A través de la Carta Apostólica "Vos estis lux mundi" ("Vosotros sois la luz del mundo"), el pontífice plasmó en 19 artículos nuevos procedimientos para denunciar el acoso y la violencia, y asegurar que los obispos y los superiores religiosos sean responsables de sus acciones, en base a las conclusiones del encuentro sobre pederastía organizado en Vaticano en febrero. 

"Los delitos de abuso sexual ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas, y perjudican a la comunidad de los fieles", enmarcó el Papa el nuevo documento, que ratifica la presunción de inocencia y no altera las penas ya dispuestas por las leyes de la Santa Sede, al tiempo que mantiene como "absoluto e inviolable" el secreto de confesión.

"Para que estos casos, en todas sus formas, no ocurran más, se necesita una continua y profunda conversión de los corazones, acompañada de acciones concretas y eficaces que involucren a todos en la Iglesia, de modo que la santidad personal y el compromiso moral contribuyan a promover la plena credibilidad del anuncio evangélico y la eficacia de la misión de la Iglesia", convoca el Papa argentino al inicio del nuevo documento.

El Motu Proprio divulgado hoy, que entrará en vigencia el 1 de junio, establece la obligación para los clérigos y religiosos de denunciar los abusos y dispone que, para 2020, cada diócesis deberá tener un sistema que sea fácilmente accesible al público para recibir informes. Además, el documento ratifica la obligación de colaboración con la Justicia civil de cada país. 

"Estas normas se aplican sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos en cada lugar por las leyes estatales, en particular las relativas a eventuales obligaciones de información a las autoridades civiles competentes", afirma.

Cualquier religioso que tenga información sobre un posible caso de pederastía " tiene la obligación de informar" a sus superiores, según la nueva norma, así como de las omisiones y encubrimiento en la gestión de los casos de abusos.

El decreto, que regirá "ad experimentum" por tres años, busca sancionar  las acciones u omisiones de obispos y superiores religiosos "con la intención de interferir o evadir" las investigaciones de los abusos.

Entre las novedades previstas se encuentra la obligación para todas las diócesis del mundo de contar en un año con "uno o más sistemas estables y fácilmente accesibles al público para presentar informes" sobre los abusos sexuales cometidos por clérigos y religiosos, el uso de pornografía infantil y la cobertura de los mismos abusos. 

Además, identifica, como categoría específica, a la denominada conducta de encubrimiento, consistente en "acciones u omisiones destinadas a interferir o evadir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo o religioso en relación con los delitos" de abuso sexual. 

El texto establece que, más allá del endurecimiento de las normas, "a la persona investigada se le reconoce la presunción de inocencia" y que se le informará de la existencia de la investigación cuando así lo solicite el Dicasterio competente. 

La acusación sólo debe ser notificada si se abre un procedimiento formal y, si se considera apropiado para garantizar la integridad de la investigación o de las pruebas, puede omitirse en la fase preliminar", dispone el Motu Proprio.