estuvo acompañado por el Cristo de la iglesia de Bojayá, cuyas heridas hacen pensar en lo sufrido por los pobladores del municipio chocoano debido a la masacre de 2002. Frente a la imagen, el Papa oró, diciendo:

“Oh Cristo negro de Bojayá,
haz que nos comprometamos a restaurar tu cuerpo;
que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado,
tus brazos para abrazar al que ha perdido su dignidad,
tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad;
haz que seamos testigos de tu amor y de tu infinita misericordia”.

Diversos sectores de la Iglesia Católica y de la sociedad civil se han pronunciado en solidaridad con la gente de Bojayá, antes y después de las amenazas contra Leyner Palacios y otros líderes sociales. El jesuita Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, entidad surgida a raíz de los acuerdos de paz suscritos en 2016, manifestó que “Bojayá no puede repetir esa tragedia”. Ya a finales del año pasado, durante una jornada de reflexión organizada por Amerindia Colombia y llevada a cabo en la Pontificia Universidad Javeriana, el teólogo Jaime Díaz se refirió a Leyner Palacios y a la lucha de los pueblos afro e indígenas del Pacífico colombiano como signos de los tiempos que interpelan la acción de la Iglesia y de la sociedad colombiana con su clamor en favor de la justicia social como condición para la paz.

El pasado 8 de enero, Leyner Palacios se reunió en Bogotá con el presidente Iván Duque y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Una vez más su voz fue vehículo para demandas que provienen no solo de su natal Bojayá sino también de otros territorios de etnias como Tumaco, Guapi, Buenaventura, Istmina, Quibdó, Apartadó, Riosucio y Bahía Solano, todos ellos, en el Pacífico, periferia geográfica cuyos pobladores dijeron sí a la paz en 2016 y esperan de parte del presidente Iván Duque acciones específicas para una solución a sus problemas y seguimiento a compromisos ya acordados.