La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reanudará el próximo 16 de junio –dos días después del Domingo de Corpus- el juicio contra la trama Gürtel por los presuntos amaños de contratos para la organización de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias, sin la presencia de uno de los principales acusados, el sexto en el ranking de los 23 acusados elaborado por el Juez en el auto de 96 páginas donde se decretaba la  apertura de juicio oral, el conceller de Agricultura, expresidente de las Cortes Valencianas, y director general de la Policía,  Juan Cotino, quien falleció por coronavirus en el Hospital de Manises, el pasado 13 de abril por coronavirus.

El tribunal, presidido por el magistrado José Antonio Mora Alarcón, ha fijado para retomar la vista oral el 16 de junio, la que se cree puede prolongarse hasta el 24 de julio. En este período de tiempo desfilarán ante el Tribunal varios obispos como testigos y uno de ellos como procesado. La reanudación ha sido ordenada mediante diligencia ante el peligro de si se demorara más tiempo, se incurriría en juicio nulo y habría que comenzar de nuevo.

La vista oral comenzó el pasado 9 de marzo en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) y tuvo que suspenderse como consecuencia de la pandemia por coronavirus, cuando tan sólo se habían celebrado cuatro sesiones. Precisamente, el último en declarar fue Juan Cotino, quien cerró su intervención diciendo, sabiéndose ya la suspensión, diciendo que hasta la vista si es que el coronavirus lo permite. Premonitorio, pues él ha sido uno de los fallecidos por esta pandemia. Hay un hecho curioso poco conocido y es que cuando regresó a Valencia Cotino se dirigió a la Basílica de la Virgen de los Desamparados y entrando a la capillita del Cristo de la Coveta se cruzó con un sacerdote coocido quien le preguntó cómo le había ido. Cotino respondió he sido el último en declarar y vengo a pedir paz y tranquilidad. A los pocos días ingresó por su propio pie en el hospital, donde fallecería.

En esos primeros días de juicio se pudieron escuchar las declaraciones de los principales acusados, entre ellos, la del líder de la trama Gürtel, Francisco Correa; el responsable de Orange Market (empresa de la red corrupta en Valencia), Álvaro Pérez, conocido como 'el Bigotes', y la del propio Cotino.

Debido a que la fase de declaraciones de los acusados aún no ha concluido, la letrada de la Administración de Justicia firmante de la reanudación en su diligencia cita a seis de las 22 personas que acuden a juicio como acusados, que aún no han comparecido ante el tribunal. Tras ello se dará paso al centenar de testigos entre los que destaca el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps, varios obispos y un sacerdote.

El motivo principal de juicio es el desembolso de más de 7 millones de euros en la contratación de las pantallas gigantes y megafonía que cubrieron los actos de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia a una sociedad pantalla de la trama Gürtel y cuyo coste permitió el reparto de una suma de 3,3 millones de euros entre los cabecillas que acordaron el fraude.

El Ministerio Público alcanzó antes del inicio del juicio, un acuerdo de conformidad con 13 de los acusados, entre los que se encuentra Álvaro Pérez 'El Bigotes', o quien fuera director de Radio Televisión Valenciana (RTVV), Pedro García Gimeno. El pacto implicaba la confesión de los hechos a cambio de una rebaja de pena, que en el caso de Álvaro Pérez pasaría de una petición de 37 años de cárcel a menos de dos años y lo mismo para el resto de los que alcancen finalmente acuerdo. Para García Gimeno, ex director de Canal 9, la televisión pública autonómica, se pedía para él 40 años de prisión y aunque confiese, rebaja incluida, tendrá que ingresar en prisión.

Canal 9, a la que se adjudicó la organización y contratación de pantallas y megafonía, lo hizo con empresas de la trama Gürtel “con cargo a fondos públicos" mediante "facturas falaces de servicios inexistentes", según el Ministerio Fiscal. Así, obtenían un beneficio "personal" con cargo al erario público mediante la entrega de gratificaciones a funcionarios y autoridades, enmascarando sus ganancias a través de un entramado de empresas y testaferros y aprovechando los "estrechos" contactos que 'el Bigotes' tenía con el entonces director de RTVV. Tan estrechos que Pedro García fue padrino del bautizo de uno de sus hijos.

El Ministerio Público destaca también en su escrito que entre los distintos repartos de comisiones, el líder de la Gürtel recibió 1,49 millones de euros; Crespo, de 166.000 euros y 'el Bigotes' y García Gimeno se hicieron con medio millón de euros cada uno.

Archivada la causa contra Cotino

Como ya informó Religión Digital,  la Audiencia Nacional ha sobreseído y archivado la causa abierta al expresidente de las Corts Valencianes y exconseller, en la etapa del PP, Juan Cotino por la visita del Papa a València tras su fallecimiento, al tiempo que ha acordado el levantamiento del embargo de sus bienes que le fueron bloqueados por valor de más de 4 millones de euros.

La resolución judicial se ha dictado tras presentarse al  Juzgado instructor certificado oficial de su fallecimiento emitido por el Registro Civil de Manises. La Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal contemplan la extinción, tanto de la acción como de la responsabilidad penal, en caso de fallecimiento del investigado o condenado en sentencia penal. ... Así el artículo 115 de la Lecrim establece que “la acción penal se extingue por la muerte del culpable”.

