Instan a los diputados católicos a aplicar la objeción de conciencia "como hizo monseñor Romero" Sacerdotes salvadoreños piden a Bukele vetar la ley de minería metálica por su impacto medioambiental

Los sacerdotes católicos de El Salvador pidieron el viernes 3 de enero al presidente del país, Nayib Bukele, que vete una ley aprobada a finales de diciembre por el Congreso -de amplia mayoría oficialista- que permite la minería metálica.

“Pedimos al presidente Nayib Bukele que vete la Ley General de Minería Metálica que la Asamblea Legislativa aprobó el 23 de diciembre de 2024”, indicaron en un comunicado de la Sociedad Cooperativa Sacerdotal (Coopesa).

Indicaron que “la preocupación principal de los sacerdotes de la Coopesa es el impacto que la extracción minera tendrá sobre el agua y todo tipo de vida animal y vegetal”.

“Con el Papa Francisco consideramos que 'el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos'”, apuntaron.

También llamaron “a los pastores evangélicos, líderes religiosos, fieles en general y personas de buen corazón, a que defiendan la vida buscando con creatividad formas de organización, concientización y resistencia” y “que se pronuncien enérgicamente para que el presidente de la República vete dicha Ley”.

Llamamiento a los diputados católicos

“Los diputados católicos no deben renunciar a su identidad cristiana y pueden aplicar, como lo hizo monseñor Romero, la objeción de conciencia ante una ley que atente contra sus principios”, sostuvieron los religiosos, y agregaron que “el desarrollo económico es importante para nuestra sociedad, pero no a costa de la salud y de la vida de los ciudadanos”.

La Ley General de Minería Metálica, que contiene 35 artículos, fue aprobada con los votos de 57 diputados de 60 en el Congreso y deja sin efecto la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo de 2017.

El aval de la normativa, propuesta por el Gobierno de Bukele, se da pese al rechazo de ambientalistas, organizaciones comunitarias, la iglesia católica y universidades por el impacto que supondría esta práctica en el deteriorado medioambiente salvadoreño.