Alguien, enumerando la lista de leyes de educación desde que en España se instauró la democracia decía que esta nueva ley Celaá nacía para morir a los siete años. Al parecer si analizamos minuciosamente el recorrido de cada una de ellas esa debe ser la media. En cualquier caso, es vergonzosa la inestabilidad del sistema educativo español en estos últimos decenios, y la incapacidad de nuestro sistema político de lograr con todos los implicados un consenso. La sociedad española está pagando un precio muy alto por estas veleidades legales, que han llevado a muchas generaciones al fracaso escolar y a la baja autoestima ante estudiantes de otras latitudes.

En primer lugar, el concepto “concertada” es muy amplio y variopinto. Tendríamos que hablar de “centros concertados”, ya que cada uno es un mundo, y por lo tanto las circunstancias históricas y sociales condicionan muchísimo su razón de ser y existir. Las “asociaciones” de antiguos alumnos, más o menos formalizadas, son un claro ejemplo de esas vinculaciones históricas, que se prolongan en el tiempo.

No obstante, es cierto que se detectan una serie de objeciones a la pervivencia de la enseñanza concertada en general, que manifiestan desde críticas ideológicas a otras mas bien ramplonas.

La escuela concertada no es una anomalía del sistema educativo español, en todo caso en su momento, y ahora ha sido y sigue siendo una solución para el buen funcionamiento de la enseñanza en España. tenemos que recordar que el gobierno de Felipe González se apoyó en la concertada para que fuera posible la universalización de la educación obligatoria hasta los 16 años. En ese momento el gobierno no tenía dinero para construir todos los colegios públicos necesarios y tuvo que recurrir sensatamente a los colegios, ya construidos, entre otros, por muchas órdenes religiosas, que colaboraron en este necesario objetivo. España arrastraba un déficit educativo muy importante que era necesario cubrir para homologarnos a otros países de nuestro en torno. Esto los herederos de González, y muchos de ellos educados en centros concertados, adonde llevan a sus hijos, lo están olvidando. El Estado no puso un “duro” para la construcción de aquellos edificios, en los que se educaron muchas generaciones de españoles.

A los centros concertados se les acusa en general de elitistas. De todo hay en la viña del Señor, pero resulta extraño esa mirada parcial, cuando hay muchos centros que cumplen con creces su misión en contextos sociales muy desfavorables, e incluso hostiles. Mas o menos el 30% de alumnos va a la concertada en España. Me pregunto si todos son tan ricos como dicen algunas voces de analistas, si analizamos este dato a la luz de informes sociológicos globales de la segmentación de la población española. Sin olvidar la normativa de admisión de alumnos imperante en muchas comunidades.

Es ya un lugar común que la concertada resulta mas barata al Gobierno. Según los datos macroeconómicos en torno al 18% del gasto público en Educación, la concertada atiende al 30% del total de alumnos. Y, ahora viene lo bueno. Dicen que son más baratos por varias razones, de las cuales es negativamente responsable el Gobierno. La hipocresía es supina.

Los profesores cobran menos salario, trabajan más horas y tienen más alumnos. Es cierto. Pero: ¿quién paga a los profesores, quién determina las horas de la concertada y quién establece las “ratios”? Esto es inmoral a todos los niveles, ya que se preocupan de las legítimas equiparaciones salariales entre hombres y mujeres a igual trabajo, pero no de trabajadores del mismo sector, pagados con dinero público. El Gobierno es el que margina a los profesores de la concertada. Una “oposición” nunca debería suponer una discriminación salarial, ya que tiene otros legítimos aspectos. Sin olvidar que el “módulo de gastos de funcionamiento” se congeló hace años, con gobiernos de la actual oposición también, y ni está, ni se le espera en la agenda. Varios “ipeces” han pasado de largo por ese módulo.

Las familias no pagan por la enseñanza. No lo entienden. La famosa “aportación voluntaria”, por su misma naturaleza y nombre es “voluntaria”. Y, por lo tanto no es obligatoria, pero los padres que participan de esta iniciativa perciben generalmente la eficacia de la misma y la repercusión positiva en sus hijos. Y no es discriminatoria por su propia naturaleza. Es un problema de miopía política. Ya basta!!!

El mito de los ricos y pobres no están en la concertada ya no cuela. El sistema de admisión en la mayoría de comunidades no permite esta discriminación. Seguir con este tipo de argumentos es demagogia pura y dura, y de baja estofa. Sin olvidar la cantidad de iniciativas solidarias que, desde los colegios concertados se llevan a cabo para mejorar la vida de los barrios en donde están ubicados, y en los países desfavorecidos y en lugares descartados por la humanidad.

La segregación por sexos de algunos colegios, personalmente no me gusta, pero sin citar países de nuestro entorno sino de las antípodas, en Nueva Zelanda o Australia existen y sufragadas con dinero público.

Después del repaso de algunas objeciones que se comentan y se oyen, al final lo que está en juego es el sistema educativo español. La necesidad de llegar a un pacto por la Educación, que defina las líneas maestras, y que sirva de base para elaborar, en un contexto distinto al actual, una ley consensuada, que responda seriamente a la sociedad española.

La imposición en el ámbito educativo generará grandes tensiones, nos llevará a enfrentamientos innecesarios y a batallas absurdas. Ministra, aparque la ley, deje que pase la pandemia y siéntese serenamente con todos los implicados. Demostrará sensatez política, y contribuirá al debate serio de algo que nos preocupa a todos.