El proceso y la sentencia
En junio de 2021, se presentó una denuncia contra diversos ministros de la Iglesia católica a raíz de la publicación de videos en redes sociales durante el proceso electoral 2020-2021, que fueron catalogados como “manifestaciones proselitistas” en contra, específicamente, del partido de gobierno Morena, “violentando el principio de separación Iglesia-Estado, así como la veda electoral”.
El pasado 19 de enero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió confirmar la resolución emitida, en noviembre pasado, por la Sala Regional Especializada, sobre la existencia de la violación al principio constitucional de separación Iglesia-Estado, por parte del cardenal Juan Sandoval Íñiguez y del sacerdote Mario Ángel Flores Ramos. Se revocó, sin embargo, la atribuida al obispo Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, así como la relativa a la violación del periodo de veda electoral, atribuida al cardenal Íñiguez. Se sabe de la existencia de denuncias similares contra otros prelados y sacerdotes.
No hay violación alguna
En un comunicado emitido por la Conferencia del episcopado mexicano el pasado 20 de enero, los obispos rechazan que los ministros de culto acusados hayan violado los principios de separación Iglesia-Estado y mucho menos que sus declaraciones hayan impactado el proceso electoral o pretendido influenciar al electorado hacia una u otra candidatura. Consideran, además, que la sentencia vulnera el derecho a la libertad de expresión. Monseñor Ramón Castro, obispo de Cuernavaca y Secretario general de la CEM conversó con Vatican News sobre la sentencia y la amenaza que conlleva este dictamen para el futuro de la libertad de expresión y religiosa.
-En el comunicado leído por usted, el episcopado mexicano rechaza la sentencia al considerar que los pronunciamientos de los ministros de la iglesia mexicana eran sobre la realidad del país y en el ejercicio de su libertad de expresión. ¿Esto puede ser considerado politización o proselitismo político?
-De ninguna manera ha sido una violación a la relación Iglesia- Estado, ustedes saben que hay una larga historia en este sentido. Lo que sí nosotros especificamos es que como ministros y ciudadanos respetamos las decisiones del tribunal, pero no estamos de acuerdo en lo absoluto sobre el hecho concreto de que nosotros hayamos violado la relación entre Iglesia y Estado. Lo que sí nosotros manifestamos es que se trata de una decisión que va en contra de la libertad de expresión, un derecho que México ha subscrito en el derecho internacional. Esta es concretamente nuestra postura.
-¿Cuál ha sido la motivación que ha llevado a este tribunal a emitir una sentencia así tajante y clara?
-Es una de las cosas que también nosotros nos preguntamos, porque estamos por celebrar los 30 años del restablecimiento de las relaciones entre la Santa Sede y México y, precisamente esto, sería algo que podría cambiar la situación. Entonces, nos preguntamos por qué esa actitud, por qué aseverar algo que en el fondo nosotros consideramos que no es verdad. De ahí la invitación a reconsiderar la decisión. Una de las cosas que nos preocupan es la jurisprudencia, lo que eso pueda traer consigo, porque en el futuro esto pudiera servir de ejemplo y se podría más fácilmente hacer callar o querer hacer callar a los ministros de la Iglesia.
La Iglesia católica argumentó que “los ministros juzgados se expresaron desde su ámbito personal”. https://t.co/6HTRPFHjZG
— Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) January 23, 2022
-Efectivamente, ustedes hablan de una decisión violatoria de la libertad de expresión. ¿Pero podría esta sentencia amenazar el principio de la libertad religiosa en el país?
-Así es, ni más ni menos. De hecho, en el comunicado que nosotros hacemos como Conferencia episcopal, hablamos siempre de libertad de expresión, no hablamos tanto de una libertad religiosa. Primero porque consideramos que es fundamental la libertad de expresión ciudadana, porque después vendría también ese aspecto, el de la libertad de expresión religiosa. Si la libertad de expresión ciudadana viene atacada de esta manera, obviamente la religiosa también. Entonces, lo que quisiéramos establecer con claridad es que hay una realidad en donde la libertad de expresión quiere ser ahogada. En ese sentido, quisiéramos, al menos, hacerlo notar con claridad.
-La última palabra ante esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial la tendría la Secretaría de Gobierno, en particular, el Ejecutivo, que deberá definir la sanción contra los cardenales, sacerdotes y obispos. El episcopado pide ponderación. ¿Considera que se pueda lograr o pueda existir esta voluntad política y cómo llegar a esto?
-Estamos precisamente en espera de la resolución. Es el Tribunal Electoral Superior que ha dictado la sentencia, pero la pena no la emite el tribunal pues va directamente a la Secretaría de Gobernación.
Nosotros consideramos que van a hacerlo con mucho cuidado, porque no se imaginan ustedes la reacción tan fuerte, tan grande de parte del pueblo mexicano católico principalmente, aunque no de modo exclusivo, porque también lo hemos tenido de otros ambientes con un apoyo enorme. En los medios, en las redes sociales que ahora todos conocemos, cerca de dos millones de personas han reaccionado, independientemente de lo que se utiliza en WhatsApp. Y eso es algo sorprendente. Una tendencia que se ha hecho evidente en estos últimos días. Por lo tanto, creo que eso tuvo que haber llegado a la Secretaría de Gobernación y eso de alguna manera les hará verificar esa sentencia y seguramente lo harán de una manera muy mesurada.
