“Me enteré de la visita del Papa a Valencia a mediados de febrero. Luís Sabater me comenta que va a haber una visita institucional del Papa y que había que agilizar los trámites, que se hiciese lo más coherente posible, que esto tenía que salir perfecto, era un acto preelectoral…  Esto tiene que salir muy bien, no hay que poner tantas objeciones, íbamos a ser los titulares de la emisión de la señal televisiva, se dejaba TVE aparte. Era todo en un contexto político y prelectoral, dijo al declarar como testigo ante el Tribunal el que fuera jefe de los servicios jurídicos de la Radio Televisión Valenciana, Canal 9, Victoriano Yáñez Cerrato, en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la visita del Papa a Valencia, en el que la trama Gürtel obtuvo pingües beneficios, embolsándose sólo el director del ente medio millón de euros de comisión.

Tanto en el Ayuntamiento de Valencia (Rita Barberá), en la Diputación Provincial (Fernando Giner), como en la Generalitat Valenciana (Francisco Camps) gobernaba el PP  y en 2007 iba a celebrarse nuevas elecciones a Cortes Valencianas, motivo por el cual dichas instituciones estaban interesadas en que, como fuera, costando lo que fuera, saliera todo bien, pues les podría servir para una buena puntuación electoral.

De la ilegalidad de la pretensión de adjudicar directamente el alquiler de las pantallas gigantes y megafonía para la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia de manera directa y sin concurso público que pretendía el director general de la Radio Televisión Valenciana Canal 9, advirtió personalmente al director general Pedro García, el jefe de los servicios jurídicos del ente, Victoriano Yáñez Cerrato,  quien ayer depuso como testigo en el juicio que se lleva en la sala segunda de la Audiencia Nacional.

La advertencia la hizo en el despacho oficial de Pedro García en el sentido que aquello era delictual y acabaría en el banquillo, según dijo, recibiendo por toda respuesta una palmadita en el hombre y las palabras “No te preocupes”. Se lo tuvo que decir de pie, pues no le ofreció ni sentarse. Lo despachó enseguida y se fue, no sin antes pedirle permiso para apartarse del procedimiento administrativo.

El marrón se lo pasó a una letrada del equipo de los servicios jurídicos Encarna Pérez Palarrés, en forma de regalo envenenado, quien tuvo que supervisar los pliegos de la adjudicación, que en un 90 por ciento se los habían dado ya hechos, un traje a medida, al que sólo hacía falta planchar algunas arrugas, concurso para el que era necesario por la cantidad que se manejaba, siete millones de euros, cumplir una serie de requisito, que, ni sacándolo por urgencia, se llegaba tiempo para la visita del Papa.

Procuró Yáñez dejar bien claro que quien puso las manos sobre el texto era Encarna y en ningún momento dijo si la advertencia de ilegalidad la hizo constar por escrito mediante informe o denunció la tropelía al conocer los hechos. En el juicio, extrañamente, nadie le preguntó por qué no lo había hecho de forma clara, taxativa o notoria, de manera fehaciente.  Es más cuando Encarna se percata que Teconsa la adjudicataria del concurso directo es una empresa constructora, nada que ver con el mundo audiovisual, el mismo Yáñez le ayuda a buscar un tranquilizante a su inquietud: la empresa había modificado y ampliado sus objetivos para dedicarse también al mundo de los eventos.  “Era complicado cualquier tipo de oposición, el trámite se relajó más de lo deseado”, dijo el que estaba al mando de los servicios jurídicos.

El abogado que representaba y defendía a Encarna Pérez Pallarés le preguntó a Yáñez si consideraba que lo que le había hecho a Encarna era una traición, bloqueándose Yáñez, momento en que el presidente de la sala declaró impertinente la pregunta. En respuestas al abogado de Antonio de la Viuda volvió a insistir Yáñez en nombrar a Encarna, a quien encargó él mismo el asunto y ésta cumplió en razón de la obediencia debida y competencia, estuvo en reuniones con Sabater y de la Viuda, y en la mesa de contratación con voto.

Compareció también en calidad de testigo José Manuel Granero Moya, prestigio técnico del ente televisivo, quien declaró haber sido encargado por Antonio de la Viiuda, alto cargo de la casa, para hacerse cargo de hacer el montaje necesario para la retransmisión de los actos del Papa. Y comenzó a desgranar percepciones. “Me llamó la atención el precio de las pantallas,… ví la factura un mes después de haberse marchado el Papa,… Vicente Sanz era quien decidía sobre las empresas de seguridad, le pregunté porque había personal que no estaba en la lsta, me decía no te preocupes que es personal de apoyo.

Luego testificó Noelia Estarlich, del departamento e Asuntos Generales, explicando el lío de las empresas de seguridad, los contratos considerados menores y no lo eran, se le preguntó por una factura de 90.000 euros, que nadie explica y menos por qué RTVV tuvo que contratar y pagar la seguridad privada de los cientos de vigilantes cuando ello era obligación, por clásusula de los pliegos,  de Teconsa adjudicataria del millonario contrato.

Tuvo que ser un economista de RTVV; Isaías García Rodríguez, entonces jefe de la unidad de costes y presupuestos, quien añadió datos interesantes. “No había presupuesto para atender aquellos 7 millones para pantallas y megafonía. No se podía hacer, fue una decisión personal del director general Pedro García. Les daba igual todo, estaban a otras cosas. ese año la televisión cerró con 150 millones de euros en pérdidas. Estaba prácticamente quebrada.  La deuda se iba acumulando desmesuradamente desde 1999. Pocos años después cerraría con 1.000 millones de pérdidas.