El prelado, condenado a 26 años, permanece incomunicado Un año sin Rolando Álvarez: Naciones Unidas exige a Ortega la inmediata liberación del obispo de Matagalpa
CIDH y el Alto Comisionado de Naciones Unidas hablan de “cinco años de violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, desde 2018, y piden abstenerse de tomar acciones contra la libertad religiosa
Monseñor Rolando Álvarez fue arrestado el 19 de agosto de 2022, acusado por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense
Al cumplirse un año de la detención arbitraria del Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, el 19 de agosto de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe Inglés (OACNUDH) exhortan al Gobierno de Nicaragua a liberar inmediatamente al Prelado y a las otras personas privadas arbitrariamente de su libertad.
En un comunicado difundido este viernes 18 de agosto, ambos organismos refieren estos “cinco años de violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, desde 2018, y piden abstenerse de tomar acciones contra la libertad religiosa.
En la declaración, rechazan las continuas violaciones a los derechos humanos de Monseñor Álvarez, “como la falta de acceso a la atención médica y a medicamentos esenciales, la incomunicación desde que se encuentra en el sistema penitenciario La Modelo y la limitación de las visitas de sus familiares”.
La CIDH y la OACNUDH recuerdan que Monseñor Rolando Álvarez fue arrestado el 19 de agosto de 2022, acusado por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”. El arresto se consumó luego de estar confinado más de 15 días con otras personas pertenecientes a la Iglesia Católica, sin acceso a alimentación ni a agua. “La detención fue efectuada por la Policía de forma violenta, y sin orden judicial, y fue puesto en condición de arresto domiciliar”, remarca la nota.
Desde el 10 de febrero de 2023 el Obispo está condenado a 26 años de cárcel, sin juicio previo y está incomunicado. El 25 de marzo, “recibió la única visita de sus familiares, donde se evidenció públicamente el deterioro de su salud y las condiciones carcelarias inhumanas en las que se encuentra”, dice el texto.
La CIDH y la OACNUDH señalan que desde 2022 han documentado el aumento de la persecución contra la Iglesia en Nicaragua “por hechos consistentes en la detención arbitraria, encarcelamiento y expulsión del país de sacerdotes y religiosas sin garantizar el debido proceso, así como la expropiación de sus bienes sin derecho a la interposición de recursos administrativos o judiciales, en contravención de las normas internacionales que protegen la libertad religiosa y la no discriminación por motivos de religión”.
La nota resalta “el derecho de todas las personas a la libertad de conciencia y religión, lo que conlleva la libertad de profesar y divulgar su religión y sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado”. Y a este propósito, “enfatizan que un espacio cívico abierto, libre y plural constituye una condición esencial para garantizar que las personas tengan la libertad de profesar, manifestar y practicar su religión o creencias sin discriminación”.
