Los españoles han vuelto al ideal del imperio de la ley y han fundamentado su Estado, mediante la Constitución, en la libertad y la igualdad. Consecuencias de la guerra civil que perduran
En 1981 han pesado todavía en la convivencia nacional consecuencias de la guerra civil que terminó hace 42 años. La guerra civil fue considerada base del régimen hasta 1975; la beligerancia se mantuvo hasta la muerte del que reclamó en su plenitud el papel de vencedor sin haber aspirado ni por un momento a ser el integrador de lo que tomó dividido.
| Edit. Salvador GARCÍA BARDÓN
En 1981 han pesado todavía en la convivencia nacional consecuencias de la guerra civil que terminó hace 42 años. La guerra civil fue considerada base del régimen hasta 1975; la beligerancia se mantuvo hasta la muerte del que reclamó en su plenitud el papel de vencedor sin haber aspirado ni por un momento a ser el integrador de lo que tomó dividido.Los largos, larguísimos años no han bastado para barrer todos los recuerdos, y queda pendiente todavía, en algunos aspectos importantes, que se alcance, con el olvido, la pacificación definitiva.
Desde la proclamación de la Monarquía constitucional el tema del Ejército republicano, el que fue vencido y sufrió el mayor rigor de la represión, ha aparecido varias veces en la Prensa y demás medios de comunicación, e incluso en el Parlamento. Hace pocos días Miguel Angel Aguilar hablaba en este mismo diario de la Fraternidad Democrática de Militares del Ejército de la República, en espera de que los derechos de los combatientes que representan sean reconocidos por el Estado.
Desde el principio, solucionar el problema de estos españoles ha sido considerado por políticos y simples ciudadanos como "un importante factor de reconciliación". De una reconciliación basada en la Constitución misma, que en su artículo 14, al establecer la igualdad de todos los españoles ante la ley, deroga los privilegios de la victoria y las injusticias de la derrota.
Quienes nos resistiremos siempre a una demagogia antimilitarista y respetamos la profesión militar y, mientras no se llegue a la paz perpetua, consideramos necesario al Ejército, sabemos estimar la lealtad militar que sirve al poder del Estado y que sabe sacrificar, si es necesario, las convicciones en aras de la disciplina. Por lo mismo sabemos también respetar a quienes como mando militar arrostraron en el momento difícil de la derrota la suprema responsabilidad, sin hurtarse de ella.
Es evidente que la misma transición sin ruptura nos ha llevado por fin lejos de los supuestos de la victoria. Los españoles han vuelto al ideal del imperio de la ley y han fundamentado su Estado, mediante la Constitución, en la libertad y la igualdad. La legalidad no se basa ya en la victoria de una guerra entre hermanos. La guerra no sirve ya de fundamento a nada, y la superación de todas sus consecuencias es obligación de las generaciones nuevas, que, felizmente, no necesitan fundamentar el poder político en ella.
Los militares que fueron leales al Gobierno y los que entraron a servir durante la guerra misma no siguen siendo los que el vencedor ante sí declaró "vencidos y desarmados". Si reconocemos que, la guerra civil fue una desgracia para todos, y que en buena parte se produjo porque por aquí pasó entonces, como "sombra de Caín", una de esas divisorias terribles de la política mundial que luego han pasado por Corea, por Vietnam y por otros países, entenderemos lo que hubo en ella de fatalidad. El antiguo Ejército republicano, reducido cruelmente por las sentencias en juicio sumarísimo en que se aplicaba insólitamente la figura de delito de "rebelión militar" a quienes se opusieron a los iniciadores de ella, castigado además por el paso de largos años, representa puras virtudes militares: valor y lealtad, y espera ese abrazo de Vergara" que no se ha producido todavía.
Y la verdad es que nadie se atrevió, ni aun en la primera euforia de la victoria, a dar una ley que anulara formalmente todos los actos de Gobiernos que, hasta 1939, fueron ante casi todas las naciones reconocidos como legítimos sujetos. de derecho. Y entre sus actos y disposiciones están los nombramientos y grados de los militares republicanos.
Ya hace años, en 1978, se planteó en el Ministerio de Defensa un proyecto para reparar esta situación, sobre la que pesa aún todo el rigor de la guerra civil. Seguramente el proyecto aquel no era del todo satisfactorio, al limitar con la fecha del 18 de julio el concepto de carrera militar. Como hizo patente entonces el señor Ballarín, presidente de la Comisión de Defensa del Senado, lo importante de este,paso es que signifique la definitiva "reconciliación de los dos EJércitos" que supieron enfrentarse con comparable valor y dignidad, y con respeto como militares a las leyes de la guerra.
En realidad, el Ejército español actual y futuro, que se recluta, mediante el servicio obligatorio, entre todos los españoles, es el Ejército de todos, igual de los hijos o nietos de los vencedores que de los vencidos de ayer.
En relación con ello está también que los monumentos a los muertos, a los caídos por la patria en un período de embriaguez, de locura y de error, si han de ser, como deben, respetados por todos, han de convertirse, sin símbolos de lucha, en recuerdo conjunto de todos.
Quienes a nuestra edad queremos que aquello que vivimos y experimentamos, a veces, no lo negaremos, con apasionamiento, pase definitivamente al pasado, sentimos la impaciencia de que se corrijan todas las consecuencias de la guerra civil, especialmente una tan simbólica como la que afecta a quienes en vanguardia, en batallas decorosas para vencedores y vencidos, se enfrentaron con honor.