Y, de nuevo el gobierno altera el patio de la enseñanza. Desde hace décadas se viene reclamando un Pacto de Estado por la educación, que haga posible llegar a unos acuerdos, al menos de mínimos, en los que la enseñanza concertada y pública, respondiendo al artículo 27 de nuestra Constitución sean definitivamente equiparadas a todos los niveles. Cíclicamente, y al pairo del gobierno de turno, se presenta una nueva ley, no para mejorar la calidad de la enseñanza, sino para enmendar la anterior porque no es nuestra. Tampoco podemos olvidar los “egos” de algunos personajes que saben que su ley se conocerá por su apellido. Al final, los que llevan varias décadas, sea en lo pública o concertada, rodando en este ámbito de los lápices, pizarras y ordenadores, están hartos de tanta frivolidad leguleya, ya que el día a día de las aulas no tiene nada que ver con las propuestas de asesores, que hace años abdicaron del oficio de enseñantes.

Hace unos días se presentó una campaña que lleva por título “Más plurales, más libres, más iguales. Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos”. Se han adherido a esta Plataforma las asociaciones de padres COFAPA y CONCAPA, los sindicatos FSIE y FEUSO, las patronales Escuelas Católicas, CECE, Fundació Escola Cristiana de Catalunya y las entidades Ven y Verás, EnLibertad, Yo Libre, Reli es Más, FEDMA y Libres para Elegir.

La primera denuncia que hace es que el Gobierno quiere aprobar de tapadillo y por la puerta trasera una ley tan importante.  La Ley Celaá se está “debatiendo” en el Parlamento, sin contar con todos los implicados (como suele hacerse) y además en plena pandemia. Por lo tanto es un debate fallido y a traición. La preocupación prioritaria de la comunidad educativa en estos momentos es intentar paliar los efectos negativos de esta pandemia, trabajando codo con codo con las Administraciones, los centros, el profesorado y las familias para sacar adelante los retos educativos y sociales que plantea este delicado momento. Y justamente ahora, esta señora se enreda con la tramitación de una ley de enseñanza. Esto suena al mas puro estilo bolchevique. Esta forma de actuar es de manual, y hay que denunciar que se sustraiga a la comunidad educativa el sano y democrático debate que debe acompañar la aprobación de toda ley.  La plataforma dice claramente. “En vez de aplazar los debates de la Ley a otro momento más oportuno, el Gobierno ha preferido aprovechar estos dramáticos momentos para acelerar su nueva Ley, sin debate y sin consenso, e introducir cambios de gran calado en su articulado que conducen al dominio sistémico del Estado, dotando a las Administraciones de facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias como primeras responsables de la educación de sus hijos”. Esto no es nuevo, ya se sabía, la señora Celaá lo dijo alto y claro y lo repitió en su intervención ante más de dos mil personas en el último Congreso nacional de Escuelas católicas en Madrid, por eso no nos sorprendemos. Nunca entenderé que le aplaudieran al final de su intervención, ni siquiera por cortesía, cuando acababa de dar una cuchillada en la yugular de la concertada. 

Desde luego, de los informe que tengo, no se deduce que sea una ley progresista. El “único” progresismo que conocen ustedes es meterse con la religión y la concertada. Creo que es más bien una ley fascista, que anula las libertades de la comunidad educativa, y apunta a una antropología reduccionista y a una democracia domesticada. Pura naftalina y autoritarismo. En concreto, como denuncian los responsables de la plataforma, la reforma ”consiste en ensanchar el espacio de la escuela pública todo lo que permitan los presupuestos y la aguda crisis de natalidad que padecemos en detrimento de la libertad de las familias, que queda en un segundo plano. Con esta ley, la enseñanza concertada se convierte de hecho en subsidiaria de la enseñanza pública”. La “solución final” ¿les suena este lenguaje? es la desaparición de la concertada por inanición, poquito a poco. Y detrás de cada aula hay muchas personas, Sra. Celaá, a las que usted ha comenzado a preocupar…

Y no es tan progresista, porque se inventan un “derecho a la educación pública”, cuando el derecho reconocido en la Constitución es el “derecho a la educación“, así, sin más. Desde Europa nos  han invitado desde hace años a que desaparezcan los “monopolios” en todos los ámbitos (electricidad, aguas, telefonía…)., es decir, la libre competencia y, en el ámbito educativo, porque tienen que postular una sola opción. Además, como nos recuerda la plataforma, Celaá ignora deliberadamente que la educación concertada está ampliamente implantada en Europa. El gobierno, que mira a Europa en estos momentos con mucha atención, ya que “la pasta es la pasta” para el Covid, debería ir con mucho cuidado. Por esa razón han tenido que retirar la propuesta de una ley de reforma del Poder Judicial por ser totalitaria y, a lo mejor, les obligan a hacer lo mismo con esta ley. La oposición ya tarda en mover ficha en este sentido en Europa. Tiene que alertar del cariz de una ley que amenaza las libertades y los derechos de muchos ciudadanos. Y que cercena el pluralismo, base del sistema democrático. Autoritarismo “químicamente puro”. Anticuada.

La plataforma nos recuerda algunos datos: “Representa más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes…Cerca de 4 millones de familias a las que se limita el derecho a elegir el tipo de educación que quieren o que mejor se adecúa a las necesidades de sus hijas e hijos. Somos más de 9.300 centros de la red concertada y privada que ven peligrar la continuidad de sus proyectos educativos”.

Pero lo mas feo, y parece mentira, es tramitar una ley de enseñanza, sin consenso, sin debate, y para más “inri” en estos dramáticos momentos. Esto dice muy poco de un gobierno al que se le llena la boca declarando que es progresista. 

Señora Celaá retire la ley, trabaje  y tómese el tiempo que sea necesario, para hacer posible un Pacto de Estado por la educación que podamos celebrar todos. Lo que no sea esto, será imposición, y abrirá el camino a una desestabilización innecesaria de este sector. Si al final persisten nos veremos en la calle -como sea, pero cumpliendo las normas-, en los tribunales, en Europa, para vergüenza de España una vez más.