Juan Gabriel Cotino Ferrer figuraba en sexta posición de importancia en el orden de los 23 encausados en una de las piezas abiertas por la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia para el V Encuentro Mundial de las Familias y cuyo juicio comenzó en la primera quincena de marzo en la Audiencia Nacional donde llegó a declarar rematando su intervención ante el Tribunal, antes de que se suspendiera por los primeros rigores de la pandemia diciendo que “hasta la vista si es que el coronavirus nos lo permite”. Toda una premonición.

En el Auto de apertura de Juicio Oral, de 96 páginas de extensión, el Juzgado Nacional de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, imputó a Juan Gabriel Cotino Ferrer : “Por el delito b) continuado de prevaricación de los arts. 404 y 74 CP y por el delito c)  de malversación de caudales públicos de los arts. 432 CP las mismas penas que a  Correa Sánchez. Del delito d) continuado de fraude a las administraciones públicas de los arts. 436 y 74 CP la pena de 3 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 9 años. Por el delito g) de cohecho pasivo del art. 419 CP la pena de 3 años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 1.000€ con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago prevista en el art. 53 CP por plazo de 2 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 12 años”.

 En total se le pedía más de 11 años de cárcel, aparte las responsabilidades pecuniarias y multas inherentes y se le pedía por responsabilidades pecuniarias la cantidad de 4.383.248 euros. En razón a ello se le embargaron bienes de su propiedad. Le preocupaba en realidad la cárcel, pues para él el dinero no era problema, personal y familiarmente nadaban en la abundancia.

Según el Auto, Juan Cotino, por entonces Conseller de Agricultura, de la Generalidad Valenciana, “participó activamente en las reuniones de estos grupos de trabajo, pese a no ostentar formalmente ninguna responsabilidad en el Patronato de la Fundación V EMF ni formar parte de sus competencias como Conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación del Consell de la Generalitat. De hecho, era el elemento nuclear en el sentido de ser el responsable último en la toma de decisiones, en lo que ahora interesa, sobre los contratos que celebró la FVEMF y, a los efectos particulares de esta Pieza separada, la decisión de contratar la instalación de pantallas gigantes y servicios de vídeo y megafonía para que los asistentes al acto vieran al Papa en su recorrido.”

Siempre según el Auto Judicial, “en reunión extraordinaria del patronato de a la que asisten los miembros natos del mismo así como los dos comisionados, y con carácter extraordinario el Nuncio de Su Santidad en España, el obispo de Ibiza (Vicente Juan), el obispo auxiliar de Valencia (Esteban Escudero) y Cotino Ferrer se acordó que RTVV fuera la entidad que tuviera la condición de “Host Broadcaster” para proveer la cobertura audiovisual mundial de todos los actos y eventos que conllevó la visita del Papa a la Comunidad Valenciana, así como que se encargara de campañas promocionales para dar a conocer el encuentro y de la estructura de las pantallas y megafonía necesarias. El grupo preliminar de trabajo fue progresivamente adoptando resoluciones en relación a las necesidades de recursos para desarrollar los actos de tal forma que se opta por desagregar los suministros de servicios en varios contratos acordando posteriormente el Patronato que fuera RTVV quién se encargara de la retransmisión de la señal, del suministro de pantallas y de la sonorización del evento mediante la cesión de tales competencias.”

Para el Juez instructor, Cotino Ferrer actuaba como factótum en la Generalitat y en FVEMF, manejando “desde atrás” la toma de decisiones administrativas y contractuales hasta conseguir que fuera asignada a la RTVV la responsabilidad (e incompresiblemente la carga de la financiación) de la contratación”.

La tesis de defensa de Cotino era que el arzobispo de València en 2006, cardenal Agustín García-Gasco, fallecido en 2011, era "el que mandaba" en la visita del papa a València. Y muerto García Gasco se extingue la personalidad que pudiere tener o se le atribuyera.

Juan Cotino, aseguró que la decisión de que fuera el ente público C9 u otra cadena la encargada de retransmitir la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006 para el V Encuentro Mundial de las Familias (VEMF) "le correspondía al Vaticano" y que el arzobispo Agustín García-Gasco, ya fallecido, era quien tenía "la última palabra". Asimismo, participó en esa decisión el cardenal Alfonso López trujillo.

Comunicado del arzobispado de Valencia

En su día, cuando comenzó la polémica en el foro público sobre lo sucedido, el Arzobispado de Valencia emitió un comunicado en el que decía:

“El Arzobispado de Valencia manifiesta su rechazo a quienes, de forma maliciosa tengan la pretensión de sembrar dudas, respecto a la participación de la Santa Sede en lo que fue el V Encuentro Mundial de las Familias".

De igual manera, nos duele especialmente que se aluda a dos personas ya desaparecidas, al cardenal Alfonso López Trujillo y al entonces Arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco, que merecen nuestro mayor reconocimiento".

El Arzobispado de Valencia reitera que cuanta información dispone está en manos de las autoridades que lo han solicitado, tanto del ámbito judicial como institucional y, en especial,"vuelve a manifestar la colaboración con las instituciones autonómicas".

Por último, el Arzobispado expresa su repulsa a que se hubiera podido instrumentalizar la visita del Papa para otros fines, con intencionalidad de beneficio o lucro por terceros. Cualquier acto de esta naturaleza es reprobable y duele especialmente a la Archidiócesis de Valencia si se destina a otros fines en algo tan importante para la Iglesia y para los valencianos, como la visita del Santo Padre".